Luego de que el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, solicitara la incompetencia a favor de la Justicia Federal de la causa del triple crimen de Florencio Varela, una de las nueve imputadas pidió ser tenida en cuenta como arrepentida colaboradora en caso de que el expediente pase al fuero que trata los delitos complejos, como el narcotráfico.
Se trata de Celeste Magalí González Guerrero, quien dio las primeras pistas para llegar a los autores de los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuando la Policía bonaerense la detuvo, junto a su pareja Miguel Villanueva, en un hotel alojamiento de la zona, indicaron fuentes de la causa a Infobae.
La misma mujer, que primero se negó a declarar, dio detalles macabros de lo que había sucedido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre, en su casa de la calle Chañar al 700, donde vivía con Villanueva y su pequeño hijo. En una tercera indagatoria aclaró algunos puntos y dio más información sobre la venta al menudeo de la que formaba parte.
Ahora y tras la detención de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, el supuesto instigador de los asesinatos, Guerrero pidió otra ampliación a través de su abogado Daniel Giaquinta, con el fin de expresar su voluntad de ser tenida en cuenta como colaboradora arrepentida “para dejar en principio a salvo su vida e integridad, y asegurar también los objetivos del proceso”, escribió el abogado en la presentación.
“Desde el minuto uno de la investigación colaboró en todo, validando luego y ampliando judicialmente, siendo reitero inocente del triple crimen así y reconociendo su participación en la venta al menudeo, llevada por la violencia de género y el uso de estupefacientes para consumo personal”, aseguró Giaquinta quien también pidió que sea protegida por el valor de la información que brindó.
La estrategia del defensor salta a la vista: presentar esas circunstancias como atenuantes y despegarla de la extensa figura que le endilga Arribas. Esto es, “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real, con homicidio agravado, por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y criminis causa”.
En caso de poder convencer a la Justicia de la importancia de sus declaraciones en la resolución del triple crimen y de la utilidad de los datos que brindó (o brindará) sobre la organización criminal peruana detrás de las ejecuciones, podría lograr una reducción de pena. Por ahora, se presentó como un eslabón menor en la cadena narco.
Si el fiscal acepta volver a escuchar a la arrepentida, Giaquinta solicitó que sea trasladada bajo máxima seguridad.
La figura del arrepentido
El artículo 41, incorporado al Código Penal, por la ley del arrepentido (27.304), permite reducir la pena a personas que participaron de un delito, si dan información que ayuda en la investigación de delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, entre otros.
Los datos deben ser “precisos, comprobables y verosímiles” y, para que tenga validez, el imputado debe firmar un acuerdo de colaboración antes de que el juez decida la elevación a juicio o el cierre de la investigación.
La colaboración del arrepentido tiene que ayudar a evitar que se cometa un delito, resolver un delito que la Justicia está investigando; saber quiénes fueron los autores de un delito; ubicar dónde están los autores de un delito; avanzar en la investigación; ubicar a las víctimas de un delito en caso de privación de libertad; averiguar dónde están las ganancias o instrumentos de un delito; conocer cómo se financian las organizaciones criminales.
En el caso de Guerrero, sus declaraciones permitieron corroborar la prueba recolectada por cámaras, testimonios y celulares. Ubicó a las víctimas y a los autores dentro de la escena del crimen y hasta dio algunas cifras que se habría pagado a los involucrados por la realización de determinados roles.
Días atrás, Arribas pidió la incompetencia y la prisión preventiva para Guerrero, Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Agustín Ozorio, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iván Jeremías Giménez, Milagros Florencia Ibáñez, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra. A los varones del grupo se añadió el agravante de “violencia de un hombre hacia una mujer”.
Se espera que esta semana el juez Fernando Horacio Pinos Guevara, a cargo del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, defina la solicitud.
