Todavía a la defensiva por el escándalo del criptogate, el próximo 1 de marzo el Presidente inaugurará el 143 período de sesiones ordinarias. En ambas cámaras anticipan un discurso cargado de agresiones y una estrategia destinada a recuperar la iniciativa política en un contexto adverso: a pesar del fracaso en la conformación de una comisión investigadora en el Senado durante las sesiones extraordinarias, la oposición prepara una ofensiva parlamentaria con interpelaciones a funcionarios, la revocación de facultades delegadas y un pedido de juicio político impulsado por Unión por la Patria.
Si bien ese bloque jugó su máxima carta al impulsar el juicio político, en el espacio reconocen la dificultad de alcanzar los dos tercios necesarios al final del camino. Sin embargo, sostienen que esta herramienta “cuenta con respaldo constitucional y permite una investigación seria”, y aseguran que están dispuestos a respaldar cualquier otra iniciativa que contribuya a determinar responsabilidades. De cara a la noche inaugural, la bancada que lidera Germán Martínez podría repetir la estrategia utilizada cuando Milei presentó el presupuesto en el Congreso y enviar solo una pequeña delegación al Parlamento, dispuesta a escuchar al presidente en medio del fin de semana largo de carnaval.
En marzo, con el período de sesiones ordinarias en marcha, el bloque intentará impulsar la votación de un emplazamiento a la comisión de juicio político y definir un plan de acción para investigar al presidente. Antes, será necesario regularizar la conformación de la comisión, ya que el oficialismo desconoce la designación de Marcela Pagano como presidenta. El pedido de juicio político está acompañado de otras iniciativas parlamentarias que buscan marcarle la cancha a Javier Milei, como el proyecto de ley que propone revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional mediante la Ley Bases, impulsado por la diputada Cecilia Moreau. Además, Unión por la Patria intentará rechazar el decreto 70/2023, que sigue vigente por la falta de consensos en la Cámara baja.
El escándalo también derivó en un pedido de interpelación por parte de la oposición dialoguista para los funcionarios Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, y Manuel Adorni, portavoz presidencial. La iniciativa es impulsada por el interbloque Encuentro Federal que lidera Miguel Angel Pichetto. El proyecto, difundido por el diputado Nicolás Massot, marcó una desescalada respecto de la presentación los diputados socialistas, quienes fueron los primeros en promover el impeachment del Presidente.
En el Senado, Unión por la Patria, junto a un sector del radicalismo, volverá a insistir en la conformación de una comisión investigadora, tras el intento fallido durante las sesiones extraordinarias, cuando los gobernadores de la UCR salieron al rescate de Javier Milei y frustraron la iniciativa. La presión que la Casa Rosada ejerció sobre los gobernadores Cornejo, Valdés y Zdero expuso el nerviosismo que la propuesta genera dentro del gobierno. Una espada parlamentaria con experiencia recordó a este diario el impacto de la comisión investigadora que, en la década del ’90, reveló una trama de corrupción en la contratación de IBM para informatizar el Banco de la Nación Argentina, involucrando a directivos de la empresa, funcionarios bancarios y empresarios.
La lupa sobre el primer año legislativo de Milei
En su primera apertura de sesiones, Milei anunció un paquete de leyes denominado “anticasta”, con el que no pudo avanzar: Convocó al fallido “Pacto de Mayo”, que se terminó firmando en julio y advirtió que, aunque el Congreso no aprobara sus propuestas, implementaría sus políticas mediante decretos u otras herramientas legales disponibles. No mintió. El año parlamentario de Milei estuvo determinado por pocas leyes aprobadas y vetos a las principales iniciativas de la oposición.
Según un informe del Directorio Legislativo, durante este período se aprobaron solo 44 leyes, la cifra más baja en comparación con el primer año legislativo de las últimas cuatro presidencias. De ese total, 36 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, aunque la mayoría correspondían a gestiones anteriores. En contraste, se sancionaron 8 leyes propuestas por la oposición, de las cuales dos fueron vetadas por el presidente: la actualización de la fórmula jubilatoria y el presupuesto universitario.
La actividad parlamentaria fue baja, con apenas 24 sesiones realizadas desde el 10 de diciembre de 2023. La intransigencia del Gobierno para llevar adelante su agenda legislativa fue compensada con el uso recurrente de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta que Milei empleó con mayor frecuencia, marcando un deterioro en la calidad democrática. Además, el gobierno ejerció presión sobre los gobernadores de todos los espacios políticos abriendo la billetera en votaciones clave para el oficialismo, como la Ley Bases.
En este contexto, el gobierno avanzó con reformas electorales como la implementación de la Boleta Única de Papel y la suspensión de las PASO. Al respecto, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sostuvo que la Boleta Única de Papel representa “una herramienta para garantizar que la oferta electoral esté completa en todos los centros de votación, con el objetivo de fortalecer la legitimidad del proceso”. En cuanto a la eliminación de las PASO, advirtieron que su suspensión representa un desafío mayor, ya que “este sistema fue diseñado para democratizar la selección de candidatos y evitar la fragmentación electoral”. Su eliminación, sin un mecanismo alternativo que garantice la competencia interna dentro de los partidos, “podría debilitar la legitimidad de las candidaturas”.
En el marco del primer año legislativo de La Libertad Avanza, el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky, cuestionó el alineamiento de ciertos sectores opositores con el oficialismo: “Es un gobierno que logró cooptar a una oposición que decidió desistir del mandato que tenía, lo que significó un enorme retroceso institucional”. Sobre el tono que espera para la apertura de sesiones del 1 de marzo, agregó: “Milei está en un pantano y cuanto más se mueva y más agresivo sea, peor será para él”. Desde su espacio también recordaron que haber otorgado rango ministerial a la Secretaría de la Presidencia la hace plausible de un eventual juicio político, al igual que el resto de los ministros.
