El 13 de noviembre de 2025, exactamente dos décadas después del histórico rechazo al ALCA en Mar del Plata, la Casa Blanca anunció acuerdos comerciales con cuatro países latinoamericanos: Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. La coincidencia temporal no es casual. Representa un renovado intento estadounidense por reconfigurar las relaciones comerciales hemisféricas bajo condiciones aún más asimétricas que las rechazadas en 2005.
El contexto es fundamentalmente geopolítico. La administración Trump instrumentaliza el comercio como herramienta de presión en su disputa hegemónica con China, forzando a países del Sur Global a posicionarse en lo que denomina economías “de mercado” versus “no alineadas”. El llamado “Día de la Liberación” del 2 de abril de 2025, cuando Trump impuso aranceles del 10% a gran parte del mundo, creó las condiciones de coerción bajo las cuales se negociaron estos acuerdos. Los países negocian “a punta de pistola”, temiendo quedarse atrás respecto a competidores que ya cerraron tratos.
El acuerdo argentino se cerró en tiempo récord, sin debate público, sin consulta a sectores afectados, sin análisis de impacto. Esta irresponsabilidad institucional contrasta radicalmente con los años de movilización y debate que precedieron al rechazo del ALCA. Mientras en 2005 los movimientos sociales construyeron un proceso participativo de análisis crítico, el acuerdo de 2025 fue cocinado entre pocos actores con el objetivo explícito de consolidar a Milei como “uno de los aliados más cercanos” de Washington.
Lo que Argentina cede
En el comercio de bienes, el mercado argentino se abre a la importación de ganado vivo, aves de corral, carne de cerdo y lácteos. Esto evidencia una paradoja: un país históricamente exportador agrícola habilita el acceso a la competencia del agro-negocio estadounidense, que opera con economías de escala masivas, subsidios directos e indirectos, y estándares sanitarios y laborales sustancialmente diferentes. Los sectores avícola, porcino y lechero argentinos, que emplean a miles de trabajadores en cadenas productivas regionales, enfrentarán una competencia asimétrica donde el intercambio entre iguales cede lugar a la subordinación productiva. La destrucción de empleo y el desmantelamiento de capacidades productivas locales constituirán el costo de un alineamiento que no ofrece contrapartidas equivalentes.
Asimismo, Argentina se compromete a una “modernización” de una parte importante de su legislación. Por ejemplo, aparece el compromiso de una reforma estructural del régimen de propiedad intelectual según dictámenes unilaterales estadounidenses. Se aceptan automáticamente los certificados de los medicamentos que otorga la Food and Drug Administration (FDA), lo que implica el fin práctico de la ANMAT. Esto pone en riesgo directo la calidad y seguridad de los medicamentos. Numerosos casos han mostrado que la FDA responde a presiones de la industria farmacéutica estadounidense. Aceptar sus certificaciones acríticamente significa importar esa estructura de incentivos pro-corporativos.
Con el acuerdo, Argentina reconoce firmas electrónicas estadounidenses, permite la transferencia transfronteriza de datos personales, y establece que EEUU es jurisdicción válida para almacenar datos de los ciudadanos argentinos. Pero la legislación estadounidense de protección de datos es notoriamente más débil que la argentina y mucho más que los estándares europeos. Esta arquitectura convierte a Argentina en proveedora de datos brutos procesados por corporaciones estadounidenses bajo una regulación laxa. EEUU se transforma en una “aspiradora” de información, capturando valor económico y control estratégico sobre la infraestructura digital crítica.
Lo que Estados Unidos ofrece
Estados Unidos ofrece únicamente eliminar aranceles en “ciertos recursos naturales no disponibles”—las materias primas críticas que extrae del subsuelo argentino. No especifica productos ni volúmenes. Es decir, EEUU “concede” eliminar aranceles sobre lo que necesita importar urgentemente porque no lo produce en cantidades suficientes. Se trata de una necesidad estratégica en su competencia con China por el control de cadenas de suministro de minerales críticos.
Además, EEUU incluye la promesa de que “podrá considerar positivamente” el acuerdo al adoptar medidas comerciales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La Sección 232 es el instrumento que ha permitido a Trump imponer aranceles sobre acero, aluminio, autos y otros productos invocando razones de “seguridad nacional”. El lenguaje que se usa en la declaración (“podrá considerar”) no es una exención ni una garantía: es completamente discrecional, no vinculante jurídicamente, y significa que EEUU puede seguir imponiendo cualquier nuevo arancel bajo esta sección. Finalmente, ofrece la reducción del arancel del 10% sobre la carne argentina mientras mantiene su sistema de cuotas histórico de un 25% de arancel fuera de cuota, el cual fue establecido por el Congreso y no se ve afectado por este acuerdo.
En conclusión, Estados Unidos elimina aranceles sobre lo que igual iba a comprar, mientras Argentina cede capacidad regulatoria, abre todo su mercado y se subordina geopolíticamente, afectando su capacidad productiva.
El espejismo de las inversiones
Milei prometió que “nos van a salir dólares de las orejas”. El canciller Quirno insistió en que el acuerdo “crea condiciones para atraer inversión”. Pero el texto de este acuerdo carece de sustancia: solo declaraciones de intención, sin reglas, garantías o mecanismos nuevos.
Argentina ya cuenta con un Tratado Bilateral de Inversión con EEUU vigente desde 1994 que otorga protecciones robustas, incluyendo arbitraje internacional. El RIGI vigente desde 2024 ya ofrece estabilidad fiscal por 30 años, libre disponibilidad de divisas y exenciones extraordinarias. ¿Qué agrega el acuerdo comercial? Solamente retórica y una mayor subordinación a la política exterior estadounidense.
Las inversiones no fluyen por acuerdos comerciales per se, sino por estabilidad macroeconómica (que Argentina no tiene), mercados domésticos robustos (que se destruyen con ajuste brutal), infraestructura adecuada (severamente deteriorada), y certidumbre jurídica (minada por volatilidad crónica). Ninguna condición se modifica por el acuerdo. Lo que sí se modifica es la capacidad estatal de regular inversiones, imponer requisitos de desempeño o proteger sectores estratégicos. La subordinación no es un camino para resolver una producción al servicio de las necesidades sociales y nacionales.
La respuesta necesaria
A diferencia de los ’90, cuando la apertura se justificaba con promesas desarrollistas, el acuerdo de 2025 ni siquiera ofrece esas ilusiones. Es apertura pura y alineamiento geopolítico sin beneficios. Argentina negocia desde una posición de debilidad extrema, con un gobierno que ha hecho del alineamiento con Washington su objetivo.
Un acuerdo de esta magnitud no puede negociarse en secreto y anunciarse como un hecho consumado. El vaciamiento de ANMAT, la cesión de datos personales, la subordinación del régimen de propiedad intelectual, constituyen renuncias a capacidades estatales básicas que afectarán a millones de trabajadores y a la mayoría de la sociedad.
Se trata de un acuerdo inconsulto, que festeja el poder local y agrava la dependencia vulnerando normas institucionales, con efectos regresivos en las condiciones de vida de la población.
No alcanza con rechazar el acuerdo suscripto con EEUU y la política del gobierno de Milei y sus cómplices.
Argentina necesita reconstruir un bloque social y político para reorganizar el orden económico y la inserción internacional en tiempos de incertidumbres mundiales y agresiva política estadounidense para afirmar su hegemonía global.
