Este martes 11 de febrero, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, se desarrolló una audiencia con el propósito de formalizar la investigación y formular cargos contra 18 efectivos policiales. A ocho de ellos se los acusa de haber agredido al preso, Enzo Sebastián Carrizo (20), alojado en Centro de Recepción de Detenidos (CEREDE), durante la noche del 5 de junio del 2022; a otros ocho policías, que conformaban la guardia siguiente, se los señala como encubridores de esa golpiza; mientras que a otros dos, en su carácter de jefes del establecimiento, se les endilga no haber informado a las autoridades competentes, más allá de estar al tanto de todo lo sucedido.
Precisamente, las calificaciones jurídicas son los siguientes: a los primeros se les atribuyó ser presuntos coautores del delito de apremios ilegales; al segundo grupo de ocho, coautores del delito de encubrimiento por favorecimiento real, en concurso real con encubrimiento por favorecimiento de omisión de denuncia; y a los dos responsables del CEREDE en ese entonces, el delito de encubrimiento por favorecimiento personal, en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento de omisión de denuncia, en carácter de coautores.
Cabe aclarar que estas acusaciones no tienen que ver con la muerte de Carrizo, la cual se produjo días después, el 10 de junio en el hospital Centro de Salud como consecuencia, según el informe de la autopsia, de una falla multiorgánica por quemaduras. La celda donde estaba alojada la víctima se prendió fuego en la noche del 6 de junio, es decir, un día después del supuesto maltrato policial que es materia de investigación. Según la reconstrucción del hecho, por un lado, Carrizo se habría autoinfringido lesiones; y con respecto al inicio del fuego, en principio se descartó que haya sido iniciado por la participación de tercero.
Medidas cautelares
El auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, pidió que se impongan a todos los imputados medidas de coerción de menor intensidad por cuatro meses, con el “objetivo de que avance normalmente el proceso, en el entendimiento de que tanto la libertad, así como también las reglas de conducta, pueden lograr ese fin”.
“En el día de ayer, lunes 10 de febrero, se realizó la extracción de datos de un teléfono celular, que es donde habían sido recepcionados los mensajes enviados por Carrizo (donde habría denunciado el trato recibido por parte de los uniformados). Hay que analizarlo pormenorizadamente porque entiendo que es una evidencia importante. En este plazo de cuatro meses estamos en condiciones de producir esa información y cotejarla con la ya acopiada”, sostuvo el representante del MPF.
Al emitir su resolución, el juez interviniente aceptó parcialmente la solicitud fiscal y concedió las medidas, pero por el término de tres meses.
La acusación
Hecho 1: Guardia del 5 de junio de 2022
El 5 de junio de 2022, a las 22:00 horas, Carrizo se encontraba alojado en el Centro de Recepción de Detenidos (CEREDE), perteneciente a la Policía de Tucumán, ubicado en calle Madrid y Rivadavia de San Miguel de Tucumán, solicitando reiteradamente ser llevado al baño, petición que fue sistemáticamente ignorada por la guardia policial, lo cual derivó en un episodio de autolesiones por parte del mismo.
A partir de este episodio, durante la madrugada del 6 de junio, ocho de los imputados retiraron a Carrizo de su celda de manera violenta y, sin justificación alguna, lo trasladaron hacia un patio externo del establecimiento (patio de visitas), donde lo mojaron con baldes de agua fría y golpearon repetidamente en diversas partes del cuerpo con golpes de puño y tablas de madera, para finalmente depositarlo en una celda sin prestarle atención médica hasta la mañana de ese día.
Hecho 2: Guardia entrante del 6 de junio de 2022
El 6 de junio de 2022, a las 08:00 horas, otros ocho empleados policiales se hicieron presentes en las instalaciones del CEREDE a prestar servicios, donde tomaron conocimiento de las golpizas recibidas por Carrizo. Pese a saber del hecho ilícito y estar en condiciones de comunicarlo a las autoridades competentes, de común acuerdo decidieron no hacerlo.
Posteriormente, a las 08:52 horas, los policías mencionados, con conocimiento de que Carrizo había utilizado su celular para comunicar a sus familiares sobre la golpiza, resetearon dicho teléfono para suprimir la información contenida allí.
Hecho 3: Imputación a los jefes
Los días 5 y 6 de junio de 2022, los dos funcionarios policiales, en su carácter de responsables a cargo de la administración, conducción y liderazgo del CEREDE, tomaron conocimiento de la golpiza propinada a Carrizo, como así también de las conductas de encubrimiento de los demás empleados policiales. Pese a ello y de estar en condiciones de comunicar las acciones mencionadas a las autoridades competentes, de común acuerdo decidieron no hacerlo.