Con 140 afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, la oposición logró limitar la aprobación tácita de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La iniciativa, que deberá volver al Senado antes de convertirse en ley, establece que el Congreso tendrá un plazo máximo de 90 días para tratarlos desde su publicación; si no lo hace, perderán automáticamente vigencia, reforzando el control legislativo frente al Ejecutivo.