El Procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy que es inconstitucional el artículo de la Constitutción de Formosa que permite la reelección indefinida del gobernador. En este caso, del peronista Gildo Insfrán, que está en el poder desde 1995, hace 29 años.
Ahora la Corte Suprema de Justicia está en condiciones de dictar un fallo acerca de la constitucionalidad de esa norma, ya que concluyeron los trámites previos a que el máximo tribunal dicte su pronunciamiento.
Insfrán, de 73 años, previendo un fallo negativo de la Corte, llamó a una reforma constitucional en su provincia para contrarrestar el impacto político de una decisión en su contra.
Los dictamenes de la Procuración, que actúa en el proceso como el representante de la sociedad, son opiniones no vinculantes para el máximo tribunal.
“Cabe concluir que el sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional y que las provincias se han obligado a respetar implica la limitación del poder”, escribió Casal, y dijo que “las múltiples reelecciones sucesivas -potencialmente indefinidas- conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”.
Por eso, el funcionario señaló que el artículo 132° de la Constitución de Formosa, que admite la reelección indefinida, “se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional”.
Casal analizó si el artículo 132 de la Constitución de Formosa, al consagrar la posibilidad de reelección indefinida para el gobernador y el vicegobernador, es compatible con la forma republicana de Gobierno que las provincias deben garantizar en su organización institucional, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional.
Explicó que, según la jurisprudencia de la Corte, la vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad de los cargos de Gobierno, pero que, cuando del Poder Ejecutivo se trata, esa no es la única característica esencial, pues la falta de alternancia afecta significativamente la separación de poderes y la existencia de un sistema abierto en el que los ciudadanos puedan competir en el acceso a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad.
Casal citó al juez de la Corte Carlos Rosenkrantz cuando escribió: “Tanto quienes fueron parte decisiva de la organización constitucional argentina en su período fundacional como quienes participaron en su reforma más significativa hasta el día de hoy tuvieron una clara preocupación por limitar la concentración del poder y evitar la posibilidad de la perpetuación en su ejercicio mediante reelecciones sucesivas múltiples”
Casal fundamentó de que el Poder Ejecutivo es diferente del Legislativo y del Judicial, en cuanto a la posibilidad de que los jueces son vitalicios, en que el del gobernador y vicegobernador son cargos de carácter unipersonal.
A modo de ejemplo señaló que varios mandatos consecutivos amplían las posibilidades de nombrar o incidir en la integración de otros poderes públicos, o de aquellos órganos encargados de controlarlos.
Concluyó que el sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional, y que las provincias se han obligado a respetar, implica la limitación del poder.
El peronista Insfrán es gobernador desde 1995. En las últimas elecciones de 2023 obtuvo más del 70% de los votos. Su éxito en la provincia es una combinación del Estado omnipresente en el empleo público, reglas del juego electoral que le permiten inundar el cuarto oscuro con casi 70 boletas colectoras que llevan su candidatura y prácticas de clientelismo político.
Contra la sucesión indefinida de reelecciones, la oposición presentó varias demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las que plantea que la carta magna provincial es inconstitucional porque impide la alternancia en el poder.
El proyecto de ley que mandó Insfrán a la Legislatura el 22 de octubre pasado, en caso de ser aprobado, lo que se descuenta dado la mayoría del oficialismo en la Legislatura, le da un plazo de 12 meses a la Convención Constituyente para convocarse y un período de 60 días para alumbrar una nueva Constitución provincial.
Las demandas ante la Justicia fueron presentadas por el senador nacional Francisco Paoltroni (Alianza La Libertad Avanza), el diputado nacional Fernando Carbajal (UCR) y la legisladora provincial Gabriela Neme (Nuevo País).
La Corte Suprema de Justicia no se pronunció el año pasado sobre estos casos, pero si avanzó este año con la tramitación de las demandas. Sin embargo, ahora activó las causas y la resolución es inminente.
El proceso iniciado constituye una acción declarativa de inconstitucionalidad contra las normas provinciales que permiten la reelección indefinida del gobernador. La Corte ya se pronunció en el pasado interpretando constituciones locales: limitó las reelecciones de los gobernadores de San Juan, Tucumán, Río Negro y La Rioja.
Insfrán, que lleva 29 años al frente de la provincia, fue reelegido el año pasado y tiene mandato hasta 2027.
