El pleno del Senado volverá a reunirse en el recinto en las próximas horas (Fotos: Maximiliano Luna)

La oposición senatorial se impuso esta tarde, como era previsible, en una reunión de Labor Parlamentaria y empujó para mañana una sesión, desde las 11, para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas. Además, se desactivarían cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.

Emergencia pediátrica

Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Manifestación de los médicos residentes del Hospital Garrahan -emblema de la pediatría a nivel nacional- en el ingreso principal del establecimiento

Universidades

La norma impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Decretos

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, en la que estuvo la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se consensuó llevar al recinto cuatro decretos de facultades delegados -por la ley Bases- y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En el último caso, sería el segundo de este tipo que anularía la oposición, tras el de fondos para inteligencia de meses atrás.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En las próximas horas será la cara visible de un combo de derrotas que tendrá el Gobierno libertario (Gustavo Gavotti)

El DNU en cuestión es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La sesión -será extensa- también tendrá un momento para avanzar con pliegos militares (Fuerzas Armadas y Fuerza Aérea). Por la tarde, Villarruel deberá optar por continuar en la sesión o asistir a la jornada “A cinco años de la pandemia: algunas reflexiones que nos debemos”. Lo promocionó la propia presidenta de la Cámara alta vía redes. Se iniciará a las 17, en el Salón Azul del Palacio Legislativo.