El juicio por la megacausa de Generación Zoe en Salta sumó el testimonio del responsable de la sede local, Ricardo Vilardel, —uno de los principales imputados— luego de que pidiera declarar ante el tribunal. En su testimonial, admitió la existencia de un daño económico a los inversores y aseguró que no tenía poder de decisión dentro de la red, ya que todas las maniobras habrían sido orquestadas por Leonardo Cositorto.
Durante la novena audiencia, el acusado se deslindó parcialmente de las acusaciones y apuntó hacia el fundador y conductor principal de la estructura. En la declaración sostuvo que lo conocía de encuentros previos, pero que coincidieron nuevamente en un curso de coaching, lo que habría dado inicio a su relación con la organización.
A pesar de que el acusado confirmó su papel como director de la oficina de Generación Zoe en la ciudad de Salta y expresó que era parte del grupo, remarcó que no tuvo injerencia en la toma de decisiones críticas. Asimismo, reconoció frente a los jueces que el holding incurrió en “incumplimiento de contrato” y que las operaciones provocaron un “daño económico” para los inversores.
De acuerdo a la información publicada por Noticias Argentinas, en la misma audiencia algunos de los damnificados compartieron sus experiencias, en donde denunciaron que nunca pudieron reponer los ahorros invertidos en la estructura.
Previamente, varios de los denunciantes aseguraron haber confiado en el modelo de negocio que proponía la organización, debido a que les habían vendido la idea como una oportunidad financiera garantizada. Sin embargo, recriminaron que en ningún momento les advirtieron que podría haber algún tipo de riesgo o pérdida económica.
Entre los declarantes figuran un estudiante universitario, dos funcionarios del Servicio Penitenciario, una docente jubilada y una empleada del sector minero. Todos detallaron que utilizaban discursos persuasivos para captar inversores. “Solo hablaban de ganancias aseguradas y mencionaban proyectos como una mina de oro en Jujuy, criptomonedas y diversas empresas, sin informar sobre la posibilidad de perder dinero”, relató uno de los denunciantes.
Las víctimas también describieron las estrategias desplegadas para mantener la confianza de sus miembros, sobre todo después de que surgieran los primeros cuestionamientos públicos. Según el informe de Nuevo Diario de Salta, la organización impulsaba activamente las captaciones a través de grupos de WhatsApp, donde circulaban materiales promocionales, como sorteos de viajes, y ofrecían invitaciones personalizadas.
Otro de los testimonios destacó que los hermanos Vilardel, señalados como referentes locales, eran los encargados de dictar cursos de “capacitación financiera” para afianzar la confianza de los inversores en el modelo, supuestamente exitoso, de la empresa.
Los testigos relataron que los líderes locales no solo garantizaban beneficios cuantiosos, sino que motivaban a continuar invirtiendo con promesas de alcanzar metas personales, como cambiar de automóvil o realizar viajes internacionales.
“Nos decían que algunos ya habían cambiado de vida gracias a Zoe”, señaló una de las denunciantes. En una de las audiencias se precisó que se mencionaban supuestas inversiones realizadas en el club River Plate y un presunto interés de Coca Cola en asociarse con la empresa.
Además de Vilardel y Cositorto, la causa tiene como imputados a Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Todos enfrentan acusaciones por estafas reiteradas, en 118 hechos contabilizados, y asociación ilícita.
Luego de haber sido condenado en febrero en Corrientes a 12 años de prisión por liderar una asociación ilícita y coautoría en estafas, el fundador de Generación Zoe enfrenta una nueva instancia judicial en Salta, en la que los damnificados reclamaron el pago de 250.000 dólares en compensación.
“Me están acusando de semejante barbaridad por 250.000 dólares, que yo les otorgaría. La casa mía la pueden vender y pagarle a la gente, ya que no les quieren dar el millón y medio de dólares que está en efectivo en la Fiscalía de Villa María”, expresó durante la audiencia.
El comienzo del juicio estuvo marcado por un intento de Cositorto de anular el proceso, pero tras el rechazo de la solicitud, el empresario manifestó su voluntad de saldar la deuda indicada y calificó el caso de “juicio infundado por una afirmación falsa”.
Incluso, sostuvo que su único propósito habría sido “ayudar a gente” y cuestionó que la Fiscalía de Villa María retiene “un millón y medio de dólares en efectivo” que no se entrega a los damnificados.
Actualmente, permanece bajo detención provisoria en la Alcaidía General de Salta, pero todavía deberá comparecer ante la Justicia por otras causas abiertas en las jurisdicciones de Córdoba, Santa Fe y en la Justicia Federal, todas vinculadas a las operaciones de Generación Zoe.
