A lo largo de varios meses, los agentes de la PSA realizaron tareas de inteligencia, que incluyeron vigilancias fijas y móviles, así como la autorización judicial para implementar la figura del “agente revelador”, una herramienta legal clave en este tipo de casos.

Finalmente, los agentes concretaron un allanamiento en el pasaje Camaño, altura avenida Roca al 800, y rescataron a tres mujeres en el momento. Allí, de acuerdo con la acusación, habría funcionado un “prostíbulo”.

Como resultado del seguimiento, se identificó en total a un grupo de al menos siete mujeres, que eran explotadas sexualmente bajo el control de una regenteadora.

Según la investigación, las víctimas eran forzadas a cumplir extensos turnos diarios, desde las 9 hasta las 21. Se detectaron víctimas en distintas situaciones de vulnerabilidad, lo que agravaría aún más la acusación delictiva.
Se conoció extraoficialmente que entre esas condiciones de vulnerabilidad, se observó a una embarazada y a una víctima que podría ser menor de edad. De todas formas, esto no fue confirmado de manera oficial.

Durante el allanamiento, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación relevante para la causa. Además, se realizaron peritajes a los dispositivos móviles de las víctimas para profundizar la recolección de pruebas, informó la PSA. Los oficiales detuvieron a una mujer.

Las jóvenes rescatadas recibieron asistencia inmediata del Programa de Atención a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que intervino para garantizar su contención y protección.La causa está siendo investigada por la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, con intervención del Juzgado Federal 1 de Tucumán, bajo la subrogancia del juez Guillermo Díaz Martínez.

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