El futuro de la Escuela Gabriela Mistral, ubicada en calle Juan José Paso 167, quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, tras un fallo que declaró inconstitucional la ordenanza municipal que expropió el inmueble y abrió una feroz disputa entre la Municipalidad de la capital y la cooperativa que gestionaba la institución. Mientras tanto, ambas partes aseguran que las clases continuarán con normalidad para los más de 750 alumnos que concurren al establecimiento.

La sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo estableció que el Concejo Deliberante se excedió en sus atribuciones al dictar la ordenanza de expropiación en noviembre del año pasado. Según el fallo, esa facultad es competencia exclusiva del Poder Legislativo provincial y no puede extenderse a establecimientos escolares, ya que la norma solo contempla expropiaciones con fines de apertura o mejora de vías públicas.

Tras la resolución judicial, la Cooperativa administradora del colegio por más de tres décadas— pidió la restitución inmediata del edificio. Su abogado, Miguel Paz, solicitó a la Justicia que el caso se trate incluso durante la feria judicial y exigió que el municipio entregue las llaves, retire la custodia y restituya plenamente el predio. “La posesión actual es ilegal. Pedimos la ejecución provisoria del fallo hasta que el municipio decida si apelará o no”, afirmó el letrado.

Por su parte, el fiscal municipal Conrado Mosqueira defendió la decisión de avanzar con un recurso de casación para impugnar la sentencia. “Hubo denuncias de padres por el manejo de la cooperativa, por el cobro de cuotas y matrículas en una institución 100% financiada por la Municipalidad. Es una situación irregular. Además, los fondos que manejaban no fueron debidamente informados al Ipacym”, sostuvo.

El municipio, que bajo la gestión de la intendenta Rossana Chahla había asumido el control administrativo del colegio, sostiene que su intervención respondió a una necesidad de garantizar el derecho a la educación pública y de poner fin a presuntas irregularidades.

En tanto, desde la cooperativa rechazaron las acusaciones. Alfredo Grassia, su representante legal, apuntó que el diálogo con el municipio no está cerrado, pero que cualquier conversación debe partir de un principio básico: “Que se acaten al fallo y restituyan el edificio. Después veremos si se mantiene una administración mixta o si se propone otra solución”.

Rodolfo Calderón, presidente de la cooperativa y padre de alumnos, defendió la gestión de la entidad. “Esta no es una organización con fines de lucro. Las cuotas se usaban para mantener el edificio, y siempre con un costo mínimo para las familias. La escuela creció como pocas en la provincia gracias al trabajo de los socios”, dijo.

El conflicto legal se mantiene en plena ebullición y promete escalar. Desde la Municipalidad anunciaron que apenas se reanude la actividad en Tribunales, se presentará formalmente el recurso de casación. Mientras tanto, la Corte tucumana será la encargada de definir si la expropiación dictada por la capital es válida o no.

“Estamos convencidos de que es viable”, remarcó Mosqueira, al tiempo que desde la cooperativa insisten en que detrás de la disputa hay una decisión política que buscan revertir por la vía judicial.
Aunque la disputa por el dominio del inmueble continúa, ambas partes coincidieron en que la actividad  educativa no será interrumpida, al menos en el corto plazo. Sin embargo, la resolución final de la Corte podría redefinir el modelo de gestión de la escuela Mistral y sentar jurisprudencia sobre los límites del poder municipal en materia educativa.