Desde Viedma Una serie de viajes realizados por Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo del empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, presuntamente pagados con fondos de la Cámara de Diputados de la Nación, reabrió una polémica que combina sospechas de corrupción, vínculos con el narcotráfico y una disputa institucional que involucra de lleno a la diputada nacional y senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La información forma parte de un pedido de acceso a la información pública y muestra que desde que La Libertad Avanza llegó al poder, Ciccarelli hizo al menos 14 viajes a través de los pasajes del Congreso.
La senadora neuquina Silvia Sapag fue una de las primeras en advertir sobre la gravedad del caso. En la sesión en la que se discutió la impugnación contra Villaverde, Sapag aseguró que recibió documentación que indica que Ciccarelli utilizó pasajes oficiales destinados a legisladores, gestionados desde la Cámara Baja. Para la legisladora, esto es solo un eslabón dentro de una red más amplia: “Ciccarelli es primo de Federico Machado, un narcotraficante. Y es compañero y amigo de Villaverde. Estos vínculos deben investigarse profundamente”, afirmó desde el recinto.
Las palabras de Sapag no fueron al voleo. En la misma intervención señaló que cuando “el Estado se retira, entra el narcotráfico”, y advirtió que el Congreso debía definir “a quién le permite sentarse en una banca”, aun sin esperar una sentencia judicial, si existían elementos suficientes para cuestionar la idoneidad moral de una candidata.
El documento entregado ante un pedido de acceso a la información detalla los viajes realizados por Ciccarelli, son 14 en total y comenzaron en diciembre de 2023. Desde esa fecha hasta diciembre del 2024, es decir, en un año, tomó más de una decena de vuelos que unen la Ciudad de Buenos Aires con Neuquén, Viedma (de donde es oriundo) o Santa Cruz. La pregunta que se hacen los legisladores es ¿Por qué un empresario privado, ajeno a la planta legislativa, habría tenido acceso a pasajes oficiales pagados con fondos públicos?. No existe, hasta el momento, ninguna explicación institucional.
Nada en esta trama puede entenderse sin responder a una cuestión central que hoy nadie desde la presidencia de la Cámara de diputados está contestando: ¿Quién autorizó los pasajes que habría usado Claudio Ciccarelli?
Para responder esa pregunta es necesario que la Cámara Baja abra una auditoría interna sobre la emisión de pasajes oficiales durante 2023-2024, identifique qué diputada o diputado de La Libertad Avanza gestionó los tickets utilizados por Ciccarelli, determine si hubo reembolsos, firmas o autorizaciones que vinculen directamente a Villaverde o a algún integrante de su bloque y evalúe si se incurrió en malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.
La legislación vigente sobre pasajes legislativos no contempla la posibilidad de que sean utilizados por empresarios privados sin función institucional alguna. Un caso que puede salpicar no solo a Villaverde sino al bloque de la Libertad Avanza. Hay que recordar que el propio José Luis Espert, diputado con pedido de licencia tras el escándalo con Machado, estuvo vinculado con Ciccarelli. A nombre suyo, además, estaba la patente de la camioneta Grand Cherokee que Espert usó para la campaña, propiedad de Machado.
Hay sectores que ya piden que la Cámara entregue los registros completos: órdenes de vuelo, números de pasajes, firmas de autorización, cuentas bancarias asociadas y reembolsos efectuados.
El rol de Villaverde y la red que se investiga
Las sospechas alrededor de Villaverde no son nuevas. A su intento de asumir como senadora se le acumularon cuestionamientos que incluye una causa por narcotráfico en Estados Unidos, donde habría sido detenida años atrás por la compra de casi un kilo de cocaína. También las conexiones familiares de Ciccarelli con Federico “Fred” Machado. Allí entra en juego también el uso de recursos privados (aviones, camionetas) puestos a disposición de referentes libertarios durante la campaña, en algunos casos a nombre de sociedades ligadas a Ciccarelli.
La acumulación de relaciones personales, políticas y económicas entre la diputada, el empresario y el narcotraficante preso en el extranjero encendió alarmas en distintos sectores del Congreso y de organizaciones civiles. Hay una denuncia que agrava el panorama: la ONG ARM Global, dedicada a la investigación de redes criminales, presentó una denuncia penal contra Villaverde, Ciccarelli y Machado por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento agravado.
La ONG asegura que existe una red de triangulación empresarial, transferencias internacionales y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada de los acusados. En ese entramado, Ciccarelli aparecería como articulador operativo, mientras que Villaverde exhibiría un nivel de cercanía difícil de justificar políticamente.
La denuncia incluso pidió medidas para evitar que Villaverde asuma su banca hasta que se esclarezca el origen de sus fondos de campaña.
