Sara Millerey, una mujer trans, fue atacada brutalmente a plena luz del día el pasado 4 de abril en la ciudad de Bello, Colombia. Y aunque su caso no es aislado a la violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+ en América Latina, la noticia fue conocida en todo el mundo porque encarna la brutalidad con lo que son cometidos estos crímenes de odio. Millerey fue golpeada salvajemente: sus victimarios quebraron sus extremidades y luego la arrojaron a un río. Hubo quienes, incluso, filmaron parte del ataque que sufrió esta joven de 32 años y no hicieron nada. Millerey fue auxiliada más tarde por los bomberos y falleció en un hospital. Uno de estos videos en los que se observa su cuerpo dentro del río fue reproducido por diferentes medios de comunicación.
“La constante común en Colombia y América Latina, porque la hemos comparado con Brasil y México, Perú y Honduras, es que la violencia hacia las personas trans y travestis es una violencia de altísimos niveles de sevicia y crueldad. Y lo decimos básicamente porque no solo se presenta el asesinato, sino que viene acompañado de otras prácticas de violencia como la sexual, las agresiones físicas, heridas con arma blanca en espacios del cuerpo con afirmación trans -senos, glúteos-, exhibición de su desnudez, tratos crueles, inhumanos, degradantes, insultos”, explica Wilson Castañeda, director de la organización LGBTIQ+ colombiana Caribe Afirmativo. El activista hace énfasis en que, según la parte médica, Millerey pudo salvarse por segundos si hubiese recibido ayuda.
El asesinato de Millerey reafirma lo que sostienen organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans: que, por la violencia estructural que enfrenta el colectivo LGBTIQ+, la esperanza de vida de las personas trans en América Latina, específicamente de las mujeres trans, no sobrepasa los 35 años. Hay Estados que incluso recibieron condenas internacionales por estos crímenes, uno de ellos es Honduras. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por el transfemicidio de Vicky Hernández, ocurrido en el marco del golpe de Estado hondureño de 2009, mientras Hernández ejercía como trabajadora sexual.
Una región violenta
Según la CIDH, desde 2019 Colombia es el tercer país latinoamericano más violento para el colectivo LGBTIQ+, después de Brasil y México. De acuerdo con Castañeda, en lo que va del año, Caribe Afirmativo registró 32 asesinatos de personas de LGBTIQ+, 16 de ellos en Antioquia, el distrito donde fue brutalmente asesinada Millerey. Esta cifra es inédita respecto al mismo período de años anteriores. El año pasado, la organización documentó un total de 179 asesinatos, la cuarta parte de las víctimas fueron personas trans.
A casi un mes del asesinato de Millerey, todavía se buscan a los sospechosos del crimen. Las autoridades ofrecieron una recompensa a quienes proporcionen información. Según las declaraciones que dio a una radio local el secretario de Seguridad de Bello, Rolando Serrano, se presume que del crimen participaron grupos criminales.
Castañeda señala que, pese a que América Latina avanzó en los derechos a favor del colectivo LGBTIQ+, es una de las regiones más violentas para estas personas en el mundo. El activista cuenta, por ejemplo, que en Colombia hay un protocolo para investigar todos los crímenes hacia personas LGBTIQ+ bajo la hipótesis inicial de un crimen cometido por prejuicio a su orientación sexual, expresión e identidad de género, y, además, hay al menos veinte fiscales especializados estas indagaciones, pero no existe prevención estatal para que estos delitos dejen de cometerse. Tampoco todos los casos investigados terminan en condenas. “En Colombia pasa algo que sé que no es ajeno a América Latina, y es que se avanza mucho en lo normativo mas no en la práctica real”, agrega Castañeda.
Retrocesos
Colombia cuenta con decretos y jurisprudencia constitucional que posibilita que las personas trans puedan acceder al cambio registral de nombre o a diferentes servicios públicos, pero no tiene una Ley de Identidad de Género que les reconozca y puedan así acceder plenamente a los derechos básicos de la educación, la salud y el trabajo formal, tal como lo hacen las personas cisgéneros. Sin embargo, en América Latina no todos los países cuentan con leyes o políticas públicas a favor de la diversidad sexual. Hasta el momento solo Argentina, Uruguay y Chile tienen una Ley de Identidad de Género; México tiene legislación en el tema, pero no es de alcance federal.
Otros países, como El Salvador, no tienen ninguna ley o política pública para proteger al colectivo LGBTIQ+.
Algunos países que alcanzaron avances significativos en materia de género están retrocediendo en medio de un contexto de ascenso de las ultraderechas a nivel mundial: Argentina ya reformó en febrero pasado su Ley de Identidad de Género -un marco normativo que fue tomado como modelo a nivel mundial porque despatologizó la transexualidad- prohibiendo la hormonización de menores de edad en el sistema de salud. Además, el gobierno de Javier Milei mencionó su interés por derogar otra ley pionera en la región: la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans, sancionada en 2021, la cual permitió que las personas trans tuviesen un cupo de empleo formal en el sector estatal y privado.
