El fiscal federal Eduardo Taiano, que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, pidió al Gobierno que desclasifique la información de inteligencia amparada por el secreto que tenga en su poder relacionada con el presunto crimen del funcionario judicial.
Taiano, con la firma del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, mandó un oficio al Poder Ejecutivo en el que le pide que desclasifique los archivos de la AFI y del resto de los organismos de inteligencia relacionados con la muerte del fiscal.
La Justicia sospecha que Nisman fue asesinado el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, tras denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner por la firma de un pacto con Irán que, según la denuncia, estaba destinado a encubrir la responsabilidad de ese país en el ataque a la AMIA y a provocar la caída de las órdenes de captura de Interpol contra los exfuncionarios iraníes buscados por el atentado.
Mauricio Macri había ordenado la desclasificación de archivos y ahora se pidió mayor información. Los datos que requería la fiscalía no eran proporcionados por la SIDE, celosa de sus secretos, y por eso Taiano acudió a la máxima autoridad del Gobierno.
Los datos solicitados abarcan las tareas de inteligencia realizadas por la AFI (hoy SIDE) y también por la inteligencia militar. Durante el kirchnerismo, el jefe del Ejército Cesar Milani tenía un grupo operativo dedicado a estas tareas.
Hoy, en la causa por la muerte de Nisman están procesados Diego Lagomarsino, el técnico informático que le proporcionó el arma, y los custodios del fiscal, que lo deberían haber cuidado ese 18 de enero de 2015.
El juez del caso es Julián Ercolini y el fiscal es Taiano, que investiga una red de contactos entre espías en las horas previas y posteriores a la aparición del cuerpo y le hackeo del teléfono celular del fiscal con un virus para acceder a su contenido.
Se efectuaron peritajes sobre el hallazgo del cuerpo en el baño de Nisman, en Puerto Madero, y la Gendarmería concluyó que la muerte del fiscal se trató de un homicidio. Esta es la hipótesis que actualmente investiga la Justicia.
El expediente judicial se inició en el juzgado de instrucción a cargo de Fabiana Palmaghini y en la fiscalía de Viviana Fein, en el fuero ordinario de la Justicia nacional, donde se investigan los delitos graves que ocurren en la ciudad de Buenos Aires. El hecho se caratuló como “muerte dudosa” y al día siguiente del hecho, el entonces decano de la Morgue Judicial, Roberto Godoy, luego de realizarse la autopsia, le informó a Fein -que estaba a cargo de la investigación por delegación de la jueza- que no había elementos para sostener la intervención de terceros en la escena.
El único imputado en la causa era entonces el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado un arma a una persona que no tenía portación. Su defensa abonaba la hipótesis del suicidio, mientras que la querella, representada por la jueza federal de San Isidro y exesposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, sostenía la hipótesis del homicidio y pedía que la causa pasara al fuero federal.
En mayo de 2015, la Junta Médica que analizó el caso, conformada por 10 peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos de la querella, concluyó que no había indicios para sostener que hubiera sido un homicidio. Los dos representantes de Arroyo Salgado no firmaron el informe.
Sin embargo, a fines de 2015 Palmaghini desplazó a Fein de la instrucción de la causa y se hizo cargo de la investigación. En marzo de 2016, la magistrada declaró la incompetencia del fuero ordinario y envió el expediente al fuero federal, como pedían la querella y el fiscal de Cámara, Ricardo Saénz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón: en septiembre de 2016 sostuvo que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones y que, por eso, el hecho debía investigarlo el fuero federal.
El expediente se trasladó a Comodoro Py y el sorteo dejó la investigación en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano. En este tramo de la investigación, a cargo de Taiano, se encomendó la realización en 2016 de un nuevo peritaje, de la Gendarmería Nacional Argentina. El estudio concluyó que la muerte de Nisman se trató de un homicidio.
El expediente tiene 5 procesados: Lagomarsino, como partícipe necesario del presunto homicidio de Nisman por haberle entregado el arma, y cuatro custodios del exfiscal, por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
