Era una tarde cualquiera en marzo del año pasado, cuando comenzó la pesadilla para una jubilada de 87 años radicada en la ciudad chubutense de Esquel. Aquel día, la mujer empezó a recibir llamadas insistentes en su teléfono fijo. Del otro lado de la línea, un desconocido que fingía ser su nieto le planteó que, por supuestas medidas económicas, debía entregar todos los dólares que tuviera, porque al día siguiente perderían valor.
Durante dos horas, así la convencieron con mensajes alarmantes y promesas de soluciones rápidas. Un rato después, un supuesto amigo de la familia llegó a su casa, se presentó como persona de confianza y se fue con la valija donde guardaba los ahorros de toda su vida. El robo se había concretado.
Por el caso se inició una investigación y dos hermanos y su madre fueron acusados. La causa llegó a juicio, el cual finalizó en los últimos días: el juez Carlos Richieri condenó a Maximiliano Nicolás Esteban (26) y Cristian Alejandro Esteban (30), los dos hijos de Marta Traico (59), a tres años y medio de prisión efectiva por el delito de estafa.
La mujer, por su parte, recibió una pena de dos años en suspenso por encubrimiento agravado, al ser considerada responsable de colaborar con el ocultamiento y traslado del dinero.
Los tres, además, deberán pagar a la víctima una reparación económica de 200 mil dólares y tres millones de pesos en concepto de daño moral, más intereses. Tanto el dinero como los autos secuestrados en la investigación quedaron afectados a esa restitución.
La estafa sucedió el 5 de marzo de 2024. Todo comenzó entre las 13.40 y las 15.30, cuando la jubilada recibió nueve llamados a su teléfono fijo, todos desde un número de Buenos Aires. El interlocutor se hizo pasar por su nieto y le advirtió que, por nuevas políticas, sus ahorros perderían valor. Para reforzar el engaño, dijo que mandaría a un amigo a buscar el dinero.
Después de un rato, fue Maximiliano Nicolás Esteban quien apareció en la casa, se ganó la confianza de la mujer y se llevó la valija con una suma millonaria en dólares y pesos. Afuera lo esperaba su hermano Cristian en un Volkswagen Up. Apenas concretaron el robo, partieron juntos rumbo a Comodoro Rivadavia.
Ya en Comodoro, los dos hermanos llamaron a su madre. Ella se acercó con una camioneta Toyota SW4 hasta un estacionamiento sobre la calle 25 de Mayo, donde los hijos cambiaron de vehículo y completaron el traslado del dinero. La Toyota luego quedó guardada en la casa familiar. Al día siguiente, los tres sacaron bolsas con el botín.
La investigación avanzó rápido. Unas semanas más tarde, uno de los hermanos Esteban se presentó en la Justicia de Comodoro Rivadavia y quedó detenido por una orden vigente. A fines de mayo, detuvieron al otro hermano en un allanamiento. Las autoridades además secuestraron los dos vehículos anteriormente mencionados.
Durante el proceso, la defensa intentó evitar el juicio ofreciendo una suspensión a prueba, que quedó rechazada. Llegaron a proponer la entrega del Volkswagen Up como compensación económica. A través del mismo planteo, los estafadores además buscaban recuperar la Toyota Hilux SW4.
No obstante, la fiscal María Bottini calificó la oferta como irrisoria: “De la gran cantidad de vehículos que tienen a su nombre los imputados, el que ofrecen es el más económico, no están haciendo un mínimo esfuerzo para poder hacer una reparación de acuerdo a sus posibilidades”. Así, mantuvo la acusación y exigió penas de cumplimiento efectivo.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut reconstruyó la maniobra delictiva por medio de análisis de registros telefónicos, cámaras de seguridad y testimonios clave. Las antenas ubicaron a los acusados en Esquel en los momentos del delito y las cámaras registraron la llegada y salida del vehículo desde la casa de la víctima. Como parte de la prueba se mostraron comunicaciones entre los implicados antes y después del hecho y mensajes relacionados con el traslado del dinero a Comodoro Rivadavia.
En el juicio declararon decenas de testigos. La víctima estuvo presente en la audiencia final y relató lo que significó perder los ahorros de casi 70 años de trabajo. En su resolución, el magistrado destacó como agravantes la planificación del hecho, la manipulación emocional y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la jubilada, que acababa de enviudar y vivía sola.
En el fallo, el juez también ordenó la devolución del dinero secuestrado. Los vehículos Volkswagen Up y Toyota SW4 pasarán a formar parte de la reparación civil.
Además de la condena penal, los tres enfrentan una demanda civil impulsada por el abogado de la víctima. Maximiliano y Cristian Esteban deberán presentarse ante la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia hasta la efectivización de la sentencia, mientras queda pendiente una nueva audiencia para revisar su situación.
Policía acusado de extorsión
Tras la detención de uno de los hermanos Esteban, el caso derivó en un nuevo proceso judicial que puso en el centro de la escena a un oficial inspector de la Policía del Chubut.
El 30 de mayo de 2024, Juan Emilio Llaipén fue acusado de extorsionar al detenido dentro de la Comisaría Primera de Esquel. Según la Fiscalía, entre las 14.31 y las 15.22 de ese día, el policía ingresó al calabozo, intimidó a Cristian Esteban, le mostró el arma reglamentaria y lo amenazó para obligarlo a firmar un formulario 08 de transferencia de un vehículo, frente a una escribana que certificó la firma.
La Fiscalía sostiene que con esa maniobra buscaban habilitar la inscripción de la Toyota Hilux embargada por la causa de estafa. Llaipén habría dicho frases como “te doy dos opciones o firmás o firmás, si no lo firmás te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1 donde están todos, y si no te denuncio y te voy a meter más preso”.
Acusado por presunta extorsión en concurso ideal con coacción agravada y violación de los deberes de funcionario público, Llaipén fue detenido días después de la detención de Esteban cuando intentaba salir de la ciudad y se le dictó prisión preventiva por considerar que existía peligro de fuga y de entorpecimiento.
El proceso avanzó hasta la instancia de juicio, que será llevado adelante próximamente por un tribunal mixto, integrado por jueces técnicos y jurados populares. Mientras espera el proceso, el oficial permanece sujeto a medidas de coerción con presentaciones regulares ante la Oficina Judicial.
Pero eso no es todo: mientras cumplía prisión preventiva por el caso de extorsión, Llaipén recibió una condena en otra causa abierta desde 2021.
Fue declarado penalmente responsable y condenado a dos años de prisión en suspenso por el delito de robo agravado, tras sustraer una batería de un auto que se encontraba bajo secuestro judicial en la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia, donde se desempeñaba como jefe.
De acuerdo a la prueba colectada, rompió las fajas de seguridad del vehículo y colocó la batería en su propio auto particular.
