El diputado nacional por la provincia de Salta Emiliano Estrada fue imputado por el delito de intimidación pública. El legislador kirchnerista se dedicaba a crear fake news para difamar a rivales políticos, periodistas y empresarios de su provincia a través de diferentes cuentas en redes sociales.
Otros imputados en la causa lo identificaron como el autor intelectual de las actividades de una serie de cuentas de Tik Tok que se dedicaban a difundir denuncias de corrupción contra el Gobernador provincial, Gustavo Sáenz.
El legislador debía presentarse hoy a declarar ante la fiscal de ciberdelitos de su provincia, Sofía Cornejo, pero en lugar de acudir en persona, presentó un escrito mediante su abogado, Jorge Ovejero.
Cornejo declaró en conferencia de prensa: “Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional, y desestabilidad de los poderes del Estado”.
Florencia Bustamante, exasesora del diputado también está imputada en la causa y confesó en su declaración que manejaba “La Casta de Sáenz” y “La Casta Salteña”, dos cuentas de redes sociales destinadas a difundir denuncias, bajo instrucciones directas del legislador. Su abogado argumentó que su defendida llevaba adelante estas actividades como parte de sus responsabilidades laborales sin conciencia de estar incurriendo en un ilícito.
Alonso Javier Allemand, asesor de Estrada y exempleado municipal y Juan Capisano, quien se presentó como empleado del empresario Federico Mena Saravia, son los otros imputados en la causa.
“El grueso de los videos podrían dar lugar a futuras acciones, ya sea de querellas por calumnias e injurias o acciones privadas por algún perjuicio por parte de los damnificados” aseguró la fiscal.
Sofía Cornejo contó que Tik Tok aportó los correos electrónicos en los cuales puede identificarse el vínculo con las cuentas investigadas. A través del rastreo de direcciones de Gmail se llegó a los tres primeros imputados, dos de los cuales dijeron ser empleados de Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados.
Por su parte, quien fue ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, asegura que se trata de una persecución política en su contra, a lo que la fiscal respondió: “La investigación empieza contra desconocidos. Después, que las pruebas me hayan llevado a él, eso es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, telefonía celular y la declaración de dos personas. Esto no es político, esto es jurídico”.
“¿Creen que los vínculos del entonces secretario de Seguridad de Sáenz y bandas delictivas son obra de mi imaginación?, ¿creen que los patrulleros de la policía encontrados con droga fueron una operación mía?” dice la carta abierta dirigida a los salteños en la que el diputado kirchnerista defiende la veracidad de algunos archivos difundidos.
En dicha carta, Estrada también denunció que las declaraciones en la causa fueron forzadas: “Algunos de los trabajadores fueron presionados por el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli” y agregó que jóvenes militantes que trabajan y madres con familias a cargo no pueden hacer más que asustarse; “esto demuestra cómo Sáenz maneja la provincia, decidiendo quién va preso según sus intereses” concluyó.
Otra figura del partido que se sumó a las denuncias contra el gobernador salteño fue el jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien mediante un comunicado denunció el accionar de Sáenz por “persecución política, hostigamiento y amedrentamiento contra opositores”. El dirigente kirchnerista comparó el caso con el accionar de la justicia jujeña en el caso Nahuel Morandini, un docente universitario que había sido detenido en 2023 por difundir un tuit contra Gerardo Morales, el entonces gobernador de Jujuy. Si bien Sáenz es de extracción peronista, siempre se mantuvo alejado del kirchnerismo.
De la investigación y las declaraciones podrían desprenderse una serie de denuncias por injurias y calumnias en contra de Emiliano Estrada por parte de los damnificados. Frente a cómo seguirá la investigación, la fiscal a cargo, Sofía Cornejo expresó: “Hay un grupo de delitos que son de competencia federal. Así que tiene que intervenir una fiscalía federal en este caso. Como esto recién empieza, yo estoy habilitada como fiscal que toma conocimiento de los hechos. Con respecto a lo que es intimidación pública, eso sí es provincial y está tramitándose de esta manera. Pero ante los nuevos hechos y ante la nueva imputación, ahora sí se hará una evaluación de qué fue o a quién le corresponde intervenir”.
