El gobierno nacional denunció esta mañana que en el Chaco más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las auditorías sobre los más de 1.250.000 beneficiarios son realizadas por Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de Diego Spagnuolo. Actualmente, se realizan operativos en varias localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; sin embargo, las que están bajo la lupa fueron otorgadas durante la gestión de Jorge Milton Capitanich.
Durante estos operativos, se notificó y citó a un total de 2689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria. Los resultados de las auditorías han sido reveladores: de los auditados, únicamente 365 (equivalente al 13.58%) han resultado favorables; es decir, que han cumplido los requisitos para continuar recibiendo el beneficio.
Otros 1.796 (66.79%) resultaron desfavorables al no cumplir con las exigencias necesarias para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral, por lo cual “serán dados de baja”, según le adelantaron a este medio funcionarios de la cartera Salud que está a cargo de Mario Iván Lugones. Por su parte, otros 345 beneficiarios (un 12.83%) no se presentaron a la auditoría. Además, 183 casos (un 6.81%) se encuentran actualmente en “fiscalización médica”.
Casos Impactantes
Los resultados de las auditorías, pero sobre todas las chaqueñas, a la que aludió el vocero presidencial Manuel Adorni resultan impactantes. El trabajo al que accedió este medio revela que, por ejemplo:
-Beneficiaria con Amputación Falsa: Una mujer se presentó para ser auditada y seguir cobrando el beneficio, el cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la mujer estaba en perfecto estado de salud y no había perdido ningún miembro.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, “lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones”, según la interpretación de los funcionarios de la ANDIS.
-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
De manera paralela al “escándalo chaqueño”, una investigación judicial y una auditoría del Gobierno puso en relieve las arbitrariedades y los abusos que existieron durante más de una década y media en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, que han puesto en riesgo el normal funcionamiento de una de las áreas más sensibles, que está destinada a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los casos de los niños con Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como, Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre muchísimas otras. Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no los necesitaban, en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención, que representa el 70% de una jubilación mínima y fueron rechazados.
Los resultados revelan casos inverosímiles. Un expediente, por ejemplo, presentó como diagnóstico un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner; la radiografía de un perro, como mostró el portavoz presidencia Manuel Adorni, o cómo expuso el fiscal federal Guillermo Marijuan: “Cientos de expedientes que compartían un mismo estudio médico, como radiografías, análisis clínicos, certificados sin nombre y firmas médicas, certificados apócrifos y médicos denunciando el uso de su matrícula para confeccionar certificados irregulares”.
En el marco de un proceso de auditorías iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mediados de este año, a raíz de las irregularidades encontradas al inicio de la gestión en los procesos de entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral, se han desarrollado diversos operativos que continuarán en todo el país con el fin de brindar transparencia en los procesos y que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.
En este contexto, a las auditorías realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, y a los cruces de datos con otros organismos, se sumaron en los últimos días una serie nuevos operativos en la provincia del Chaco, alcanzando las localidades de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli.
Estas auditorías tenían como objetivo fundamental “garantizar el correcto uso de los recursos destinados a las personas que realmente requieren este apoyo económico, y para devolverle el dinero a los contribuyentes”.
Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención.
Un informe de la ANDIS al que accedió Infobae afirma que durante la gestión de Alberto Fernández “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. El dolo por estas maniobras fueron estimadas en uno “3.400 millones de dólares anuales”; y explican que la red corrupta solo podría haber funcionado porque: “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”.
“En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucrania”, le dijo a este medio el fiscal federal de esa provincia, Carlos Amad, quien investiga dos causas que involucran a más de 24.000 pensiones otorgadas en los últimos cuatro años en 37 localidades chaqueños. En la Alcaldía de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% tiene una pensión no contributiva por invalidez laboral. La causa ya tiene nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97% de esas pensiones son truchas”, informó el fiscal al ser consultado.
Entre los diagnósticos falsos acreditados por los galenos, en los certificados figuraban dolencias como “Mal de Chagas”, “diabetes”, “traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra”. Amad descubrió familias completas con certificados de discapacidad laboral, entre ellos menores y personas sin ningún tipo de enfermedad y discapacidad física que eran empleados de la misma municipalidad. El fiscal secuestro cuadernos en la casa de alguno de los imputados dónde estaba asentado el pago de coimas para iniciar el trámite y hasta el diagnóstico que debía escribir el médico.
Desde la Casa Rosada le dijeron a este medio: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero en la presidencia de Alberto Fernández la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.
Por su parte, desde la ANDIS describieron: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que estos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”.
