La Justicia ordenó la intervención del directorio de Vicentin por un plazo de 120 días hábiles. En reemplazo de sus autoridades, el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores, designó como interventores al contador público Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores judiciales. La resolución implica que los directores Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Estanislao Bougain deberán dejar sus cargos y no podrán ejercer funciones durante el período establecido. Vale recordar que la Corte de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de la firma. La empresa espera que ese órgano acepte el pase de la causa a la Corte Suprema a nivel nacional.
El magistrado fundamentó la medida en la falta de acción del Directorio, el crecimiento de la deuda posconcursal, que supera los $12.500 millones, la paralización de las plantas, la falta de mantenimiento y el riesgo de una quiebra con graves consecuencias sociales.
En su fallo, Lorenzini también ordenó una tutela inhibitoria que impide a proveedores públicos y privados cortar servicios esenciales como electricidad, gas y seguridad, y destacó que la justicia concursal debe actuar preventivamente ante un escenario crítico.
“Nos encontramos frente a un imperativo de actuar en tutela del derecho de los acreedores concurrentes, en pro de la preservación de la empresa en crisis y su continuidad operativa y laboral”, sostuvo Lorenzini en su fallo. El magistrado consideró que la administración actual “naturaliza un escenario de parálisis societaria”.
En su resolución, Lorenzini advirtió que “el pasivo posconcursal asciende a más de $12.500 millones exigibles en lo inmediato, a lo que se suman pasivos superiores a los $30.000 millones exigibles en el mediano plazo”.
Situación
El juez también remarcó la ausencia de contratos que aseguren actividad, la paralización de plantas y el riesgo de incendios por falta de mantenimiento, al señalar que “no se ha logrado verificar la existencia de contratos de fasón, de compras de mercadería, de inversiones, etc.; no se han realizado las paradas técnicas necesarias en las plantas, habiéndose generado riesgos ciertos de incendio en celdas de girasol; no se gestionaron contrataciones de terceros; la estructura societaria ha decidido cerrar las instalaciones sin prever alternativas”.
También señaló que el Directorio no convocó una Asamblea Extraordinaria para tratar la situación ni impulsó gestiones con terceros: “La sociedad concursada y su Directorio naturalizan un escenario de parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de algún salvamento o un pedido de quiebra en el corto plazo”.
El fallo destacó, en cambio, las propuestas presentadas por terceros para continuar con la operación de las plantas, como las de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias SA, que ofrecieron contratos de fasón, mercadería e inversiones para reactivar la actividad. El juez resaltó que “los socios estratégicos (Bunge-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas) han dejado de ingresar semillas de su propiedad para ser procesadas en las plantas de industrialización de la concursada”.
Cuestionó que la empresa no hubiera previsto esta posibilidad ni buscado alternativas de operación con otros actores. También se mencionó que esos socios ya habían realizado “adelantos de fasón” a cuenta de las operaciones industriales, lo que agraóa el escenario financiero ante una posible ruptura definitiva de los acuerdos.
