Finalmente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de juicio por jurados para delitos graves. De esta manera el Ejecutivo provincial da un impulso que podría ser decisivo para la aplicación de los jurados populares, previstos en la Constitución argentina.
El gobierno salteño sostuvo que esta iniciativa responde a la demanda ciudadana de una mayor transparencia en la administración de la justicia penal. Sáenz dijo que esto en parte se cumple “con la publicidad de los juicios”, pero aseguró que “se logra de modo completo cuando el pueblo se integra a la actividad judicial participando como jurado”.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo provincial establece que el Jurado “se integrará con doce (12) miembros titulares y cuatro (4) suplentes”, su composición deberá respetar una equivalencia de mitad del género femenino y mitad de género masculino. “El género de los integrantes será considerado por su Documento Nacional de Identidad”, agrega el artículo cuarto.
Los juicios por jurados deberán realizarse en la circunscripción judicial en la que se hubiera cometido el hecho criminal. La participación en un jurado es una carga pública para personas argentinas o naturalizadas de entre 18 y 75 años de edad que sepan leer y escribir.
La Corte de Justicia de Salta viene bregando para la institución del juicio por jurados. En 2019 impulsó un proyecto en tal sentido “cumpliendo con el mandato constitucional, que las provincias tenían que implementar el juicio por jurados. Eso está en nuestra Constitución del 53” y fue reafirmado en 1994, recordó a Salta/12 el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar.
Ese año, el último de la gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, la Corte hizo “un anteproyecto de juicio por jurados en el marco del Consejo Consultivo Judicial que existía en ese momento”. Lo aportaron al gobierno y sobre esta base se elaboró un proyecto de ley que ingresó por el Senado.
Ese proyecto perdió estado parlamentario, “pero fue rescatado” en otra iniciativa de los senadores Jorge Soto y Javier Mónico, quienes “tomaron la idea y construyeron un nuevo proyecto que está pendiente de discusión legislativa y en general también de discusión con la sociedad por eso es que nosotros estamos impulsando esa discusión para ver si se implementa o no”, agregó el juez de Corte.
Simulacros para concientizar
Desde hace tres años, mediante un convenio con el Ministerio de Educación, la Escuela de la Magistratura lleva a cabo un simulacro de juicio por jurado. Este año se hizo en agosto, con la participación de estudiantes de quinto año de cinco colegios secundarios del departamento Capital, quienes desempeñaron los roles de jueces, fiscales, defensa, imputado, y de testigos, para llevar adelante las distintas etapas del juicio, que fue sobre un caso de homicidio.
Dando cuenta del apoyo a esta iniciativa, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, encabezó, junto a Vittar y el juez Eduardo Barrionuevo, este simulacro que se llevó a cabo en la Escuela de la Magistratura. En esa representación participaron estudiantes de los colegios Madre María Sara Lona, Nuestra Señora del Huerto, San Cayetano de Vaqueros, Instituto Laura Vicuña y Santa Isabel de Hungría que fueron asistidos por jueces que los capacitaron sobre los roles.
Vittar contó que este simulacro se hace en el marco del programa de acercamiento a la sociedad, en las escuelas. Es, dijo, “justamente, para introducir la idea de que la justicia reside en el pueblo”, ese concepto está en la Constitución argentina, “tomada de la norteamericana, porque hace a la esencia del sistema republicano de gobierno”. El fundamento de la existencia de los juicios por jurados con jurados populares es que el poder real reside en el pueblo, insistió.
Recordó que “una de las principales contras que tuvo siempre (esta iniciativa) es que muchos o algunos sostenían que la sociedad salteña no estaba preparada para ser jurado. Yo creo absolutamente al contrario, que tenemos una formación cívica que nos permite hacerlo, además no hay discusión de que la apreciación popular y el sentido común son suficientes para determinar la culpabilidad o no de una persona”, agregó.
“Lo único que resuelve el jurado es la culpabilidad o no culpabilidad, después de escuchar la prueba”. Lo técnico sigue a cargo de un juez, que determina el monto de la pena, explicó el juez de Corte.
Un ejercicio cívico
Vittar consideró “interesantísimo” este simulacro “porque acerca a la justicia a los chicos que están saliendo a la vida ciudadana fuertemente”. Un colegio hace de defensor; otro, de fiscal; otro hace de juez y dos colegios, con seis alumnos cada uno, hacen de jurado. Estos estudiantes no conocen el caso. Previamente todos son capacitados por jueces, aprenden los roles de la fiscalía, de la defensa, “cómo tiene el juez que manejar el proceso”.
El hecho de tener que decidir sobre si alguien es culpable o no “Es un ejercicio cívico muy interesante”, es “tan impactante” que tienen pedidos para hacerlo con estudiantes de último año de la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Salta, contó.
El juez de Corte adelantó que también están pensando en hacer una práctica con periodistas como parte de un jurado, donde un grupo de diputados represente a la fiscalía, un grupo de senadores sean la defensa, los abogados de la matrícula sean los jueces. La idea es hacerlo este mismo año.
La experiencia en otras provincias
El gobierno provincial inofrmó que hasta el momento doce provincias han establecido este modelo de enjuiciamiento: Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca, la Ciudad Autónomo de Buenos Aires y Santa Fe.
Vittar contó que los jueces donde hay jurados populares “están encantados” por como está funcionando. “Han tenido muchas causas muy resonantes resueltas por juicios por jurados, Chaco, por ejemplo” que “tiene hasta un jurado popular para causas producidas por etnias“, un abuso sexual ocurrido en una comunidad Qom fue juzgada por jurados de ese pueblo, detalló. “En Córdoba, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco, está funcionando perfecto para este tipo de causas”, si bien “no son la mayoría”, sino solo los delitos graves, mientras que el resto sigue siendo juzgado por jueces técnicos.
El juez de Corte señaló que en Córdoba, la primera en poner en práctica los juicios pro jurados, “ya tienen más de 800 sentencias por juicios populares, así que me parece que es un tiempo para discutir profundamente en Salta esto que se viene“.
“La ley prevé adecuaciones procesales para poder llevarlo adelante”, indicó Vittar. Algunos creen que se puede aprovechar y “hacer alguna reforma al Código Procesal Penal e incluirlas ahí, otros creen que es suficiente con los parámetros de la ley”. “Son ajustes legislativos normativos que hay que hacer y estamos a disposición de la Legislatura” para aportar conocimientos técnicos, ofreció.
“Hay que tomar la decisión, es una decisión de todos, una política de estado más que una decisión de un poder” en la que tienen que estar involucradas la administración de justicia, la Legislatura y el gobierno, sostuvo Vittar.
