La ONU pide una “reforma integral” de los métodos pLa oficina de la ONU para los Derechos Humanos exigió una “reforma integral y eficaz” de los métodos de la policía brasileña tras el cruento operativo de este martes contra la organización criminal Comando Vermelho en dos barrios de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, que ya deja más de 130 muertos. En paralelo, 30 organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron el operativo y señalaron que la seguridad en Río “no se logra con sangre”.
“La violencia se normalizó”
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo en un comunicado que si bien es consciente de los desafíos de lidiar con este tipo de bandas criminales, las numerosas muertes “que afectan de manera desproporcionada a personas negras” abren interrogantes sobre cómo se llevan a cabo esas operaciones.
“Durante décadas, la alta letalidad asociada a la labor policial en Brasil se normalizó, particularmente en zonas como Río de Janeiro, donde recientemente ha aumentado significativamente. Brasil debe romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones policiales cumplan con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza“, señaló Turk.
El Alto Comisionado de la ONU explicó que la reforma exigida pasa por una estrategia basada en el respeto de los derechos humanos. “Cualquier uso de la fuerza potencialmente letal deber estar en línea con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”, destacó Turk, para quien “la fuerza letal solo debe ser utilizada cuando sea estrictamente necesaria para proteger vidas o evitar daños graves”.
Turk también apuntó hacia la necesidad de las autoridades brasileñas de abordar el “racismo sistémico” que sufren en el país las personas negras. Según cifras de Naciones Unidas, los asesinatos de personas afrodescendientes a manos de la policía en Brasil no solo son generalizados, sino que también se llevan a cabo de forma sistemática, y estima que unas 5 mil mueren cada año por la violencia policial, principalmente jóvenes negros que viven en áreas empobrecidas.
“Es hora de terminar con un sistema que perpetúa el racismo, la discriminación y la injusticia”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien también advirtió: “Se necesitan reformas con urgencia para evitar que se repitan. Las violaciones no pueden quedar impunes. Los procesos de rendición de cuentas adecuados deben conducir a la verdad y la justicia para evitar más impunidad y violencia”.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “muy preocupado” por el balance del megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó más de un centenar de muertos. “Destaca que el uso de la fuerza en las operaciones policiales debe adherirse a las leyes y estándares internacionales de derechos humanos, y exhorta a las autoridades a realizar una investigación inmediata”, dijo a periodistas Stephane Dujarric, vocero de Guterres, sobre la redada realizada el martes en Brasil.
La seguridad “no se logra con sangre”
En línea con los reclamos de la ONU, la Defensoría Pública Federal de Brasil y otras 29 organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas, afirman en un comunicado que la acción ocurrida el martes en Río, además de exponer “el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad”, pone a la ciudad “en un estado de terror”.
En la nota, las organizaciones acusan al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, de ser el responsable de cuatro de las cinco acciones más letales en la historia reciente de este estado brasileño. Apuntan, además, que lo que el gobernador denominó como la mayor operación de la historia de Río “es, en realidad, una matanza producida por el Estado brasileño” que se inscribe en el “trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales” en Río.
Datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública indican que al menos 700 personas murieron durante operativos policiales en 2024. De acuerdo con las ONG, ese tipo de acciones en vez de reducir el poder de los delincuentes profundizan la inseguridad y utilizan el terror como expresión de poder estatal. “La muerte no puede ser tratada como política pública”, afirmaron.
Las organizaciones recordaron que el estado de Río de Janeiro fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Acari (1990) y Nova Brasília (1994 y 1995), y que en la última década más de 5.400 jóvenes de hasta 29 años murieron en intervenciones policiales. “La seguridad pública debe garantizar derechos, no violarlos. Las moradoras y los moradores de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz – y eso no es negociable”, concluye el comunicado.
Mirela Assad, defensora pública del estado de Río de Janeiro, declaró al portal de noticias UOL que calificar de criminales a todos los fallecidos en el violento operativo policial en Río de Janeiro es prematuro, debido a la falta de documentos y a que cada caso requiere una investigación individual. “Es demasiado pronto para decir que todos son criminales, que todos tienen antecedentes penales. Y sería aún más irresponsable por mi parte afirmar que esto justificaría una ejecución. En absoluto”, destacó Assad.
