Luego de que la Justicia abriera una causa para investigar la muerte de Juanita Sirimarco Díaz, la nena de 13 años que murió hospitalizada en Misiones días después de haber regresado enferma de su viaje de egresados, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) denunció que hubo irregularidades administrativas en torno a la organización de la excursión que el grupo de alumnos realizó desde Posadas hacia Villa Carlos Paz.
En medio de la investigación sobre lo ocurrido con la menor de edad, el director del SPEPM, Luis Bogado, y el abogado Alejandro Brassesco señalaron que el viaje no cumplía con los requisitos para que los estudiantes pudieran ser trasladados hacia Córdoba. Por este motivo, señalaron que se realizará una auditoría en el Instituto Cristiano de la República Argentina (ICRA) como consecuencia de las inconsistencias encontradas en la documentación presentada.
De acuerdo con el ente encargado de regular las actividades extracurriculares de las instituciones educativas privadas, para los viajes de egresados no es necesaria pedir una autorización, pero está establecido que este tipo de recreaciones no deben interrumpir el calendario académico. No obstante, apuntaron que la escuela no informó cuáles eran las actividades programadas para aquellos estudiantes que no participaron de la recreación.
En este sentido, las autoridades remarcaron que la falta de información sobre si se darían clases virtuales durante el viaje habría incurrido en una falta administrativa. A raíz de esto, se evaluaría la posibilidad de sancionar a la institución y, según NOVA Misiones, las consecuencias podrían ir desde un apercibimiento, hasta que pudieran perder la licencia que los habilitaría a brindar servicios educativos.
Frente a esto, la docente que estaba a cargo de la organización del viaje, Alejandra Brüning, aseguró haber seguido todos los protocolos necesarios para realizar la excursión. De esta manera, su abogado, Adrián Benítez, explicó que la salida estaba planificada desde el año anterior y que la escuela había autorizado la misma. Asimismo, aseguró que durante la emergencia médica se realizaron consultas telefónicas con el médico asignado al grupo.
Otra de las versiones que el defensor se encargó de desmentir fue la acusación que realizó la madre de la nena, Claudia Díaz, quien denunció que no habrían asistido a su hija y se negaron a trasladarla a un hospital, pero que habían decidido hacer una parada para que el resto de los menores pudieran desayunar. Incluso, remarcó que las filmaciones tomadas por las cámaras de seguridad y otras serie de pruebas serían claves para poder demostrar que la maestra habría procedido tal como lo estipulaba el protocolo.
Por otro lado, la mamá de la adolescente aseguró: “Nosotros no estamos apurados porque hablamos con la verdad, que los otros se sigan embarrando solos”, tras confirmar que la defensa será representada por Fernando Burlando y su bufete de abogados. Durante un diálogo con El Territorio, adelantó que la semana que viene se presentarán las pruebas más contundentes en el Juzgado correspondiente.
“Vamos con todo buscando justicia”, apuntó Díaz al revelar que en una conversación con Burlando este le prometió: “Te vas a quedar tranquila que vamos a estar detrás de cada paso y de cada responsable en el segundo a segundo”. No obstante, no describió qué tipo de pruebas e informaciones aportaría la familia.
El fiscal a cargo de la investigación, René Casals, apuntó que buscarán establecer si existía algún tipo de responsabilidad respecto de las autoridades que estaban a cargo del cuidado de la menor de edad durante el viaje, entre ellos, la empresa de viajes Viaturex, las docentes que viajaron con el grupo de alumnos y el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA).
Por esta razón, el investigador había ordenado que la historia clínica que tenía Sirimarco Díaz en el Hospital Pediátrico de Posadas fuera preservada y pidieron a la compañía de viajes que presentara un informe sobre el caso y la prestaciones que deberían haber brindado. Después de que la documentación requerida fuera analizada, Casals aseguró que “hay un hecho culposo que podría llegar a tener consecuencias penales”, aunque no puntualizó sobre qué tipo de carátula podría asignarle al caso.
