A primera hora de este viernes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que cambió radicalmente la estructura de funcionamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, poniendo en manos del Ejecutivo la designación de autoridades. Detrás de ese movimiento, hay una silenciosa pelea oficial por el destino del sector. El campo de la Ciencia y la Tecnología está bajo fuego cruzado por el achique salvaje que implementó el gobierno de Javier Milei, pero sobre todo porque se abrió la incógnita sobre cuáles son los planes, y los métodos, que definirán el destino del complejo científico local. En los últimos días, se acrecentaron las versiones sobre nuevos cambios en el área que se materializaron este viernes con la publicación de un decreto que cambia la composición y el criterio para la elección de las autoridades, siempre en la senda del ajuste, en el Conicet, el organismo rector del sector, que se prevé que ocurrirán antes del vencimiento de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente.
Un punto de inflexión en el Gobierno
El punto de inflexión fue la resolución 2025/10 de la secretaría que maneja Genua que ordenó la baja de aquellos programas que deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país. El problema fue que buena parte del sistema estaba contenido en ese diagnóstico genérico producto, justamente, de la parálisis aplicada por el oficialismo.
En marzo, el ministro coordinador avaló un movimiento para intentar ordenar la política del organismo que agrupa a más de 11.000 investigadores y un número similar de becarios, que consistió en la designación de José Luis Acevedo como subsecretario de Ciencia. Este funcionario cercano a Diego Santilli, con escaso conocimiento del funcionamiento del sector tomó contacto rápidamente con las cabezas de programas y proyectos.
En sus primeras intervenciones, quedó claro que no se trataba de una moderación de los recortes sino de una orientación más precisa de las áreas que debían ser postergadas. En el ex MINCyT aseguran que el funcionario contaba con un diagnóstico vago sobre el funcionamiento pero sí una hoja de ruta precisa, vinculada a la línea que manejó en macrismo en 2015, que apunta a fortalecer los desarrollos científicos vinculados con la demanda de los sectores empresarios que representan. En particular, las vinculadas a la producción agroindustrial y energética, como prioridad.
Genua retrucó la “intervención” redoblando la apuesta a través de un comunicado en el que aseguró que sólo se iban a financiar 16 proyectos de Redes Federales de Alto Impacto que “cumplieron todos los requisitos: resultados comprobables, rendición de cuentas y eficiencia en la ejecución”.
La mención a esa red, que en rigor está compuesta por 23 proyectos, fue interpretada por la comunidad científica como un aviso de que el resto del sistema no va a contar con los recursos necesarios para funcionar. En criollo, la preocupación es que se tome a esa red como modelo de trabajo, mientras se intenta desfinanciar, vía el desprestigio público y operaciones mediáticas, al resto del sistema científico argentino.
La rebelión de los científicos
La comunicación oficial provocó la reacción airada por parte de especialistas y de los gremios que los representan que repudiaron el nuevo incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y advirtieron que en “el texto no hizo ninguna referencia a otras 7 Redes vigentes y activas en el programa, que al igual que las otras 16 también cumplieron con sus objetivos de trabajo, presentaron el informe correspondiente a su primer año de labor y entregaron en tiempo y forma las rendiciones y la documentación requerida”.
En ese sentido, los 23 líderes de los proyectos de Redes Federales que el gobierno quiere tomar como modelo, también cerraron filas para sentar posición común y advertir que no van a aceptar que haya una discriminación o discrecionalidad entre los programas de las diferentes disciplinas. Detrás de esa advertencia está la convicción de que el Ejecutivo quiere aislar a los dos proyectos vinculados de ciencias sociales que incluye esta red, que cuentan con un financiamiento aprobado pero que se retiene en el Ministerio de Economía por una decisión política.
