Julieta Makintach será sometida a un juicio político por el escándalo durante el debate por la muerte de Diego Maradona

El inicio del juicio político contra la jueza Julieta Makintach, tras el escándalo que desató su participación en un documental que registraba el debate oral que buscaba esclarecer la muerte de Diego Armando Maradona, comenzará el próximo martes, según pudo averiguar Infobae.

Ese comienzo estará marcado por la primera audiencia correspondiente al proceso, a la que fueron convocados este martes ”los señores miembros del Honorable Jurado». Será el próximo martes 24 de junio a las 11, en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata.

El proceso contra quien integra el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro fue validado tras el pedido formal que realizó el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados.

El jurado está conformado por cinco conjueces titulares y tres suplentes, quienes fueron sorteados el pasado 11 de junio en la Suprema Corte de Justicia (SCBA).

Serán los encargados de llevar adelante el proceso de enjuiciamiento contra quien está siendo investigada por protagonizar el documental “Justicia Divina”, basado en el juicio por la muerte del Diez, donde tenía voz y voto.

Tanto para las partes como para los jueces que integraban junto a ella el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro -donde se desarrollaba el debate- la participación de la magistrada en el film denotó que tenía otros intereses en la causa y una mirada sesgada del hecho procesal. Por estas irregularidades, se decretó la nulidad del proceso.

“Soy Julieta Makintach. Soy jueza que interviene en el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Me pareció que este juicio merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo”, le dice la magistrada a la cámara en su primera participación en el primer capítulo del documental del escándalo.

La jueza cerró el primer capítulo de “Justicia Divina” diciendo: “Nadie mejor que nosotros, que somos los seres humanos que estamos detrás, los que podemos darle explicaciones a la sociedad de cómo la Justicia resuelve esto. Nosotros no somos más que los representantes de la sociedad, que busca hacer Justicia”.

El juicio político contra la jueza Julieta Makintach comenzará el martes 24 de junio (Foto: AP/Gustavo Garello)

Los cinco conjueces titulares elegidos son Álvaro García Orsi (La Plata), Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora). Los tres suplentes, por su parte, son Alberto Biglieri (Lomas de Zamora), Lisandro Benito (Junín) y Guillermo Andrés Marcos (Bahía Blanca).

El Jurado tendrá las mismas facultades que las leyes otorgan a los jueces. Pueden, por ejemplo, ordenar el apartamiento preventivo del magistrado o funcionario; suspender en el ejercicio de su cargo al acusado mientras dure el juicio; ordenar las medidas que considere pertinentes a fin de evaluar la verosimilitud de los hechos llevados a su conocimiento; o destituir al acusado cuando se declare su responsabilidad por delitos o por faltas previstas por la ley.

El juicio político a jueces

El juicio político es un proceso para enjuiciar a miembros de los Superiores Tribunales, regulado tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Este mecanismo apunta a evaluar la continuidad de los jueces y funcionarios judiciales en sus cargos, basándose en la verificación de que subsistan las buenas conductas demandadas por la Constitución provincial, según lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional y el artículo 73, inciso 2, de la Constitución provincial.

El Jury de Enjuiciamiento, también conocido como el proceso de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, se centra en investigar la conducta de los jueces y funcionarios judiciales de instancias inferiores.

Este órgano tiene una naturaleza política y su función principal es decidir si un juez o funcionario denunciado debe seguir en su cargo o no, sin entrar en decisiones sobre hechos delictivos o el grado de condena, tareas que corresponden a los magistrados penales.