La permanencia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, tambalea. Luego de confirmarse el asesinato de 13 mineros en Pataz, que, según él, no habían sido secuestrados, distintos parlamentarios le recordaron sus expresiones y se mostraron a favor de su salida, ya sea a través de una renuncia o censura.
El congresista no agrupado Edward Málaga Trillo expresó su indignación a través de la red social X, señalando que las declaraciones de Adrianzén reflejaban una desconexión con la gravedad de los hechos. “Esto es de sólo hace cuatro días. En la luna. No hay razón objetiva para no censurarlo”, escribió, refiriéndose a los comentarios del primer ministro, quien había afirmado que el rapto era una “falsa alarma”.
“¿De qué han servido los estados de emergencia? ¿De qué sirvió que Adrianzén vaya a Pataz a prometer más bases policiales? El despliegue de policías y militares no tiene sentido si no hay órdenes contundentes de acabar con esa delincuencia. Adrianzén debe dejar el cargo“, cuestionó en otra publicación.
Silvana Robles, integrante de la Bancada Socialista, también criticó duramente al Ejecutivo. La legisladora acusó al Gobierno de actuar de espaldas a la población y recordó que dudaron de la veracidad del secuestro. “Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo. Ni los estados de emergencia ni el cuarto de guerra han sido eficaces. Una presidenta y ministros que no actúan frente a la violencia, no pueden seguir en el cargo”, afirmó.
Por su parte, Susel Paredes calificó al premier como un “desastre” y compartió una publicación en la que se menciona que la masacre reportada “debe costarle la cabeza al titular del Ministerio del Interior, Julio Díaz Zulueta”. Asimismo, recordó que elaboró una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte e invocó a firmarla. “No merecemos a esta mujer en el gobierno”, escribió.
En tanto, sin exigir medidas contra integrantes del Ejecutivo, Jorge Montoya y Alejandro Muñante cuestionaron la estrategia. El primero de ellos, de Honor y Gloria, indicó que“el Gobierno no puede seguir siendo espectador de la violencia que azota a las zonas mineras del país. ”Lo que ha ocurrido en Pataz es una tragedia que evidencia el abandono, la impunidad y la falta de acción concreta en materia de seguridad», escribió; mientras que Muñante, de la bancada de Renovación Popular, calificó la masacre como una prueba del fracaso de los estados de emergencia.
Según Muñante, esta situación es el resultado de políticas diseñadas por burócratas alineados con organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos, lo que, en su opinión, ha debilitado la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad en el país.
¿Qué dijo Gustavo Adrianzén?
El miércoles 30 de abril, en una conferencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén negó la retención de 13 trabajadores mineros en el distrito de Pataz, en la región de La Libertad. Según explicó, no existía ninguna denuncia y, de acuerdo a la información obtenida a través de órganos y cuerpos de seguridad, la noticia no es veraz.
“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, expresó entonces.
Hasta el momento, pese a que ya se confirmó la masacre, el premier todavía no ha salido a ejercer algún mea culpa o aclaración. Lo único que ha hecho es publicar a través de redes sociales el hashtag “LaMineríaIlegalAsesina”.
