Mauricio Macri y Javier Milei escalaron el conflicto donde no sólo disputan votos, sino también el control de la Corte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, en definitiva, el liderazgo excluyente sobre la derecha argentina. Los escenarios de la disputa confirmaron la existencia del Partido Judicial y expusieron el resquebrajamiento de los equipos mediáticos del macrismo y de los sectores empresarios.
Los tiroteos de baja intensidad comenzaron con los resultados de la primera vuelta electoral. Confiado en la escasez de equipos técnicos en las filas de Milei, Macri forzó a su candidata Patricia Bullrich a expresar su apoyo al libertario y comprometió a varios de sus ex colaboradores para integrar el gabinete. Creyó que de esa manera se apropiaría del gobierno, pero sus ex colaboradores, encabezados por Luis Caputo, Federico Sturzenegger y la ubicua Patricia Bullrich, le hicieron un corte de manga y se sumaron a las filas libertarias.
Los grandes empresarios se arrojaron en su mayoría sobre el nuevo gobierno para tratar de sacar ventaja y olvidaron lealtades previas ya fuera con Macri o las prometidas a Sergio Massa durante la campaña. Todo se cocinó entre las empresas de primera línea. Las pequeñas y medianas se dieron cuenta pronto que serían el pato de la boda.
Tras su primer error de cálculo, Macri presionó con la falta de presencia territorial de los libertarios y su debilidad parlamentaria. Pero la vieja base electoral del PRO no toleró la confrontación con Milei. Macri tuvo que hacer equilibrio en esa cuerda floja, mientras Karina Milei comenzaba la construcción propia. Entonces el expresidente trató de condicionar los respaldos de su bloque parlamentario, pero Milei avanzó cooptando votos de partidos provinciales y de gobernadores peronistas. Como se visibilizó con el caso Kueider, los métodos fueron básicamente de corrupción.
Hubo dos datos que le confirmaron a Macri que estaba a punto de perder todo: La anunciada postulación del juez Ariel Lijo para la Corte, con lo cual se ponía en riesgo el control macrista del alto tribunal, a través de la alianza entre Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Y la ruptura del bloque legislativo del PRO en la ciudad de Buenos Aires que puso en riesgo la aprobación del presupuesto a su primo Jorge. A esto se sumó que los libertarios decidieron presentar lista propia en la ciudad con lo que pondrían en duda su hegemonía en el distrito.
Macri no puede perder la Corte ni la ciudad de Buenos Aires. La Corte, porque su armado en el fuero federal, el famoso Partido Judicial que le obedece sin chistar, correría riesgo de disolución. Es su as de espadas, pero al mismo tiempo es su talón de Aquiles, porque tiene en los tribunales varias causas por estafa al Estado, como la del Correo.
Por este motivo el armado en la Justicia fue su principal preocupación desde el comienzo de su carrera política, cuando ganó la presidencia de Boca Juniors y acercó al club a varios funcionarios judiciales y allegados a los servicios de inteligencia.
Desde la Casa Rosada completó después ese armado con la Mesa Judicial de Pepín Rodríguez Simón. Gracias a la colaboración de sus aliados radicales y de la Coalición Cívica, que decían combatir a la corrupción populista, metió dos jueces en la Corte, presionó y extorsionó a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó para conseguir su reemplazo, igual hizo con jueces que no se subordinaron y designó en el Poder Judicial en forma irregular a varios de sus funcionarios y partidarios. No existen antecedentes en la historia de las presidencias, del concurrido besamanos de funcionarios judiciales que circularon por la Casa Rosada, la quinta presidencial y por la quinta particular de Macri para rendirle pleitesía.
Con esa tropa, Macri blindó la fortuna familiar que está en juego en varias causas, y fortaleció su preeminencia a través de la persecución judicial a sus adversarios. Es también una de sus cartas de negociación con el gobierno.
Perder el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pondría al PRO en riesgo de extinción ya que es su principal base territorial. Los libertarios no tienen dudas de que la detención de Kueider en Paraguay fue una emboscada de Macri en respuesta a la postulación de Lijo y la disputa por la ciudad de Buenos Aires.
Inmediatamente saltó el escándalo de Christian Ritondo, el principal operador de Macri en el Congreso. La investigación descubrió que tiene una fortuna de más de dos millones y medio de dólares y que posee departamentos en Miami y 72 departamentos en la Argentina. La denuncia pegó en la línea de flotación. Pareció una respuesta por lo de Kueider.
Casi al mismo tiempo surgieron entonces dos denuncias contra funcionarios del gobierno. Juan Pazo, hombre de confianza de Luis Caputo, fue denunciado por la posesión de propiedades en Miami no declaradas, al igual que su subordinado Andrés Vázquez. Lo patético del caso es que estos funcionarios acusados de evadir impuestos fueron designados frente a la ARCA y a la DGI, respectivamente. Presuntos evasores al frente de los organismos recaudadores.
Las denuncias de podredumbre en el gobierno y en el macrismo estaban en su apogeo cuando la Corte sacó de la manga una seguidilla de decisiones absurdas y mandó a juicio oral y público viejas causas en las que Cristina Kirchner había sido absuelta.
Sobre el pucho sacó otra decisión por la cual declaró inconstitucional a la Constitución de la provincia de Formosa que permite la reelección por tiempo indefinido de los gobernadores. Y la sala 1 de la Cámara Federal, —conocida en Comodoro Py como la sala macrista–, revivió una causa prescripta, por el atentado de Montoneros contra Coordinación Federal en 1976. No puede haber delito de lesa humanidad en esa causa porque el atentado no fue cometido por el Estado.
Fue una jugada doble. Por un lado sacó del centro de la escena la podredumbre de los propios. Y por el otro trató de sacarle al gobierno todo lo que, según sus parámetros, tenía para ofrecerle al peronismo a cambio del recambio en la Corte.
La Corte mandó a juicio oral las causas Hotesur-Los sauces y del Memorándum con Irán en las que ya se había descartado que hubiera algún delito para juzgar. Alguien hizo la justa metáfora de una acusación por asesinato en la que el asesinado aparece vivo, pero el juicio se hace igual. Y la tercera es la causa instruida por los impresentables Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, en la que varios testigos denunciaron que fueron extorsionados para que acusaran a Cristina Kirchner y en la cual se comprobó la adulteración de las fotocopias que fueron usadas como prueba.
Y por si quedaba alguna duda, emitió otra resolución para evitar que Milei pueda designar a magistrados en la Corte por decreto, al organizar un sistema de conjueces para su funcionamiento.
Como consecuencia de la pelea principal se produjeron también movimientos en los medios que han estado muy alineados con Clarín y el macrismo, como TN y La Nación+ así como el despido de Marcelo Longobardi de Rivadavia y el pase de numerosos macristas a América 24. Todos ellos estuvieron juntos en su campaña contra el “populismo” y han tratado de compaginar a los dos jefes derechistas, aunque Milei desprecia a los medios tradicionales y exige subordinación hasta la abyección, sin disimulo ni seudoprofesionalismos “objetivos”.
Esta cronología de la pelea de los últimos días puso al descubierto una vasta podredumbre institucional en varios niveles que tendrá que ser subsanada si no se quiere vivir en un simulacro de democracia.
