Este viernes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la eliminación de 13 programas de protección de mujeres y diversidades por considerarlos “ideológicos” y “kirchneristas”. Se trata de una medida electoralista para reforzar el núcleo duro, y su voto a antifeminista, de cara a las elecciones del domingo.Según se indica en el comunicado oficial del Ministerio, estos programas eran “innecesarios”. Entre ellos, se encuentran: Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’, Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género, Apoyo urgente y asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género.
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello justificó la medida argumentando que muchos de estos programas eran ineficaces, redundantes o carecían de impacto. Sin embargo, estos programas fueron fundamentales para miles de personas en todo el país y se implementaron con carácter federal.
“No hay que perder de vista que son políticas que surgieron de un organismo que se había creado recientemente y, por ende, tenían una implementación incipiente. Pero, sobre todo, que buscaron dar respuestas a desigualdades estructurales e históricas. Definitivamente, lo que había que hacer era fortalecerlas, no eliminarlas”, explicó a este diario Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
En materia de violencia de género, los programas que ahora se eliminan formalmente aplicaban un paradigma que ponía énfasis en el abordaje integral de las violencias, con un enfoque prioritario en la prevención, pero también en el fortalecimiento de la independencia económica de las mujeres en situación de violencia. También creaban y fortalecían áreas de género locales que territorializaban estas políticas en todo el país.
La decisión ignora además las obligaciones del Estado: incumple con los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Ivana Rosales, una mujer neuquina que fue víctima de violencia y que murió años después a raíz de las lesiones provocadas por su ex pareja. Dichos compromisos incluían acciones de acompañamiento, protección y custodia a lss víctimas.
En 2002, el marido de Ivana Rosales intentó matarla. No lo logró. Mario Garoglio, quien la dio por muerta, la dejó en el baúl de un auto y luego se entregó a la policía. En 2003, fue condenado a cinco años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, pero la pena fue atenuada por los jueces, quienes consideraron que Ivana “era mala madre”.
Además, Garoglio no cumplió un solo día de condena porque se fugó. Durante esa fuga, abusó de dos de sus tres hijas, Mayka y Abril, de 10 y 6 años.
Su caso se convirtió en el primer antecedente argentino de violencia de género llevado ante la CIDH, marcando un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina. Ivana logró luego la condena por esos abusos y por la falta de pago de alimentos.
En 2005, Ivana recibió el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya que el tratamiento judicial del caso había sido deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina y contrario a los estándares exigidos para estos casos.
En 2014, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia de Neuquén. Posteriormente, Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017 por un ataque epiléptico, consecuencia de las golpizas recibidas por Garoglio. Su hija Abril tomó entonces como propio el proceso ante la CIDH.
En septiembre de 2019, Neuquén asumió una serie de compromisos de reparación, que se complementaron con medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género. El acuerdo incluyó acciones para fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la implementación de programas de atención y acompañamiento.
“Ivana sufrió violencia de género y luego la falta de acción total por parte del gobierno neuquino y del Estado federal. Termina muriendo también a causa de varias de las lesiones muy graves que le habían dejado las situaciones de violencia padecidas. Llegamos con una petición ante la Comisión Interamericana y en 2021 se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado”, recuerda Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Feminista del CELS.
Parte de lo comprometido era el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), uno de los 13 programas derogados. Este programa buscaba brindar rápida intervención estatal a familiares o allegados de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Ofrecía apoyo económico, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y guía para tramitar la reparación económica prevista en la conocida Ley Brisa. Funcionaba junto con el Programa Nacional de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes cuyos progenitores habían fallecido por violencia intrafamiliar o de género.
Otros programas dados de baja, como el de Fortalecimiento de los Dispositivos Territoriales, servían para construir casas-refugio para mujeres que debían huir de su hogar por el alto riesgo de letalidad. El programa Menstruar tenía como objetivo garantizar el acceso a productos de higiene menstrual para personas de bajos recursos, entendiendo que su falta podía ocasionar ausentarse de la escuela y otras dificultades en la vida cotidiana.
“El Programa Producir permitía que mujeres y diversidades encontraran una salida laboral mediante proyectos productivos; los Hogares Integrales (ex ‘refugios’) alojaban a personas en situación de alto riesgo junto con sus hijas e hijos; el Programa Generar fortalecía las políticas locales; se acompañaba a familiares de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios; y la Línea 144, que fue reducida a su mínima expresión, perdió su especificidad para orientar y acompañar en situaciones de violencia de género”, explica Estela Díaz.
La mayoría de los programas cuya eliminación fue anunciada este viernes ya no contaban con presupuesto desde la asunción de Javier Milei. Otros, pese a tener presupuesto asignado, no fueron ejecutados durante el año pasado y lo que va de 2025.
El Programa Nacional de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes alcanza a unos 1.200 menores. En julio del año pasado, el total de beneficiarios era de 1.241, cincuenta y tres menos que el año anterior. El monto total asignado era ínfimo en términos presupuestarios. Para De la Vega, todo esto “muestra que estas decisiones, en términos de impacto presupuestario, son súper limitadas. ¿ Y quién puede necesitar más protección que un niño o una niña que perdió a su mamá?”
La eliminación —de hecho o formal— ya venía ocurriendo. El desmantelamiento del Ministerio de Mujeres fue una de las primeras acciones del actual gobierno. Probablemente, el objetivo de este anuncio por parte del ministro Cúneo Libarona sea desviar la atención de otras agendas más preocupantes, de cara a las elecciones del domingo en la Ciudad. Porque, desde el 10 de diciembre de 2023, estas políticas fueron abandonadas.
