La Cámara Federal sorteó este lunes la primera denuncia que recibió contra el presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y le tocó a la jueza María Romilda Servini. El fiscal del caso es Eduardo Taiano, que está fuera del país.
En paralelo, en el curso de la mañana se presentó otra denuncia en la Cámara Federal de San Martín, que tiene jurisdicción sobre la quinta presidencial de Olivos. Por sorteo, ese expediente fue asignado al juzgado federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La denuncia es de Juan Ricardo Mussa, un dirigente eterno candidato del peronismo, que en 2023 le tendió la mano a Javier Milei y lo elogió por su estilo y arrastre con el electorado mas joven. Y ahora lo critica por X.
Ahora, seguramente se deberá dirimir la competencia entre ambas magistradas, ya que una interviene porque recibió la primera denuncia y la otra, porque el supuesto delito ocurrió en la quinta de Olivos, jurisdicción del juzgado federal de San Isidro.
La denuncia sorteada en Comodoro Py fue presentada por el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.
En esa causa interviene la fiscalía de Eduardo Taiano, que se encuentra de licencia porque participa de un congreso en Costa Rica. Lo reemplaza su colega Gerardo Pollicita, que a pedido de Taiano lo esperará para que el fiscal titular decida si corresponde instar la acción penal o archivar las denuncias.
Denuncia de Carrió
También sumó una denuncia Elisa Carrió, con diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López (jefe del bloque); Maximiliano Ferraro (presidente del partido); Mónica Frade; Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, Allí pidieron que investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo. La diputada Paula Oliveto no firmó el escrito porque integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara.
“Solicitamos se determinen las eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y de las personas que pudieran estar involucradas en los sucesos”, dice el texto.
La presentación de la CC recuerda que ya “siendo diputado nacional, Milei promocionaba y daba cursos de ‘capacitación’ sobre inversión en la consultora ‘NW’, empresa que como anticipamos, tiene como CEO a Mauricio Novelli y su socio Torrones Godoy. Por entonces mientras sorteaba su dieta como legislador, percibía honorarios por los ‘cursos de capacitación’ que promocionaba esa empresa, a través de un personaje que ya era sumamente mediático y que, por ende, atraía participantes a estos cursos”. La denuncia menciona, también que “uno de los participantes de ese Foro, el señor Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y referente mundial del universo de “criptos” afirmó que ese evento organizado por Mauricio Novelli y su entorno, de vínculos con el presidente, le sugirió pagar para obtener una entrevista con Javier Milei.
Por disposición de la Cámara, el sorteo de esta mañana en Comodoro Py se hizo con un bolillero manual. El objetivo era evitar cualquier suspicacia. En el tribunal creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.
Los jueces cuyos números de juzgado estaban en el bolillero eran, además de Servini, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo.
Las demás denuncias penales sobre el mismo tema se acumularán a la que hoy le fue asignada a Servini. La jueza, de 88 años, lleva más de tres décadas al frente del juzgado federal 1, el más poderoso de los tribunales de Comodoro Py porque además de la competencia penal concentra la electoral; es decir, es el único que además controla las elecciones nacionales.
Por lo pronto, el fin de semana entró a través de una comisaría la denuncia de un hombre llamado Miguel Ángel Heredia por los mismos hechos. La Policía la giró al juzgado que está de turno, a cargo del juez Sebastián Casanello (y con intervención del fiscal Guillermo Marijuan). Pero ellos no se quedarán con la causa. Para evitar el forum shopping (una trampa para elegir al juez), cuando un juzgado recibe una denuncia por estar de turno, la envía a sorteo. Por eso, hoy la Cámara Federal también recibió este expediente.
La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de “la megaestafa más grande de la historia en este rubro”, que se llevó a cabo “a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.
“Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal”, dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.
En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten “medidas cautelares de protección de prueba”, entre las que enumeraron un “allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)”; y que se “identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas”.
También pidieron que se disponga una “intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados”; un “bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados”; y medidas de “trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa”.
