La Asociación Judicial Bonaerense presentó un informe que refleja las complicaciones que atraviesa el fuero del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Reconocen y valoran el avance en los nombramientos de magistrados en los últimos dos años, pero advierten la falta de presupuesto para el Poder Judicial conjugado con la lentitud para incorporar trabajadores lo que sobrecarga al personal de los juzgados. A este combo se le agrega que van acumulados trece meses consecutivos de caída en el empleo privado.
Según los datos que publicó recientemente Pablo López, ministro de Economía de la gestión de Axel Kicillof, casi 40 mil bonaerenses perdieron su trabajo en el sector privado desde noviembre de 2023 a abril de este año. A eso se le suman casi 60 mil empleados públicos que dependían del Gobierno nacional y quedaron sin su fuente laboral. Muchas de estos casos terminan judicializados, lo que hace crujir el funcionamiento de los tribunales laborales con el arribo de Javier Milei.
“En el fuero laboral es donde más repercute la crisis económica”, señala Marcelo De Gori, secretario de Investigación y Capacitación de la AJB, a Buenos Aires/12. Fue uno de los responsables del informe realizado por la organización gremial que representa los empleados judiciales de la provincia y que lidera Hugo Russo. De allí se desprende que, desde 2003 a 2024, las causas a nivel provincial crecieron por encima del 250 por ciento y la dotación de personal asignado en sólo un 30 por ciento.
A lo largo de 2024, iniciaron más de 108.800 causas, un 3,4 por ciento más que en 2023 y un 86,4 por ciento por encima de 2020. Y el número se potencia más si se desagrega entre los dieciséis departamentos judiciales de la provincia. En 2024, los tribunales laborales de San Nicolás padecieron un incremento del 28,2 por ciento en las causas iniciadas, el de Mercedes un 16, el de Florencio Varela de casi un 13 por ciento y en el de Azul, más del 12.
“El personal absorbe esto y esto genera problemas para la sociedad por las demoras en la resolución de los juicios”, subraya De Gori. Y no deja pasar por alto que la responsabilidad de acrecentar la planta laboral está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El dato positivo que advierte el dirigente de la AJB, es el nombramiento de magistrados a lo largo de los últimos dos años. Tras los primeros años de gestión de Kicillof donde el Senado tuvo una composición sumamente desfavorable para llegar a acuerdos sobre pliegos judiciales, desde diciembre de 2023 la ecuación cambió.
A partir de su segunda etapa en la gobernación, el 50 por ciento de las vacantes a febrero de 2024, fueron nombradas. Con los últimos 93 pliegos aprobados, más de 350 jueces, fiscales y funcionarios judiciales bonaerenses entraron en funciones. De ese número, 56 pasaron a integrar los juzgados laborales.
Más causas para los mismos empleados
Los cierres de Cerro Negro y FABI en Olavarría, la persecución a trabajadores de Georgalos en Victoria, los despidos en los frigoríficos de Tres Arroyos y Azul, la desaparición de la histórica Morvillo en Avellaneda, y la reducción de personal en Makro, son sólo algunos de los ejemplos que este medio relata semana a semana.
A la caída del empleo privado se le suma el del público. En la provincia de Buenos Aires, según los datos del Ministerio de Economía, casi 60 mil bonaerenses que dependían del Gobierno nacional perdieron su trabajo. Menos oficinas de Anses, de PAMI o el achicamiento del INTA, dejan en la calle a más empleados.
Hace casi un año atrás, Russo encendió la alarma respecto al desarrollo de las políticas de Milei y su impacto en el fuero laboral. En aquel momento, el titular de AJB detalló que en los seis tribunales de trabajo en San Isidro pasaron de tener un promedio de diez nuevos expedientes por día a uno de treinta por día. Es decir, de 60 presentaciones diarias a 180. A su vez, contó, los nuevos expedientes traen aparejados múltiples escritos que deben ser tratados en cada juzgado.
De Gori advierte que la Suprema Corte hoy en día tiene procesos para el nombramiento de personal que pueden llegar a demorarse hasta seis meses. Si bien resalta que el presupuesto de la Corte pasó de cerca del 5 por ciento del presupuesto provincial en 2015 a 3,2 en la actualidad, remarca que no hay voluntad del Máximo Tribunal provincial para suplantar jubilados, contener los traslados o acrecentar la planta en juzgados como el de Moreno-General Rodríguez donde la cantidad de causas iniciadas en 2024 fueron el doble que el promedio de la provincia.
El informe de la AJB, sostiene que en 2024 la mayoría de los casos muestra un aumento en la cantidad de trabajo que no se corresponde con aumentos en el personal. “En sedes como Azul, Mercedes, Florencio Varela y Zárate-Campana, el porcentaje de aumento de las causas supera en el doble el aumento en el personal durante el último año”, señala.
“Cuando pensamos en esto consideramos qué pasa con la jornada de trabajo y las horas trabajadas, si existen o no presiones (internas o externas) para cumplir con plazos y tiempos, pensamos en qué sentimos cuando no se alcanza a dar respuesta, cuando queremos trabajar en profundidad una causa en la que nos tocó intervenir, entre otras cosas”, indica el texto desarrollado por De Gori y su equipo.
Este escenario con dificultades operativas para los trabajadores trae aparejada la demora en la resolución de los juicios. En lo que respecta a los juicios laborales con homologación, explica el informe, hoy en día tardan alrededor de 208 días, pero pueden llegar hasta 355 como en el caso de La Plata o Quilmes. Por el lado de los juicios laborales con sentencia, el promedio es de 706 días, pudiendo ser de 989 como en el caso de La Plata o 967 como en el caso de San Isidro.
Parte de la solución que plantea la AJB, que se suma a fortalecer el número de empleados y continuar con el camino de nombramientos de jueces, es la apertura de nuevos juzgados. “Todavía quedan pendientes de habilitación 11 Tribunales de Trabajo que están previstos por ley en Bahía Blanca, Mar del Tuyú (Dolores), La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Merlo (2), Moreno-General Rodríguez, Pergamino, Tigre (San Isidro) y San Miguel (San Martín)”, remarca el informe.
