A contramano del rumbo que fijó el Gobierno, el juez federal Ariel Lijo ordenó este martes que se tomen las “medidas necesarias” para mantener el funcionamiento de cuatro sitios de la memoria donde funcionaron centros de detención clandestinos durante la última dictadura (1976-83). El escrito del magistrado está dirigido a Alberto Baños, a cargo de la secretaría de Derechos Humanos, uno de los organismos más afectados por el ajuste de su personal.
La resolución del candidato del Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia –en respuesta a un pedido de la legisladora kirchnerista Victoria Montenegro– colisiona con las intenciones del oficialismo: el gobierno de Javier Milei desplegó por etapas un fuerte recorte en el personal del Estado y en el caso del ministerio de Justicia que lidera Mariano Cúneo Libarona, el achicamiento alcanzó a más de un tercio de la dotación.
“Requiérase a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria en que funcionan en los ex CCDT [Centros de detención y tortura] “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti”, y “Virrey Cevallos” permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”, dice la resolución firmada por Lijo.
Presenté una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos.
No vamos a permitir el atropello a los trabajadores ni la destrucción de las… pic.twitter.com/JHiPV7gZ61— Victoria Montenegro (@MontenegroViki) January 4, 2025
El último de los movimientos del Gobierno en este sentido se dio a fines del año pasado, cuando cerca de 90 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Museo de Memoria ESMA, recibieron un mensaje por el que se los relevaba de sus funciones durante enero y se les informaba que pasaban a una “guardia activa” en sus respectivos domicilios.
Mientras que en el Gobierno hablaban de una “reestructuración interna”, en el Conti el mensaje se interpretó como el paso previo a una nueva ola de desvinculaciones.
En paralelo al achicamiento y en línea con una idea del macrismo, en la cartera que lidera Cúneo Libarona imaginan mudar parte de la estructura del ministerio a la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), epicentro en estos días del reclamo contra el recorte en el área de Derechos Humanos.
Para Victoria Montenegro, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el recorte del personal que el ministerio realiza sobre la Secretaría de Derechos Humanos –afectada por más de 250 bajas– pone en riesgo el funcionamiento de los sitios de memoria y toda la “prueba judicial” que de allí pudiera surgir.
En ese sentido, el juez Lijo ordenó también tareas de fumigación para que se “preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”.
Junto a su pedido para resguardar los sitios, la legisladora de Unión por la Patria formuló en paralelo una denuncia penal contra el ministro Cúneo Libarona.
