En medio del cruce de mensajes entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia, la Corte Suprema reflotó esta semana antecedentes que siembran dudas acerca de si efectivamente les tomará juramento a Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como nuevos jueces del máximo tribunal, si es que el presidente Javier Milei los nombra por decreto en comisión por un año. Y envió señales de su interés en opinar sobre el futuro del máximo tribunal, en vez de solo presenciar la negociación.
En el Gobierno descreen de la posibilidad de que la Corte Suprema no les tome juramento a los magistrados y argumentan que tanto el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como el juez Carlos Rosenkrantz son personas “razonables” y evitarían un escándalo institucional.
En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.
En el Gobierno sostienen que esta suerte de resistencia que se esboza en la Corte Suprema es parte de los mensajes que se intercambian en este juego en el que nadie muestra completamente las cartas y, por las dudas, cantan retruco. “Si la Corte no les toma juramento, se los va a tomar Milei, que está decidido a que ambos jueces lleguen; porque a esta altura es una cuestión personal”, dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno.
Actualmente la situación es la siguiente: el pliego de Ariel Lijo ya cuenta con 9 firmas y podría llevar a ser elevado para su votación en el Senado, donde aún no están asegurados los dos tercios. Cristina Kirchner habilitó la firma de la senadora Lucía Corpacci como un mensaje para acelerar un acuerdo, pero en el Gobierno creen que fue una forma de condicionarlo. Hay desconfianza mutua: los libertarios no confían en los peronistas y al revés.
Ambas partes exploraron la opción de avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto para ampliar la Corte, no a 15, ni a 9 jueces, sino a 7, como una escala en la negociación, mientras se votan los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado. No alcanzó. Nadie confía en nadie. Las conversaciones siguen y los kirchneristas desfilan ante Santiago Caputo. Entre los interlocutores aparecen Juan Martín Mena, Wado de Pedro y hasta a Oscar Parrilli.
El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. Y está demorando el pliego de Lijo, porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrar a Lijo y García-Mansilla para tener en 2025 una Corte Suprema con 5 jueces.
Ante este escenario, la Corte recordó antecedentes: exhumó un comunicado del Centro de Información Judicial del 16 de diciembre del 2015 cuando Mauricio Macri nominó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y el juez Ricardo Lorenzetti presidía el tribunal. En ese comunicado, la Corte defendió su posibilidad de opinar sobre las designaciones y sostuvo que no solo “balconea”, como hace ahora.
Además señala que las incorporaciones no deberían hacerse durante la feria judicial, que el los candidatos debían pasar por el Senado y que el máximo tribunal tenía un rol en el tema, junto a los otros poderes del Estado
Estos asuntos, dice el parte de prensa de ese momento, “fueron motivo de consenso en una reunión que se ha realizado en el día de hoy entre el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”.
El texto de diciembre de 2015 parece sugerir que la Corte busca ahora una acercamiento con el Gobierno como entonces. Pero en la Corte aclaran que de ninguna manera, que la selección de candidatos para el máximo tribunal es un asunto de la política y del presidente MIlei y que en estos 8 meses ni se metió en este proceso, ni realizó ningún comentario.
La toma del juramento a Lijo y García-Mansilla, aún nombrados por decreto, no es un asunto menor, ya que debe ser resuelta por mayoría por la Corte. Y se suma la complejidad de que Lijo es juez, y para asumir en la debería renunciar a su condición o pedirle licencia a la propia Corte, para integrarla, lo que suena muy raro.
“Hoy el asunto está trabado: los senadores de Unión por la Patria firmaron un acta donde dicen que van a buscar remover a los jueces nombrados por decreto y la Corte, que amenaza con no tomarles juramento”, analiza un encumbrado camarista de Comodoro Py.
No se sabe si Lijo aceptaría que lo designen por decreto, pero al parecer si. Garcia Mansilla estaría dispuesto, al punto que cuando algún abogado constitucionalista habla en los medios de la facultad presidencial para hacerlo le acerca un artículo de un colega, amigo suyo de la Universidad Austral, que recuerda cuando Juan Perón y Arturo Frondizi usaron este mecanismo.
La relación del Gobierno con la Corte está determinada por los vínculos personales que tanto el presidente Milei, como el ministro de Justicia Cúneo Libarona, su viceministro Sebastián Amerio (que ejecuta las políticas de Santiago Caputo) han construido con los jueces, considerando ademas el enfrentamiento de Lorenzetti con el resto.
Así Milei desconfía de Horacio Rosatti, al punto que no se reunieron.
Milei lo escuchó en la campaña electoral hablar contra la dolarización y repetir una consigna de campaña de Sergio Massa y bastó para que le hiciera la cruz. Sí hubo una reunión con Luis Toto Caputo y el ministro Cuneo Libarona, por asuntos de plata para el tribunal.
Por contraste creció en su consideración la figura de Lorenzetti que en aquel momento se acercó con ideas sobre la independencia judicial, la división de poderes y otra media docena de puntos. Esa idea se consolidó cuando le propuso el pliego de Ariel Lijo y de otro candidato mas, bochado por Caputo y Cúneo Libarona.
Con Carlos Rosenkrantz en cambio se reunió y entendió de su seriedad y vocación por sacar sentencias sin tener ingerencia en las decisiones de la política. Así están las cosas, el vínculo entre la Corte y el Gobierno lo llevan Amerio, Cúneo Libarona, con Toto Caputo y con Guillermo Francos, como jefe de gabinete.
Juan Carlos Maqueda, ya de salida porque cumple 75 años el 29 de diciembre, esta firmando las últimas sentencias donde se conforman mayorías con sus colegas. Estas cuatro semanas, de acá a fin de año, serán de máxima productividad en la Corte: el anteúltimo acuerdo firmaron casi 600 fallos, y el último mas de 300.
La otra deuda pendiente en ese escenario es la elevación al Senado de las ternas de los 150 jueces que el Gobierno prometió enviar para cubrir la mitad de las vacantes de la justicia. La pelota la tiene el Poder Ejecutivo porque los concursos ya terminaron y ahí están los candidatos. El presidente debe elegir uno de cada terna.
Hace tres semanas el vocero Manuel Adorni y el viceministro Amerio prometieron el envío de los nombres en una conferencia de prensa. Pero nada pasó. Hoy en el gobierno afirman que son parte de este ajedrez donde todo se negocia con mutua desconfianza: los pliegos de al Corte, los pliegos de los jueces inferiores y otros asuntos de los que se encarga la política en el Congreso como ficha limpia, la desaparición de las PASO y o la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.
