A través de un pronunciamiento del Equipo No a la Trata, creado hace diez años en el Episcopado e integrado por representantes de distintas organizaciones, la Iglesia expresó su “profunda preocupación” por la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas. Se trata de una fuente de recursos creada por ley en 2019, fruto de un amplio consenso, y eliminado por decreto por el presidente Javier Milei. El Gobierno tomó la decisión al dejar sin efecto varios fondos fiduciarios.
El Fondo de Asistencia administraba los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, así como de lavado de activos. Lo recaudado se destinaba a reparar los daños causados a las víctimas.
“No insumía dinero del erario público, sino que se formaba con activos provenientes del delito que debía administrar el Estado”, señaló la entidad en la declaración.
Amparado en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el gobierno de Javier Milei anunció el martes último la disolución de cinco fondos fiduciarios, por lo que a lo largo del año ya fueron eliminados nueve fideicomisos
La medida se tomó mediante el decreto 1048/2024 y en un documento oficial se argumenta que en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata se encontraron “irregularidades en la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva”.
Los otros cuatro fideicomisos eliminados son el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Programa de Inversiones Estratégicas y el Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero (Proicsa).
Fuentes cercanas al organismo del Episcopado indicaron que no se dieron a conocer en detalle las observaciones del informe de la Sigen.
Los recursos
El comunicado del Equipo No a la Trata señala que en un trabajo reciente, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) detectó que entre 2019 y 2022 se dictaron 107 condenas judiciales, de las cuales en 27 de ellas (25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas.
“Alcanzaron a 168 víctimas por un total de $70,8 millones y US$16.141, además del equivalente a 192 salarios mínimos y tres vehículos afectados a los mismos fines”, se explicó en la declaración.
El organismo del Episcopado funciona dentro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. En el comunicado advierte que “la constitución del fondo destinado a reparar a las víctimas había puesto a la Argentina en la vanguardia de la lucha contra este grave delito, que afecta principalmente la libertad y la dignidad humana.
“La disolución es un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar. Lo único que se produce “con estas medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas”, concluyó la declaración.
El Equipo No a la Trata se constituyó en agosto de 2013 y está integrado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, la Acción Católica Argentina, la Red Kawsay, la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), Vínculos en Red, la Liga de Madres de Familia, la Fundación La Alameda, la Asociación Argentina de Cultura, Mujeres Bautistas, y referentes políticos y académicos que trabajan la temática.
La posición de la Iglesia en favor de la prevención y la lucha contra el flagelo de la trata es impulsada con firmeza por el papa Francisco, que la asimila a la esclavitud. En la encíclica Fratelli tutti, de octubre de 2020, denunció que “todavía existen millones de personas -niños hombres y mujeres de todas las edades privados de su libertad”.
