El gobierno nacional volvió a activar su agenda punitivista tras el crimen en La Plata de la niña de 7 años, Kim Gómez, protagonizado por chicos de 14 y 17 años. La ministra de seguridad Patricia Bullrich, que a mediados del año pasado envió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, reclamó el tratamiento “urgente” de la iniciativa, que por ahora no cuenta con los apoyos necesarios. La secundó José Luis Espert, en los albores de su campaña electoral en la provincia, quien además de volver a lanzar su ya clásico “cárcel o bala”, pidió que el Congreso “comulgue con el punitivismo y termine con el abolicionismo”. Los especialistas y los números indican que el porcentaje de la población penal juvenil en el país sigue siendo bajo y que los países que redujeron la edad no registran estadísticas exitosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que se atraviesa un momento “trágico” por ese crimen, pidió que se “castigue a los responsables” y advirtió: “Algunos usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor y ver si pueden sacar una ventaja. La verdad es que se han traspasado todos los límites”.
La primera en subirse al caso fue la ministra Bullrich: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes“, escribió en su cuenta de X en referencia al proyecto enviado al Congreso en julio pasado y que, además de bajar la edad a 13, busca establecer penas de hasta 20 años para menores de 18, a cumplir en los establecimientos penitenciarios, aunque en “secciones separadas”. El proyecto llegó a tratarse en reuniones informativas de comisiones en Diputados, pero la agenda parlamentaria y el poco apoyo de parlamentario hicieron que quedara relegado.
Así lo expresó ahora el propio Espert, que señaló que en aquella ocasión “no se llegó ni siquiera al dictamen porque no estaban los votos. “Mientras no tengamos una Cámara que comulgue con la idea del punitivismo y termine con el abolicionismo, las discusiones van a ser complicadas“, se lamentó el diputado, casi una fija para encabezar la lista de LLA en la inminente campaña bonaerense. Aunque dijo estar “en contra filosóficamente de la pena de muerte”, Espert sí defendió su slogan “cárcel o bala” en diálogo con La Red y agregó que, en este caso, “si huyeron de la madre, hubieran huido también de la policía, por lo tanto era bala” para los dos chicos que arrastraron a la niña contra la calle mientras huían en el auto que habían robado momentos atrás. El vocero Manuel Adorni aseguró, por su parte, que el tema “está en agenda y efectivamente es algo en lo que vamos a trabajar“.
Kicillof invitó al presidente Javier Milei a “trabajar con nuestros equipos las cuestiones de seguridad”. “Estoy diespuesto a ir a trabajar adonde me diga para ver si podemos, ante una situación que se va agravando, mejorarle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad, la asumo, pongo la cara, espero lo mismo del presidente de la Nación. No en Estados Unidos: acá, trabajando por la seguridad”, indicó.
Un reciente informe de la Defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Grahan, deja en claro varios datos contra la idea de que la baja en la edad pueda llegar a lograr resultados en la reducción del crimen. En primer lugar, el informe indica que la cantidad de menores de 18 años que cumplen medidas penales viene bajando desde hace diez años, y que en el último año hubo un 42 por ciento menos de adolescentes y jóvenes en esa situación que en 2015. En cuanto a la Provincia, el informe agrega que sólo un 2,25 por ciento de las instrucciones penales preparatorias corresponden al fuero penal juvenil, incidencia que también viene bajando desde 2015, cuando se situaba en el 3,59 por ciento.
Para Sabina Frederic, exministra de seguridad de la Nación, la discusión por la baja en la edad “simplifica el problema y lo lleva al terreno que quiere este gobierno y los sectores de derecha, que tienen bastante poca sensibilidad”. Frederic propone correr el eje de la discusión del punto de vista exclusivamente de derechos a la lisa y llana efectvidad de este tipo de propuestas: “¿Va a reducir el crimen o sólo va a saciar la indignación que nos produce a todos este tipo de hechos?“, se preguntó en diálogo con Página 12 y agregó que “en los últimos 25 años las penas se endurecieron y hay cada vez más gente en las cárceles, pero evidentemente no ha sido la solución“.
“La baja en la edad implica llevar a niños, niñas y adolescentes a cárceles de adultos con penas que por más largas que sean van a significar una salida sin ningún viso de mejora, porque sabemos que en las cárceles hay sobrepoblación, falta de actividades, aprendizajes de oficio o educación básica. Alguien que comete un crimen tiene que tener una sanción, nadie niega eso, el tema es que la sanción no tiene carácter preventivo y nadie va a dejar de hacerlo por eso“, sostuvo la exministra, que remarcó que “hay muchos dispositivos que encausaban las vidas de los chicos y servían para prevenir, espacios donde estos pibes podían tener un lugar mejor, que hoy están precarizados o sin financiamiento; por eso hay una gran hipocresía y necesitamos correr el debate para no ir a soluciones efectistas por el año electoral“.
Perla Benegas, especialista en el área y profesora jubilada de la Universidad Nacional del Comahue, se lamentó primero por lo ocurrido y pidió “abrazar en su inmenso dolor, tristeza e impotencia a la familia de la niña víctima”. Contra los discursos punitivistas advirtió, en tanto, que “no es este el momento para reavivar debates que tienen intereses subalternos como imponer, en el imaginario social, a través de la opinión pública, pretendidas ‘soluciones’ tan antiguas como abyectas“.
Otro informe de la Defensora, realizado sobre datos de Unicef, compara la situación de distintos países e indica que, con la edad en 16 años, Argentina tuvo en 2024 una tasa de homicidios menor que la de otras naciones con edades fijadas más abajo. Ecuador, Honduras o Venezuela, con la edad mínima en 12 años, tuvieron tasas de entre 26 y 45 homicidios cada cien mil habitantes, mientras que la tasa argentina fue de 4.2.
