En la capital salteña, el 26 de julio de 2010, un empresario tucumano, Jorge Alejandro Rigourd, constituyó junto a Hugo Roberto Ibarra y María Mercedes Ibarra, la Compañía Privada de Finanzas e Inversiones Salta (Cofinsa). En esa sociedad anónima, con sede en Leguizamón 753, el financista de la vecina provincia tenía el 50% de las acciones, Hugo Ibarra otro 25% y su hija, también contadora, el restante 25% El directorio se conformó con Rigourd en la presidencia, Ibarra padre como vicepresidente y su hija como directora titular. Cuatro meses después fue incorporada como directora suplente Vivián Guardiero, una técnica contableSegún actas asentadas en Personas Jurídicas, el 9 de octubre de 2015, en una asamblea, el presidente de Cofinsa manifestó que “la sociedad no estaba realizando actividad financiera alguna”, por lo que creyó “conveniente adaptar su denominación”. Fue así que a fines de 2015 la sociedad -que cuatro años más tarde dejaría un tendal de afectados con fideicomisos inmobiliarios en Salta, se presentaría en concurso en agosto de 2022 y terminaría declarada en quiebra en septiembre de 2024- pasó a llamarse Compañía de Desarrollo e Inversiones.
Tras el cambio de denominación, Hugo Ibarra transfirió su participación a sus cinco hijos. Desde 2016, año en el que empezaron a multiplicarse los fideicomisos de la firma con edificios de departamentos y loteos que hoy están con obras a medias, paralizadas, sin infraestructuras y con trámites catastrales estancados en Inmuebles, Mercedes Ibarra se mantuvo al frente de la Compañía Privada. El directorio se completó con Federico Gianola Terán como vicepresidente y Fernanda Guardiero como directora suplente.
En septiembre de 2019, Gianola Terán renunció a ese cargo y el de director titular con serios cuestionamientos por manejos espurios atribuidos a Ibarra y su expareja, Diego Gastón Rodríguez.
La confusión patrimonial ya estaba rodeada entonces de sospechas luego traducidas en cuantiosas denuncias por estafa, defraudación por retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos.
Algunos de tantos afectados que iniciaron acciones contra la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones desde septiembre de 2019 por estafa, retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos en los que su titular, María Mercedes Ibarra, también actuaba como fiduciaria, se manifestaron defraudados con departamentos y cocheras que pagaron varios años antes del inicio de la densa causa, pero que quedaron con las obras a medias y paralizadas, pese a los fondos aportados para su terminación. Dos casos puntuales son los del Edificio Vento, en Ameghino 423, y el Edificio Sytile, en el pasaje Arteaga, entre Adolfo Güemes y Alvear (Style).
La operatoria de los fideicomisos inmobiliarios lanzados en 2016 también fue acompañada con la firma de contratos de negocio en participación, por los cuales inversores damnificados aportaron ahorros -mayoritariamente en dólares- que la empresa gestora -representada también en esos mutuos por Ibarra- se obligó a devolverles a los 24 meses, con las correspondientes utilidades pactadas, en dinero o en metros cuadrados.
Aportantes afectados denunciaron que la gestora incumplió las rendiciones de cuentas a que estaba obligada por ley, a pesar de las intimaciones formales con las que insistieron por largo tiempo. Manifestaron que, ante sus reiterados reclamos, la titular de la Compañía Privada se comprometió verbalmente o por vía telefónica a regularizar sus obligaciones legales y contractuales, sin cumplirlas. En otros casos -según las presentaciones penales- ni siquiera respondió a los mensajes ni atendió las llamadas, como tampoco se la pudo localizar nunca en las oficinas comerciales del primer piso de Leguizamón 753.
