Otro revés judicial para el Ministerio de Capital Humano desnudó la falsedad de los argumentos de su titular, la ministra Sandra Pettovello, para justificar el recorte de políticas alimentarias.
A contramano de la denuncia de la funcionaria, el juez federal Daniel Rafecas decidió archivar por inexistencia de delito, la causa por el supuesto direccionamiento durante el gobierno anterior de la compra de 12 millones de paquetes de yerba de 1kilo, que la cartera decía –además– que estaba en mal estado, no apta para ser consumida por humanos. desde la subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano aseveraron a la Justicia que solo restaba distribuir el 14 por ciento de las seis mil toneladas de alimentos del Estado que estaban vencidos o por vencer, en Villa Martelli y Tafí Viejo.
En la investigación judicial intervino el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y se sumó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que analizaron muestras. “Ambos concluyeron que los productos correspondientes a las firmas «Sierras del Imán» y «El buen ojo»”, que habían sido cuestionados, son aptos para el consumo de conformidad con los parámetros establecidos por el Código de Alimentos, quedando descartado el potencial peligro o daño para la salud”, dice la sentencia judicial.
También avala la evaluación del proceso licitatorio y de calidad que había hecho la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que tenía convenio con el exministerio de Desarrollo Social mientras que el Instituto de la Yerba Mate no había recibido ni una sola denuncia sobre el tema.
Este argumento del presunto direccionamiento en la compra y el supuesto mal estado del producto había sido empleado por el Gobierno para arremeter contra exfuncionarios y organizaciones sociales que daban de comer en merenderos y comedores populares.
En el caso de la yerba mate, sobre la que se expidió el juez Rafecas, junto a la ministra Pettovello, también hizo afirmaciones (ahora refutadas por el fallo) la exsubsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, ahora lanzada a la carrera política mileísta.
La denuncia fue presentada el 3 de junio último, a modo de contraataque, unos días después de que saliera a la luz la imagen más palpable de la política de hambre: las 5000 toneladas de alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Este hecho llevó a otro magistrado, Sebastián Casanello, a dictar una medida cautelar que le ordenaba al gobierno elaborar un plan de distribución de lo que tenía guardado, entre otras cosas, leche en polvo a punto de vencer. La causa se había iniciado cuando el dirigente Juan Grabois denunció la interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.
Pero este no es el primer revés judicial contra Capital Huano. El juez federal Ariel Lijo archivó el mes pasado una de las primeras presentaciones judiciales de Pettovello-Gianni donde se cuestionaba a la exsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por supuestos “desembolsos sin control” y desvíos de fondos destinados a Espacios de primera infancia.
El fiscal Franco Picardi advirtió que la denuncia consistía en “un confuso copy & paste” de un informe viejo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que contenía simples observaciones administrativas sobre rendiciones de cuentas, que incluso habían sido subsanadas.
La propia Sigen había dado cuenta de esas mejoras, pero esta parte la omitieron. Presentaron el material como si fueran “gestiones, auditorías e investigaciones” propias. Cuando la fiscalía le pidió a Gianni ese material, no entregó nada. Picardi y Lijo concluyeron que no había ningún delito para juzgar.
