La oposición en Diputados araña el quórum para abrir el recinto este miércoles al mediodía, con la mira puesta en activar una comisión investigadora que precise el grado de involucramiento de Javier Milei y su entorno en el escándalo del caso $LIBRA. La movida la impulsaron los radicales de Democracia -alineados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y Álvaro González (Pro). Unión por la Patria (UP) se mantiene en las sombras, consciente de que su presencia podría ahuyentar apoyos clave, pero lista para ocupar sus bancas cuando llegue el momento decisivo.
Además de la posible creación de la comisión investigadora, la sesión abordará el pedido de informes verbales al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la promoción de la criptomoneda, así como un requerimiento de información al Poder Ejecutivo.
El martes, en pleno conteo de voluntades para alcanzar los 129 diputados necesarios, se decidió ampliar el temario con un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y otras regiones afectadas. La iniciativa cuenta con el respaldo de casi todos los bloques, salvo el oficialismo, y propone destinar una partida extraordinaria del presupuesto “para intervenir y asistir inmediatamente en la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales”. Con esta jugada, la oposición busca presionar a los legisladores tentados por la Casa Rosada para ausentarse y frustrar el quorum.
Con ese as bajo la manga, la oposición se encamina a sesionar con alrededor de 132 legisladores dispuestos a ocupar sus bancas cuando suene la chicharra. Un margen de apenas tres votos sobre el mínimo requerido, un número endeble que el Gobierno aún confía en desactivar.
El oficialismo recurre a su manual de supervivencia. Se apoya en sus aliados dentro de la UCR y el macrismo, así como en los gobernadores, que buscan mantener abiertas las negociaciones con la Casa Rosada para asegurar recursos para sus provincias. La estrategia dio resultados: el Gobierno ya descontó a casi todo el Pro y la UCR, así como a los legisladores referenciados con los mandatarios provinciales macristas Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); los peronistas no kirchneristas Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán); y los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Si el Gobierno se viera contra las cuerdas, podría recurrir a sus habituales salvavidas dentro de UP. El catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora ya han facilitado ausencias estratégicas en el pasado y podrían volver a hacerlo para favorecer a Milei. Según pudo saber LA NACION, estuvieron en la reunión de bloque previa a la sesión, el martes a la tarde, pero “en silencio”.
Aun así, la oposición sostiene la convocatoria y confía en llegar al recinto con los números justos. Además de los impulsores de la sesión, se sumarán los seis diputados de la Coalición Cívica, que insisten en mantener una estrategia ordenada y evitar el griterío político. Lo mismo harán alrededor de ocho referentes de Encuentro Federal, que apuestan por una oposición racional. Estos sectores prefieren impulsar la interpelación o la creación de una comisión investigadora, alternativas que no solo tienen más chances de prosperar sino que evitan el estigma de “destituyentes” que podría generar un juicio político.
En Unión por la Patria hay bronca por haber quedado al margen del armado. Desde la mesa chica del bloque acusan a los organizadores de estar más preocupados por lograr un título mediático que por garantizar el quorum. Sin embargo, reconocen que llegado el momento se sentarán a dar el debate. La diputada Paula Penacca tuvo la tarea de contabilizar cuántos de los 98 integrantes del bloque estarán presentes. Esperan que, como mínimo, sean 90.
La izquierda, en cambio, no dudó en sumarse. Con cinco diputados, empuja su propio proyecto para interpelar a Milei en el recinto y exigirle explicaciones públicas. “Que le hable a la gente y dé la cara por esta estafa”, desafía un referente del bloque.
El pedido de sesión lleva un mensaje implícito para la UCR: en el temario se incluyó un proyecto de Rodrigo de Loredo, jefe de ese bloque, quien aún no define cuán frontal será su oposición al Gobierno. Lo empujan a tomar partido entre quienes exigen esclarecer el criptogate y aquellos que, en nombre de la gobernabilidad, evitan chocar con la Casa Rosada. En ese grupo, el costo político de sumarse a la avanzada opositora pesa más que la indignación pública. Aun así, en el radicalismo descuentan que al menos tres de sus 20 diputados se sentarán a dar quorum.
¿Qué implica la sesión?
Si logran el quorum, el golpe para el oficialismo no será letal, pero marcará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión busca obligarlos a abrir el debate en comisión, con dos caminos posibles: interpelar a funcionarios del Ejecutivo o crear una comisión investigadora. Si se habilita el debate, el caso $LIBRA volverá al centro de la agenda y el oficialismo sumará otra crisis.
