José Díaz, interventor de la institución, dijo que existe una “enemistad manifiesta” desde que un sumario involucró a un familiar del presidente del organismo de control.En una conferencia de prensa, el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, salió al cruce de las denuncias del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, que lo acusa de irregularidades en los aportes al SIPROSA y en la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social. Díaz aseguró que las acusaciones carecen de sustento, que la institución ha cumplido con todos los procedimientos de control y que está siendo objeto de una embestida vinculada a tensiones internas entre organismos estatales.
Según el interventor, las imputaciones surgieron después de que la Caja Popular abriera un sumario en el que aparecía involucrado un familiar de un titular del Tribunal de Cuentas, hecho que habría desatado lo que describió como una “batalla” entre dependencias del Estado. Señaló además que el Tribunal realizó casi 70 auditorías sobre la institución en los últimos años, mientras que la entidad mantiene un régimen permanente de auditorías internas y externas, trabaja bajo normas ISO y publica balances de forma ordenada y transparente, lo que —según remarcó— contradice cualquier insinuación de descontrol administrativo.
Uno de los puntos más discutidos es el reclamo del SIPROSA, que sostiene que la Caja debería aportes por unos $3.381 millones. Díaz afirmó que esa cifra surge de un cálculo “erróneo” realizado por funcionarios del propio SIPROSA y que, por esa razón, la Caja Popular presentó una denuncia por abuso de poder. También se refirió a la polémica por la construcción de un centro TEA, un proyecto que quedó cancelado después de que el Tribunal pusiera en duda la validez del acuerdo que había iniciado el proceso.
La segunda denuncia del Tribunal de Cuentas apunta a una supuesta maniobra irregular en la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social. Mediante el Acuerdo N.º 5140, el organismo inició un juicio de responsabilidad por un presunto perjuicio patrimonial superior a los 26,7 millones de pesos. Sin embargo, Díaz negó tajantemente que existiera delito o daño económico y explicó que se trató de una operatoria social, enmarcada en la misión institucional de la Caja. Sostuvo que no hubo convenio formal porque no era necesario: al tratarse de dos organismos estatales, ese requisito no correspondía y tampoco fue requerido por los funcionarios del Ministerio involucrados.
Durante su exposición, el interventor insistió en que la Caja Popular no solo rindió cuentas, sino que ha estado permanentemente bajo escrutinio técnico y financiero. También advirtió que la institución no permitirá abusos de autoridad y que llevará el conflicto a los fueros correspondientes, convencido —según dijo— de que no existe nada irregular y que toda la documentación respalda los procedimientos aplicados.
