La causa judicial que pone en aprietos al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, registró avances la última semana, con procedimientos en los que la Justicia recopiló información sobre una empresa que brinda servicios tecnológicos a las concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por los que cobra un 8,5% más IVA de cada tarifa. La investigación apunta a constatar si esa firma tiene alguna vinculación con el dirigente massista del distrito de Pilar que lidera la cartera de Transporte en el gobierno de Axel Kicillof.
En procedimientos realizados el martes en la sede del Ministerio de Transporte, en un domicilio de la empresa sin actividad y en un estudio contable, la fiscalía de La Plata que conduce Álvaro Garganta obtuvo documentación que le permitió avanzar en el tramo de la VTV de la investigación (que tiene otra pata vinculada a una trama de “gestores” que ofrecían anular fotomultas a cambio del pago de un porcentaje de la infracción). En paralelo, se desarrolla otra causa judicial en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay, por el presunto delito de lavado de activos.
La información recopilada (ofertas y expedientes de adjudicación, entre otros datos) es sobre la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que preside Sebastián Desio. Se trata de una firma que celebró contratos para brindar “innovaciones tecnológicas para la gestión del servicio” con cuatro concesionarias de la VTV, que tienen a cargo 10 de las 16 áreas de concesión (por 10 años).
Los servicios a prestar por la empresa investigada son el software de gestión (toma y asignación de turnos, cobros, interacción con usuarios, estadísticas y monitoreo); la integración de sistemas y plataformas tecnológicas; el “testing”; capacitación; soporte y mantenimiento; infraestructura y “hosting”; gestión de cobranzas y elaboración de informes. Por ese paquete, la empresa cobra el 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado por cada verificación.
Para los investigadores, la empresa en cuestión carece de capacidad operativa para cubrir los servicios que figuran en el contrato, solo se la contrata para dar turnos y no tiene asiento físico.
La sospecha en la investigación que se sigue en los tribunales platenses es que la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA cobraba ese 8,5% más IVA como una “coima encubierta”, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION. La verificación en la categoría más económica de automóviles (hasta los 2500 kilos de peso) cuesta $53.819,26. La firma se lleva, por cada verificación solo en esa categoría, $4574,63 más IVA.
Según consta en el proyecto de presupuesto 2025, por la VTV el gobierno de Kicillof prevé recaudar el año próximo $30.794.965.000. Los concesionarios pagan un canon a la administración provincial que va entre el 5% y el 16% (por lo que el gobierno bonaerense se queda con entre $2690 y $8661 de cada verificación, solo en la categoría menor de automóviles).
La Justicia busca avanzar en la posible vinculación de la firma con D’Onofrio; por ahora, suma “indicios” sobre ese vínculo. Uno de ellos sería la propiedad de un edificio utilizado por el ministerio en la Calle 6, en La Plata, que habría sido de Desio (y del que se habría desprendido al conformar Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica sociedad).
Los contratos investigados entre la firma de Desio y las concesionarias fueron celebrados en mayo de 2023, siete meses antes de la resolución del Ministerio de Transporte que confirmó las adjudicaciones (de enero de 2024). El abogado de Desio, Marcelo Peña, afirmó a LA NACION: “La denuncia contiene muchas vertientes, lo cual trasluce internas y reproches políticos que en nada dificultan ni alteran la imagen, ni menos aún la calidad empresarial del señor Desio. Por ello, nos pusimos a disposición del doctor Álvaro Garganta para colaborar en lo sucesivo con la respectiva investigación”.
Cerca de D’Onofrio, en cambio, consideraron que los operativos resultaron favorables para el ministro. “No hubo un allanamiento [en el ministerio]. Se cumplió con un pedido de información. Se brindó toda la información que pidió el fiscal y más también. Con todo eso, quedó claro que la denuncia era solo una ficción y que el proceso fue 100% transparente”, dijo a LA NACION una fuente del ministerio bonaerense.
En un sentido similar a lo ocurrido en el tramo de la VTV de la investigación, en el entorno del ministro sostuvieron que una reciente pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre la porción del caso vinculada a las fotomultas los beneficia. “La pericia salió sin ninguna anomalía”, indicaron. En la Justicia, consideraron que el estudio pericial no tiene valor incriminatorio sino estadístico, y que marca que un juzgado de faltas de La Plata había tomado unas 700.000 multas. Se refiere el del juez Mario Quattrochi, investigado también junto a D’Onofrio y a Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y dirigente de confianza del ministro de Transporte bonaerense.
La causa se inició con la denuncia de un particular por una trama de “gestores” que contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y prometían darla de baja del sistema. A esa denuncia se sumó como particular damnificada la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, que había experimentado una merma considerable en su recaudación mensual por las infracciones.
