El gobierno de Javier Milei recibió un revés de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal internacional rechazó el pedido del Ejecutivo que pretendía retirar la Opinión Consultiva, presentada en la gestión anterior, sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado, y su interrelación con otros derechos”. Esa presentación busca que la Corte IDH se expida sobre las responsabilidades de los Estados en torno al derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado en toda la región. Organizaciones y expertas en el tema celebraron la decisión de la Corte IDH.
“Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH son especialmente valiosas para fortalecer la aplicación y la vigencia de los derechos humanos, porque allí el Tribunal se limita a interpretar y precisar el alcance de las obligaciones estatales sobre derechos que ya existen en los tratados”, explicaron desde el Equipo Latonoamericano de Justicia y Género (ELA). En este caso se busca delinear estándares de implementación, monitoreo y jurisprudencia para que se garantice el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado en toda la región. Expertas de ELA y otras ONG de Argentina y de organismos públicos también expusieron ante la Corte IDH en marzo, durante las sesiones convocadas en San José de Costa Rica, en la sede el Tribunal, donde se abordó el tema. En ese momento expusieron más de medio centenar de especialistas de distintos países.
Esta “Opinión Consultiva” fue solicitada por la Argentina, en 2023, pero involucra a siete países más que elevaron observaciones al máximo órgano de justicia regional en el marco del proceso de consulta que realiza el Tribunal antes de pronunciarse. La solicitud del Gobierno libertario –de retirar la “Opinión Consultiva” sobre cuidados– va en línea con los retrocesos que viene mostrando en relación con la agenda regional de género.
El concepto de “cuidados” abarca la atención y apoyo que se necesita a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez, y en momentos de enfermedad o dependencia. En la mayoría de los casos se trata de trabajo no remunerado. En Argentina, las tareas de cuidado y domésticas no pagas representaron el 16,8% del PBI en 2022, según estimaciones oficiales. Esto significa que es la actividad que más aportó al PBI ($17.254.643 millones), seguida por el comercio y la industria. Sin embargo, los aportes por género fueron desiguales: en términos de valorización monetaria, las mujeres aportan el 70% ($12.077.305 millones) y los varones, el 30% ($5.177.339 millones).
Para la economista Lucía Cirmi el pedido del Ejecutivo es muy grave. “Una cosa es bajarse de la agenda global que se dirige hacia la redistribución de los cuidados, que es lo que está haciendo el Gobierno con la desarticulación de programas y políticas de cuidado, mientras cada vez más organismos internacionales y más países le dedican espacio en sus agendas de política pública a este tema. Pero otra cosa, un paso más todavía, es tratar de limitar o que retroceda la agenda regional”, consideró Cirmi en diálogo con Página 12.
Desde que asumió, Milei viene desarmando políticas y programas de cuidado. “La cocina de los cuidados”, un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del Gobierno en el campo de los cuidados. relevó en el último informe difundido en octubre, la desarticulación de 42 de 49 políticas: 24 están derogadas o desmanteladas y 18, en peligro. Cirmi forma parte de esa articulación.
“¿Por qué queremos que la Corte IDH diga que los cuidados son un derecho? Porque detrás de los derechos hay que garantizar servicios. Y son los que faltan en la Argentina y que en algún momento se empezaron a construir o a ampliar y que el gobierno de Milei frenó”, señaló Cirmi.
El proceso de consulta se inició en enero de 2023 a partir de la petición argentina. Desde entonces, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, Paraguay, Colombia y México sumaron su opinión ante la Corte IDH junto a más de 75 académicos y académicas, investigadores e investigadoras, expertos y expertas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y asociaciones, 34 instituciones académicas, 7 organismos públicos. Los organismos públicos son: la la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina; el Ministerio Público del Trabajo de Brasil y la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro; la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y las comisiones de DDHH de los estados de Puebla y de Coahuila de Zaragoza, de ese país.
Al rechazar la solicitud de Argentina, el Tribunal destacó que “el Estado u órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del procedimiento”. Con anterioridad, la Corte IDH había expresado que “la facultad discrecional de retener el conocimiento de un caso reside en la Corte, aún cuando la parte demandante le notifique su intención de desistir del mismo, pues el principio que guía al Tribunal es su responsabilidad de proteger los derechos humanos (cf. arts. 27.1, 52.1 y 54 del Reglamento). Por analogía, también tiene la facultad de continuar con el conocimiento de una opinión consultiva (art. 63.1 del Reglamento)”.
“La decisión de la Corte representa una garantía para todos los Estados e instituciones involucradas en el proceso que, de buena fe y con un gran compromiso, han incurrido en el esfuerzo de participar a través de producciones escritas e intervenciones orales, para contribuir a un nuevo avance del derecho internacional de los derechos humanos. También brinda seguridad jurídica, a la vez que fortalece la vigencia de un sistema que ha sido clave para la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias en toda la región”, subrayó ELA al “celebrar” la negativa del Tribunal a aceptar el pedido de Argentina.
