Cuando hablamos de trabajo en espacios públicos nos referimos a vendedores ambulantes, feriantes, artistas callejeros, cuidacoches, repartidores y todas aquellas personas que desarrollan su actividad laboral en la calle. Más del 60% somos mujeres, que sostenemos con nuestro esfuerzo la economía popular y los ingresos de nuestras familias. Todo se complica con las políticas de ajuste y la policía que no nos permite trabajar.
Nuestros reclamos principales incluyen el fin de la persecución y decomisos contra trabajadores y trabajadoras en la vía pública, la derogación del Decreto Ley Provincial 8751/1977, impuesto por la última dictadura militar, la derogación de ordenanzas o decretos municipales que criminalizan la actividad, la aprobación e implementación de la Ley Nacional de Trabajo en Espacios Públicos y la construcción de un Registro Único de Trabajadores en Espacios Públicos de la Provincia de Buenos Aires con el reconocimiento del rol de las mujeres en el sector. Además, exigimos la creación de un fideicomiso crediticio con tasas subsidiadas para fomentar la producción, la regulación de las aplicaciones que precariza el trabajo de repartidores y cuidacoches, acceso a una jubilación y cobertura social para quienes trabajan en la calle y reparación histórica por los daños ocasionados por acción u omisión del Estado.
Como trabajadoras y trabajadores en el espacio público sufrimos la persecución, la criminalización, el hostigamiento de la Policía, el robo sistemático de nuestra mercadería o del dinero que trabajamos y esta situación ya no da para más. Según los últimos registros que tenemos, tanto de proyectos de investigación del CONICET como el último El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), pudimos saber que en el espacio público el 60% somos trabajadoras. Somos mujeres que sostenemos nuestra vida, nuestros hogares a través del trabajo que realizamos y el Estado, en vez de garantizarnos independencia económica para no sufrir ningún tipo de violencia, es el primero que nos violenta. Esto es algo que sucede en todo el país y se concentra mucho más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los cascos céntricos de cualquier distrito.
Cada vez que le sacan la mercadería a alguien tenemos un problema muy grande, primero afecta directamente la salud mental, porque le sacan su única fuente de ingreso con lo que sostiene el alimento en su hogar o con lo que sostienen un techo, porque no nos olvidemos de quienes alquilan. Que te saquen la mercadería significa llegar a tu casa y no tener nada para darle de comer a tus hijos, que tus hijos tengan hambre, o no tener garantizado un techo porque no sabés si vas a llegar a pagar el alquiler.
Desde que asumió Javier Milei estamos viendo un abuso de poder por las diferentes autoridades estatales, ya sea de Inspección General, Policía Urbana, Policía Federal o Gendarmería. Es una violencia institucional desmedida, por más que las personas salgan en defensa de nuestro trabajo, filmen y se viralicen los videos, no les importa. Hay una impunidad terrible.
No contamos con derechos laborales, no tenemos ningún tipo de cobertura ni siquiera podemos jubilarnos. Si nos enfermamos o tenemos algún tipo de accidente y no podemos salir a trabajar, es la solidaridad de los compañeros la que sostiene la economía de nuestros hogares. Ya ni siquiera contamos con el monotributo social que nos permitía tener acceso a una obra social porque el presidente lo dio de baja. Gracias a ese derecho que teníamos yo le pude dar un tratamiento a mi hijo.
Las ordenanzas municipales prohíben nuestro trabajo, sin embargo, la Carta Orgánica de Municipios que rige en toda la provincia de Buenos Aires, en el artículo 226, manda que el municipio debe crear un registro de vendedores ambulantes, por ende nos reconoce. Con la venta en los trenes sucede lo mismo, la Ley Nacional de Ferrocarriles prohíbe la presencia de vendedores ambulantes en todos los espacios férreos, a toda persona no debidamente autorizada por la empresa. Nosotros nos constituimos como personas jurídicas y cooperativas de trabajo de vendedores para tener la posibilidad de regular nuestra actividad. En mi caso hace casi 40 años que soy vendedora, sin embargo nunca nos reconocieron.
Creemos que esto es inconstitucional porque va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que sostiene que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”. Además, dentro de los tratados internacionales nos reconocen como sujetos de derechos, entendiendo que el trabajo es la base de la dignidad humana.
Hoy nuestro sector está creciendo porque las personas que tienen trabajo en relación de dependencia no llegan a fin de mes y buscan una alternativa de subsistencia y lo más digno que encuentran es salir a vender algo en la calle, hacer entregas como repartidores o vender por las redes sociales y acordar puntos de entrega. Este crecimiento de forma desmedida es una de las consecuencias de las medidas económicas que implementa el Gobierno Nacional, donde las personas no pueden llegar a fin de mes y además están despidiendo trabajadores.
Otra situación preocupante que estamos viendo en este último tiempo es que las personas no tienen plata y eso significa que nuestro trabajo bajó mucho, incluso en la cadena económica que se genera entre vendedores que ni siquiera se pueden comprar una gaseosa. ¿Por qué? Porque nadie tiene un mango y todos estamos tratando de llegar a fin para mínimamente poder comprar alimento, pagar los impuestos y un techo. Es una situación muy dura. Por todo esto vamos a seguir en las calles defendiendo nuestro derecho a trabajar.
*Referenta de la Rama de Trabajadores y Trabajadoras en Espacios Públicos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía popular.
