En una medida que encendió la alarma entre organizaciones de derechos humanos y seguridad ciudadana, el presidente Javier Milei eliminó por decreto las funciones centrales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo que durante la última década reguló y controló el uso de armas de fuego en Argentina.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 445/2025 y supone, según la Red Argentina para el Desarme, “un retroceso de medio siglo”, al reinstaurar un modelo pasivo similar al del antiguo RENAR (Registro Nacional de Armas), vigente desde 1973 y reemplazado en 2015 por la ANMaC con un enfoque preventivo de la violencia armada.
El comunicado de la Red advierte que esta reforma representa una “desregulación de hecho del mercado de armas de fuego” y cuestiona los intereses detrás de la medida: “¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?”.
La ANMaC fue creada por ley con amplio consenso parlamentario hace diez años para superar una lógica puramente registral y avanzar hacia una política activa de control, prevención y restricción de la proliferación de armas, con eje en la seguridad y la paz social.
El decreto de Milei —sostiene la Red— desmantela ese paradigma al suprimir las funciones claves del organismo. “Argentina retrocede al modelo de 1973”, alertaron.
Además, recordaron que el propio Gobierno había celebrado recientemente que el país registró en 2024 la tasa más baja de homicidios de Sudamérica, lo que, según sostienen, fue en parte resultado de las políticas restrictivas y estatales aplicadas en materia de armas.
Entre otras medidas que ya generaron rechazo, mencionan la reducción de la edad mínima para portar armas, la flexibilización para adquirir armas semiautomáticas, los trámites exprés de tenencia y la suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
“El Poder Ejecutivo avanza sin pasar por el Congreso, amparado en una delegación legislativa irresponsable otorgada por la Ley Bases”, denunciaron.
Según la Red Argentina para el Desarme, el Gobierno “imita lo peor del modelo estadounidense” y promueve una sociedad más armada, lo que, según advierten, puede derivar en más violencia, femicidios, suicidios, masacres escolares y crimen organizado.
“La sociedad argentina no quiere más armas: quiere seguridad. No quiere defenderse a los tiros: quiere un Estado que la defienda”, afirma el comunicado, que cierra con un llamado a la acción dirigido al Congreso.
“La Constitución lo habilita: el Congreso puede —y debe— rechazar este retroceso. Cada diputado y senadora es responsable de construir un país más seguro: un país libre de violencia armada”, concluye el texto.
