El escándalo $LIBRA puso a Javier Milei bajo presión y la mayoría de los gobernadores cercanos esquivan el tema para evitar que su opinión altere el vínculo con el Presidente. Los jefes provinciales evitan las referencias en público y en privado califican de “error” lo que hizo el Presidente al impulsar desde sus redes sociales la criptomoneda. De todos modos, la mayoría de ellos rechazó avanzar en un juicio político y dijeron que se debe esperar a que la Justicia actúe. Milei y un grupo de empresarios son investigados por presunto abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Al caso lo tiene el fiscal Eduardo Taiano.

Los gobernadores que no son parte de Unión por la Patria llevan una convivencia compleja con el Presidente que, en general, los critica por considerarlos parte de la casta y depender siempre de los fondos que reparte la Nación. Sin embargo, la sangre nunca llega al río e incluso quienes son más críticos aportan su parte en el Congreso para que el oficialismo avance con determinados temas de su interés. Incluso lo hicieron en el Senado para que no se constituyera la comisión investigadora por $LIBRA. Fue el 21 de febrero pasado, cuando Milei logró evitar un duro revés en el Senado al bloquear el intento opositor de crear una comisión investigadora sobre el escándalo con la criptomoneda.

El peronista tucumano Osvaldo Jaldo fue el primero en aliarse a los libertarios, es considerado en la Casa Rosada como un aliado y uno de los “dialoguistas”. El oficialismo nacional cuenta a sus legisladores como si fueran propios. Cuando la prensa tucumana lo consultó por la conducta del Presidente en el caso de la criptomoneda, Jaldo, incómodo, buscó tomar algo de distancia y dijo: “Estoy en contra de todas aquellas inversiones que van a la timba financiera, que se dedican a vivir de intereses únicamente. Esas inversiones no dinamizan la economía y no generan fuentes de trabajo. Estoy en contra, ya sean inversiones financieras convencionales y mucho menos estas virtuales, que es un tema nuevo. Un tema que, si bien en el mundo está, en Argentina se instaló”.

El tucumano señaló que la timba financiera está asociada a “gente que gana plata”, pero que “no trabaja y no invierte su plata en actividades que dinamizan la economía, que generan los insumos que el ser humano consume, en la producción, en la industria o en la comercialización. Estoy en contra de todo ese tipo de inversiones financieras, de gente que vive de arriba con especulaciones netamente y que viven de intereses. No trabajan, no producen, no ayudan a sacar el país adelante”.

Puntualmente sobre las denuncias contra el Presidente, Jaldo señaló: “Hay que esperar que resuelva la justicia, hay que ver qué hacen los diputados, porque por ahí es mucha gambeta y pocos goles, mucho amague y pocos goles, hay que ver qué hace el Senado de la Nación”.

En la Cámara alta fue clave la posición en contra de la crear una comisión de la senadora tucumana Beatriz Ávila, exaliada de Juntos por el Cambio aunque con raíces peronistas. Su esposo es Germán Alfaro, exintendente de San Miguel de Tucumán y un aliado de Jaldo.

“Yo creo que hoy no se puede prejuzgar a nadie, ya está la justicia en el medio, hay comisiones investigadoras, hay un Congreso que tiene roles específicos. Puntualmente, en ese tema, hay que esperar un poquito”, sostuvo Jaldo y pidió que, “entre todos los partidos políticos” cuiden la gobernabilidad. “Que haya un error o falencia que pueda tener un presidente, un senador, un diputado nacional, un gobernador. Ahora, lo que no se puede arriesgar es la gobernabilidad”, cerró.

Hizo equilibrio para no decir nada que pudiera desatar la furia de Milei. Los mandatarios conocen sobre esas reacciones. Al comienzo de la gestión la vivieron directamente el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres, quienes se convirtieron en blanco del enojo del Presidente. Mientras las encuestas le sigan siendo favorables al libertario, los gobernadores moderan sus posiciones porque saben que comparten electorado.

En Córdoba fue el presidente de la Unicameral, Miguel Siciliano (quien responde al gobernador), quien señaló sobre el ecándalo cripto: “Lo sucedido es grave y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, para que sepamos la responsabilidad que cada quien pueda tener en este tema”. Sin embargo, los diputados nacionales alineados con Llaryora y con Juan Schiaretti no firmaron el pedido de informes de Encuentro Federal; no acompañaron Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Alejandra Torres. Sí lo hizo Natalia de la Sota.

Torres fue un poco más allá en sus declaraciones: “Fue una torpeza y esperamos que sirva para empezar a cambiar algunas actitudes y dejos de soberbia que no complican a un gobierno, sino a toda la Argentina. Es un golpe a la credibilidad y son cuestiones que hay que tomar en serio, no con discusiones por Twitter”. En paralelo, destacó la decisión del Presidente de dar rápida intervención a la Oficina Anticorrupción, a cargo de un funcionario cercano al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “La mejor forma de pasar este mal trago es que se haga la investigación correspondiente, sobre todo a nivel local. Sin manoseos de afuera, que pueden tener intereses económicos”, indicó el chubutense.

El santafecino Maximiliano Pullaro pidió “intentar que no se erosione la figura del Presidente”, ya que “eso le hace mal al país”. Subrayó la necesidad de que las instituciones trabajen adecuadamente para resolver los “serios problemas” que enfrenta el país. Su senador, Eduardo Galaeretto, no apoyó la comisión investigadora, sumándose a los alineados con otros mandatarios cercanos a Casa la Rosada como Víctor Zimmermann (Chaco), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza).

En líneas generales, los gobernadores con diálogo con la Casa Rosada asumieron una actitud cautelosa, similar a la que tienen con la designación por decreto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular de Ariel Lijo, se limitan a discutir la forma, pero no la figura del magistrado.

Los duros

Fueron los de Unión por la Patria los que salieron a pegarle duro al Presidente. El riojano Ricardo Quintela comparó esta situación con los “Chachos”, como se denominaron los bonos que emitió el año pasado. Acusó a Milei de haber “estafado a miles de personas en todo el mundo” y de “evaporar la confianza en nuestro país”. De largo enfrentamiento con el libertario, repitió una de las frases mileístas “para gobernar se requiere oficio, y quien las hace, las paga”. El mandatario estuvo entre los que reclamaron un juicio político.

“Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo”, es una de las frases del comunicado que emitió la administración de Axel Kicillof.

Después, en declaraciones a El Destape Radio, afirmó: “[Estoy] horrorizado. Es muy impactante lo que está pasando. Nunca se vio algo así. El Presidente claramente fue partícipe de una estafa. Venimos hablando de una estafa electoral, porque empezó con esto de que la motosierra iba a ser para la casta vienen instrumentando un programa económico que fomenta la privatización, la timba financiera bajo la fachada de que están transformando la Argentina y todas estas cosas. Acabamos de observar a un presidente y a todos estos personajes involucrados en esta estafa”.