Tras la huelga de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) a inicios de noviembre, la que ocasionó algunas dificultades para los pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez, alguno actores políticos han planteado la privatización de la entidad estatal.
Ahora, se han materializado esos deseos: El congresista Wilson Soto, del grupo parlamentario Acción Popular, ha publica un proyecto de ley que declara la necesidad de privatizar Corpac.
“Se declara de necesidad pública e interés nacional la privatización total de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. CORPAC S.A., para contar con un servicio eficiente que brinde seguridad a los usuarios y operadores de los aeropuertos a nivel nacional”, señala.
¿Corpac podría ser privatizada?
Lejos de plantear una propuesta para mejorar los servicios de Corpac o de regular la corporación, Acción Popular propone que esta pase de frente a manos privadas. Sin embargo, esta propuesta no plantea un marco para hacer un cambio, ni tampoco propone que se haga esta modificación de pleno. Tan solo señala que se declare como necesidad pública y de interés nacional esta privatización de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
Asimismo, el proyecto de ley sí propone que el Gobierno establezca un marco regulatorio para garantizar el servicio correcto de la entidad, además, de que se impulse esta privatización.
“Se dispone que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público — Ositran, propongan un marco regulatorio que permita garantizar un óptimo servicio de transporte aéreo en beneficio de los usuarios, de los prestadores del servicio aéreo y del Estado”, acota, además, el texto del proyecto.
¿Cómo sería la privatización de Corpac?
Según la parte expositiva del proyecto, las huelgas y paralizaciones recurrentes de los trabajadores de Corpac han perjudicado a miles de usuarios, generando pérdidas económicas y afectando la reputación del país. Por eso, esta privatización permitiría que el sistema aeroportuario funcione con estándares de calidad que eviten estas situaciones, reforzando la confianza en el transporte aéreo peruano, según señala la iniciativa.
“El proceso de privatización podría requerir una etapa de transición administrativa para la transferencia de funciones, estos costos serian menores en comparación con los beneficios a largo plazo. Se deberá establecer un marco contractual adecuado, incluyendo regulaciones específicas para garantizar la calidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios”, aclara la propuesta.
Del mismo modo, ante este escenario, Soto propone que el Estado asuma el rol de regulador (a través de Osaran), lo que implicaría fortalecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de los términos de la concesión por parte de los operadores privados. “La privatización atraerá inversión privada que permitirá modernizar la infraestructura aeroportuaria y optimizar los servicios de navegación aérea, sin necesidad de utilizar recursos públicos”, sugiere.
La propuesta afirma que los operadores privados estarán incentivados a gestionar los servicios con mayor eficiencia, reduciendo costos operativos y ofreciendo tarifas más competitivas, lo que contribuiría al turismo y comercio —”la mejora en la calidad y confiabilidad de los servicios impulsará el turismo y fortalecerá el comercio, impactando positivamente en el crecimiento económico nacional”—.
Soto asegura que “los pasajeros disfrutarán de un servicio más eficiente, con menores demoras y cancelaciones, y un entorno aeroportuario más seguro y cómodo. La privatización mitigará el riesgo de huelgas y paralizaciones, ya que la gestión privada tiende a implementar mecanismos de negociación y conciliación más dinámicos. Una mejor experiencia para turistas y empresarios fortalecerá la imagen del Perú como un destino confiable y atractivo, mejorando la percepción del país en el ámbito global”.
