La coca, planta sagrada de la cultura andina, con gran valor nutriente y curativo, es objeto de persecución en la Argentina desde la última dictadura cívico militar, que en 1978 prohibió su ingreso al país y su traslado, aunque en el norte argentino es de consumo habitual.
El decreto 648/78, firmado por el dictador Jorge Rafael Videla, es la base de la prohibición de la importación de la hoja de coca en la Argentina. Y si bien hay una discusión sobre si este decreto sigue o no vigente, en la práctica se aplica para justificar operativos contra los trabajadores de frontera que introducen el vegetal al país, donde se usa para el coqueo o masticación, en infusiones y en ceremonias religiosas, sobre todo en las provincias de Salta y Jujuy, y también en algunas zonas de Tucumán.
La reciente detención de dos bagayeros, o “chancheros” en la jerga de frontera, reactualizó un debate que antes había sido activado por la afirmación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de que la Nación impulsará la eliminación de plantaciones de hojas de coca en Perú (aunque también se cultiva en Bolivia). Ayer el propio gobernador Gustavo Sáenz recordó que el consumo de hoja de coca es una tradición arraigada en el norte del país y opinó que la posibilidad de erradicr la planta merece un análisis más profundo. “Me parece que habría que explicarlo mejor”, dijo.
La hoja de coca, que no es equiparable a la cocaína, tuvo diferente tratamiento en el país desde 1945, cuando mediante el decreto 31.306, de 1945, se facultó a la Dirección Nacional de Salud Pública a un máximo de hojas de coca que anualmente se podía introducir al país.
En 1951, a través de una resolución, Salud Pública incorporó a la hoja de coca como estupefaciente. Sin embargo, el artículo 5 de esa norma reconoció “como zona de consumo habitual” a Salta, Jujuy y Tucumán.
En 1958 se fijó que se podía importar hasta 190 mil kilogramos de hojas de coca (se entiende que anualmente) a estas provincias. Luego se redujo el cupo a 10 mil kilogramos y solamente a Salta y Jujuy.
Con estas condiciones se llegó a 1978, cuando la dictadura prohibió la importación, mediante el decreto 648, derogando todas las normas anteriores. Este decreto lleva la firma de Videla y su entonces responsable de Bienestar Social y Salud, Julio Bardi.
Para algunos legistas, este decreto fue derogado, pero en la práctica aún es tomado como referencia al momento de incautar hojas de coca.
En esta contradicción algunas posibles consecuencias derivadas de la aplicación de esta prohibición son los homicidios recientes del bagayero Fernando Gómez en la frontera salteña con Bolivia, y la del joven indígena Ivo Rodrigo Torres en la frontera jujeña. Gómez era “chanchero”, transportaba hojas de coca en mayor cantidad, Torres fue baleado cuanddo transportaba a su comunidad una escasa cantidad que había comprado en La Quiaca. En ambos casos se investiga la actuación de integrantes de la Gendarmería Nacional.
Legalizar la importación
La actual directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ex diputada nacional por Salta, Virginia Cornejo, y los ex diputados nacionales Miguel Nanni y Martín Grande, presentaron en 2020 un proyecto para regular la importación y comercialización de la hoja de coca en el norte argentino.
No es extraño que la iniciativa haya aparecido apenas iniciada la pandemia cuando, por los controles establecidos entre países, la hoja de coca dejó de ingresar en la cantidad habitual, con lo que lo poco que llegaba a estas provincias se encareció de manera exhorbitante. La falta de este producto de uso tan habitual en el norte argentino provocó un reclamo masivo de los consumidores. La escasez incluso motivó que la fiscalía federal entregara hoja de coca incautada para que fuera repartida para el consumo en Salta y Jujuy.
La propuesta legislativa de Cornejo, Nanni y Grande proponía que la legalización de la importación se sumara al texto del “artículo 15 de la ley 23.737″ y “la derogación del Decreto Nacional 648/78”.
Con esto se iba a continur la labor que impulsó en 1989 el entonces diputado nacional por Salta Juan Carlos Castiella, quien pudo incluir en la ley 23.737 el artículo 15, que indica que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.
Fue el ex diputado provincial Guillermo Martinelli, quien recordó el aporte de Castiella. “La introducción de hojas de cocas para esos menesteres no está habilitada en su importación, por consiguiente, la que se consume acá es fruto del contrabando, algunas veces con la mirada para otro lado de funcionarios. Salta ofrece para el consumo a ojos vista la más amplia variedad de hojas y no se infracciona ni a los quioscos del mercado ni los otros que pululan por la ciudad”, señaló Martinelli en conversación con Salta/12.
Ex diputado dijo que el hecho de que sea legal el uso de la hoja de coca en su estado natural pero se prohíba su importación, “efectivamente, es una contradicción que varios legisladores pretendieron corregir, pero sus proyectos nunca fueron aprobados en el Congreso”.
“En base a mi experiencia como legisladora presenté un proyecto de ley para que esto se corrija”, dijo por su parte Cornejo al sostener que “es una incoherencia que se pueda coquear, pero no importar y que no la produzcamos ni podamos producir”.
La funcionaria agregó que este es “un trabajo que deben llevar adelante los diputados nacionales” e hizo un llamado a “quienes realmente tienen en sus manos una posibilidad de este análisis”. “Es muy difícil tapar el sol con el dedo”, añadió al sostener que es un tema que merece debate. Incluso consideró que en caso de lograr que se legalice la importación de la hoja de coca (dado que la planta no se cultiva en el país) se podría pensar en recursos que podrían ir a las arcas estatales a través del agregado de valor o industrialización.
Cancillería analiza la detención de los bagayeros
El debate sobre el uso y el transporte de la hoja de coca se actualizó el martes último, cuando dos pasadores de hojas de coca (los denominados “chancheros”) fueron detenidos y entregados por la Armada Boliviana a la Prefectura Naval Argentina en la orilla argentina del río Bermejo, en el municipio de Aguas Blancas.
Lo que llamó la atención en este caso fue que las fuerzas bolivianas incautaron las hojas de coca a los trabajadores de frontera pese a que en ese país el consumo y el traslado es legal. En principio, según fuentes bolivianas, el secuestro se llevó a cabo porque los “chancheros” quisieron cruzar la frontera por pasos no habilitados.
“Es un tema que sin duda se está analizando a los niveles que se deben analizar”, dijo Virginia Cornejo ayer ante la consulta de este diario. Sostuvo que, por un lado, se encuentra en evaluación de la Justicia, pero por el otro también interviene la Comisión de Límites de la Cancillería.
Añadió que ahora conocen que los paseros fueron detenidos en Bolivia porque insistían en cruzar la frontera pese a la creciente del río Bermejo, que en este punto hace de límite natural entre ambos países. Al llegar a la orilla nacional los hombres “habían sido detectados como con contrabando de algo que no se puede contrabandear en Argentina, que es la coca”, explicó Cornejo.
La funcionaria añadió que la presencia de los uniformados bolivianos en el suelo argentino “requiere de un análisis más profundo y ver responsabilidades entre un país y otro y ver de tratarlo en la Comisión de Límites de Cancillería”.
Añadió que si aparecieron procedimientos coordinados entre las fuerzas de seguridad argentinas y de Bolivia es porque ahora hay una autoridad de aplicación como la PNA para actuar en esta parte de la frontera en el control del río. Afirmó que existen tratados anteriores en este sentido, pero “al no tener una autoridad de aplicación no se cumplían”. “Somos países vecinos, que no somos enemigos y que debemos hacer funcionar estos organismos de control”, agregó.
Respecto de la contradicción entre la legalidad del consumo de hojas de coca y la persistencia de la prohibición del ingreso al país de este vegetal, la funcionaria afirmó: “nosotros hoy tenemos en claro que se cumple la ley que es la que se acaba de mencionar. Y cada organismo se debe hacer cargo de lo que corresponde. Y desde el Ministerio Seguridad (de la Nación) se lucha contra los ilícitos como son justamente el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, delitos complejos y peligrosos y es donde estamos poniendo todas nuestras fuerzas para devolver a la Argentina la seguridad”.
Cornejo dijo que su reflexión es “bajo la mirada de la función” que hoy cumple: “La ley se cumple y somos responsables de hacerla cumplir”.
