El expresidente Alberto Fernández pidió que se declare “la nulidad absoluta” de su llamado a indagatoria en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros de parte de organismos públicos durante su gobierno. Está citado a declarar este miércoles.
El escrito de su abogada defensora, Mariana Barbitta, dice: “Vengo a plantear la nulidad absoluta del decreto de fecha 1° de noviembre de 2024 en cuanto dispuso la convocatoria del señor Fernández a efectos de recibírsele declaración indagatoria; todo ello, en tanto (…) dicha convocatoria carece de fundamentos que la motiven y, por tanto, resulta violatoria de las garantías constitucionales que se derivan de los principios de legalidad, culpabilidad, congruencia y, fundamentalmente, se traduce en un avasallamiento del inalienable derecho de defensa (garantías que se encuentran consagradas constitucional y convencionalmente)”.
El 1° de noviembre pasado, el juez federal Julián Ercolini afirmó que existía en la causa “mérito suficiente” para convocar al expresidente a que se defendiera de los cargos en su contra y lo citó a indagatoria. La principal acusación contra él y sus supuestos cómplices consiste en haber direccionado la contratación de intermediarios -muchas veces, innecesarios- de seguros que reparticiones públicas tenían que tomar con Nación Seguros S.A. El expresidente está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
Originalmente estaba previsto que la indagatoria fuera la semana pasada, pero a pedido del fiscal del caso, Carlos Rívolo, la citación se postergó para este miércoles.
Fernández y sus coimputados están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A”.
De acuerdo con Ercolini, “una parte” de los acusados “con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A, como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
“La maniobra -afirmó el juez- habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, (…) habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros.”
Según Ercolini, gran parte de esas contrataciones “fuera necesario o no”, contaron “con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios”, pese a que en muchos casos “no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.
Esos intermediarios, advirtió el juez, cobraron importantes comisiones de Nación Seguros S.A. gracias a que los designaron las respectivas reparticiones públicas, “a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados” y “sin que existan procesos de selección alguno”.
Según el juez, un decreto de Fernández del 2 de diciembre de 2021 incrementó “notablemente” esas intermediaciones, porque si bien ya se recurría a ellas antes del decreto, esta norma “impulso formalmente la modalidad”. Ese decreto tuvo como objetivo declarado convertir a Nación Seguros en la aseguradora oficial. Pero con esta centralización se logró lo que Ercolini definió como el “objetivo final” de la maniobra: el cobro de las comisiones indebidas. El juez destacó que había una versión previa del decreto -que no fue la que se firmó- que establecía límites que después desaparecieron.
El juez estimó que tres productores (Héctor Martínez Sosa, Oscar Alberto Castello y Pablo Torres García) se hicieron del 87% de las comisiones pagadas ($3.364.522.944); en algunos casos en forma directa y en otros, a través de brokers y empresas vinculados a ellos.
