El nombre Pablo Maximiliano Amín evoca inmediatamente en Tucumán el recuerdo de uno de los crímenes más sádicos de la crónica policial argentina: el femicidio de su esposa, María Marta Arias, ocurrido en 2007. Casi dos décadas después, este expediente sigue siendo un símbolo de la violencia de género, la manipulación judicial y la controversia que genera la ley de ejecución penal, al confirmar que el condenado a prisión perpetua circula por las calles de la provincia. Las salidas transitorias, un beneficio que Amín goza hace tiempo, lo han convertido en una presencia inquietante en el paisaje tucumano.
Amín, un hombre de gran contextura física y oriundo de Santiago del Estero, se encontraba en San Miguel de Tucumán en octubre de 2007 junto a su esposa, María Marta Arias (23 años), por motivos laborales, alojados en el entonces Catalina’s Park Hotel.
El crimen se desató la madrugada del 27 de octubre. Amín estranguló a María Marta y, en un acto de ensañamiento inusitado, procedió a mutilar su cuerpo. La autopsia reveló que le fueron arrancados los ojos y que presentaba cortes profundos en diversas partes. Amín fue sorprendido por el personal del hotel mientras, desnudo y en un estado de aparente delirio, arrastraba el cadáver por las escaleras. La brutalidad del hecho superó cualquier precedente y polarizó a la opinión pública.
Durante el juicio oral de 2009, la estrategia defensiva de Amín se centró en la inimputabilidad, alegando un brote de esquizofrenia paranoide. Amín se dedicó a simular locura en la sala de audiencias, con discursos incoherentes y amenazas directas. Este intento de manipulación fue desmantelado por la Justicia.
A pesar de la condena a perpetua, la ley de ejecución penal argentina permite la progresión en el cumplimiento de la pena. Tras cumplir los años de reclusión necesarios, y basándose en informes de “buena conducta” en el penal, Pablo Amín comenzó a gestionar sus beneficios. En el año 2023, y tras una intensa batalla judicial que se extendió por varios meses, la jueza de Ejecución Penal le otorgó el polémico régimen de salidas transitorias.
Esta decisión, luego ratificada por el Tribunal de Impugnación de Tucumán a pesar de la firme oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), autorizó a Amín a salir del penal de Villa Urquiza dos veces al mes, con una duración de tres horas por salida, siempre bajo estricta custodia.
Desde que obtuvo el beneficio, el femicida ha ejercido su derecho a transitar las calles de Tucumán, regresando al entorno social que aterrorizó. Esta situación genera un profundo malestar:
– Riesgo de reincidencia: El MPF y la querella han alertado en reiteradas audiencias que Amín sigue sin reconocer el hecho en su totalidad, ha dejado de tomar medicación psiquiátrica por “decisión propia” y los informes psicológicos del penal, si bien permiten el beneficio formalmente, remarcan su carácter impulsivo y manipulador, elementos que configuran un alto riesgo de peligrosidad.
