En un desarrollo significativo en el ámbito judicial de Tucumán, el ex policía Alejandro Darío Pérez, considerado uno de los prófugos más buscados de la provincia, fue arrestado en Lules tras más de diez años de eludir la justicia. Su captura se produce en un contexto en el que se reavivaron los recuerdos del asesinato del juez Víctor Agustín Aráoz, ocurrido el 26 de noviembre de 2004, un caso que ha marcado la historia penal local por su complejidad y la controversia que rodeó la sentencia de los involucrados.
El asesinato del juez Aráoz, quien fue abatido con diez disparos en su hogar de Yerba Buena, dio lugar a una investigación que resultó en la condena de tres policías, entre ellos Pérez. Si bien dos de los acusados cumplieron su pena, Pérez logró emprender su fuga, manteniéndose en la clandestinidad durante años. En los juicios subsecuentes, se le impuso una pena de prisión perpetua, a pesar de que siempre sostuvo su inocencia, lo cual fue objeto de debate en los tribunales.
La investigación del caso giró en torno a la hipótesis de un “crimen pasional”, dado que se estableció que Ema Gómez, otra de las condenadas, había mantenido relaciones con Aráoz y con Pérez. La sentencia del tribunal, compuesto por los jueces Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Emilio Páez de la Torre, se fundamentó en el carácter agresivo de Pérez, quien, según el fallo, actuó impulsado por los celos y la ira al encontrar a su amante en conflicto con el juez. Luego de su fuga, Pérez se convirtió en un objetivo de diversas fuerzas policiales que intentaron dar con su paradero.
Se especuló que había cruzado la frontera hacia Bolivia, donde se habría asentado en Tarija. Sin embargo, su regreso a Lules, posiblemente para visitar a su familia, facilitó su detención. Las autoridades lograron capturarlo y, de este modo, Pérez fue puesto nuevamente a disposición de la justicia, cerrando un capítulo que había permanecido abierto durante más de una década.
