Si algo faltaba para complicar aún más el ya de por sí complejo trámite de los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, el rumor no desmentido por Javier Milei de que el Poder Ejecutivo podría nombrar por decreto a los dos postulantes cayó muy mal en gran parte de los bloques del Senado, en particular en el sector kirchnerista de la bancada de Unión por la Patria.
Con la piel sensible por las malas noticias que acumuló durante la semana en la que la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la posibilidad de que Milei eluda la debida aprobación del Congreso para designar a sus candidatos en el máximo tribunal de Justicia no hizo más que endurecer la negativa de los legisladores que responden al Instituto Patria a darle luz verde a Lijo y García-Mansilla.
Se entiende el malestar kirchnerista. Si los pliegos se encuentran estancados en la Comisión de Acuerdos desde fines de agosto es porque el Gobierno se viene negando a aceptar las presiones del principal bloque de oposición en la Cámara alta, que exige designar a una mujer de lealtad irreprochable al peronismo en la Corte Suprema a cambio de sumar su apoyo para que, al menos uno de los dos postulantes, puedan alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes que exige la Constitución para darle acuerdo a un juez supremo.
Pero la versión del nombramiento por decreto suma un obstáculo más a la negociación política, ya que el kirchnerismo hizo punta a la hora de criticar a Mauricio Macri cuando siguió ese camino en diciembre de 2015 con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“Es una decisión propia de un dictador”, sentenció en aquel entonces la diputada Juliana Di Tullio (Buenos Aires), hoy miembro conspicuo de la conducción de la bancada de Unión por la Patria de la Cámara alta. De hecho, la senadora bonaerense se encargó de traer el recuerdo de aquel incidente durante las audiencias públicas en las que Lijo y García-Mansilla defendieron sus nominaciones ante la Comisión de Acuerdos.
Repasar las versiones taquigráficas de esas audiencias cobra hoy una relevancia distinta a la luz de los rumores que el propio Gobierno se encargó de lanzar al ruedo y que Milei no se preocupó por desmentir cuando, en un reportaje radial, le preguntaron en dos oportunidades si desmentía la veracidad de esas versiones.
En su presentación del pasado 28 de agosto, García-Mansilla fue obligado por el kirchnerismo -Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti lo apestillaron sobre el punto en dos oportunidades distintas- a dar una definición sobre la decisión adoptada por Macri a poco de haber asumido la presidencia de la Nación.
La definición de García-Mansilla
La respuesta del abogado y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral fue reveladora. “Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero dependiendo del contexto en el que se tomen pueden generar una afectación. Por eso, la respuesta es que no aceptaría una designación en comisión”, replicó García-Mansilla.
En otras palabras, el postulante a reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que debería abandonar la Corte el próximo 29 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, dijo con absoluta claridad que no está dispuesto a jurar como miembro del máximo tribunal si su designación se produjera por decreto y no por el proceso establecido por la Constitución.
Una semana antes, Lijo tuvo la suerte de que nadie le preguntara en su audiencia pública sobre la designación de jueces en la Corte por decreto del Poder Ejecutivo. Eran otros tiempos, todavía en ese momento el juez federal era, según el rumor que nadie desmentía, el candidato que el Gobierno había elegido para convencer al kirchnerismo de votar a los dos postulantes y los senadores de Unión por la Patria no fueron tan incisivos como lo serían siete días después con García-Mansilla.
El rechazo a una eventual designación por decreto de jueces en la Corte también encontró eco en el radicalismo, aunque en un sector de la bancada del centenario partido, sobre todo aquellos que tienen lazos con gobernadores de sus provincias, prefirieron guardar silencio y no anticipar opinión. “Es algo que no corresponde, que no está previsto en la Constitución, pero no me sorprende la actitud que pueda tener el Presidente, que hace caso omiso a la Constitución”, afirmó Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) ante la consulta de este diario.
El legislador, que fue de los pocos radicales que había anticipado su rechazo a la nominación de Lijo, le pidió a Milei que reflexione y que evite cometer el mismo error del líder de Pro. “Espero que respete la institucionalidad, así como Macri nombró jueces por decreto, fue cuestionado y tuvo que revertirlo, espero que aprenda de ese error que cometió Macri, ya que tanto se junta a comer asado con él, y no haga lo mismo”, remató Blanco.
En el Pro también primó el silencio, aunque el rumor no hizo más que sumar inquietud e incertidumbre en la bancada que preside Luis Juez (Córdoba). “Se llevan puestas las instituciones; no sería la señal de fortaleza institucional que está requiriendo un cuerpo como la Corte”, opinó un legislador de la escudería amarilla ante la consulta sobre el eventual uso de un decreto para designar jueces en el máximo tribunal del país.
El problema es más grave para Pro, que quedaría atrapado en una encrucijada entre la decisión del expresidente de rechazar el pliego de Lijo y su ejemplo de hace nueve años, cuando abrió el camino que hoy quiere seguir Milei. “Me encantaría saber qué va a hacer, qué va a decir Macri si designan a los jueces por decreto”, se preguntó un senador, deseoso de ver cómo se las arreglaría el exjefe del Estado para salir de este atolladero.
