La Policía Bonaerense detuvo este jueves a un brasileño en La Plata y el individuo, Gusmao de Oliveira, figura en la lista de buscados por la justicia de Brasil por el asalto de los bolsonaristas a los tres poderes el 8 de enero de 2023. El pedido de extradición está a cargo del juez federal Daniel Rafecas que debe resolver la situación: Gusmao de Oliveira fue condenado a 17 años de prisión, el fallo está firme, por los delitos de intento de golpe de Estado, daño calificado, deterioro de activos, asociación criminal armada y abolición violenta del Estado democrático de derecho. En la Argentina, hay más de mil bolsonaristas en situaciones parecidas y la detención provocó una auténtica conmoción entre esos prófugos y también en Brasil. Hay trascendidos de que Javier Milei no quiere agravar la relación con Lula y por eso no habría interferencia, pero al mismo tiempo está la versión de que, de una manera u otra, el gobierno ayudaría a los bolsonaristas.
La Bonaerense no detuvo a De Oliveira por ningún delito. El parte dice que lo vieron en actitud sospechosa en La Plata y, cuando averiguaron, apareció el dato de que tenía un pedido de captura por el asalto de los seguidores de Jair Bolsonaro en Brasilia. Es muy posible que De Oliveira esté en la lista de 140 brasileños cuya detención fue pedida el 10 de junio por la justicia del país vecino.
Los abogados de los bolsonaristas sostienen que la ley sobre refugio establece que no se puede expulsar ni devolver ni extraditar a quien inició el procedimiento de pedir refugio en la Argentina. Eso se tramita en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y casi todos los bolsonaristas ya iniciaron el proceso. Es más, a la mayoría ya los recibieron en una primera audiencia de admisión. Sin embargo, la ley no impide la detención preventiva y, en rigor, la norma establece que no se puede extraditar si se percibe que el individuo corre peligro de vida o de que lo torturen en el país que lo reclama. No es el caso: no hay antecedentes ni razones para que se señale que existen esos peligros en Brasil.
De todas maneras, el proceso puede llegar a ser muy largo: lo que decida Rafecas puede ser apelado y estos casos terminan en la Corte Suprema a menos que el brasileño acceda a la extradición, algo difícil teniendo en cuenta que está condenado a 17 años de prisión. La última palabra en materia de extradiciones siempre la tiene el Poder Ejecutivo y no parece muy posible que Milei los termine mandando. Es posible que la estrategia sea demorar y demorar el proceso.
Por los trascendidos, la fiscalía dictaminó que De Oliveira debe quedar preso porque la pena en Brasil está firme y fue dictada por la Corte Suprema. En base a ese dictamen, el magistrado deberá resolver, aunque los abogados tendrán que pedir la excarcelación. La cuestión de la extradición es mucho más larga: requerirá el envío del expediente de la Corte Suprema brasileña.
Milei viajará a Brasil este mismo fin de semana para participar de la cumbre del G-20, que se desarrollará en Río de Janeiro, en la que Lula será el anfitrión. Seguramente el Ejecutivo argentino no querrá hacer ningún gesto antes de ese compromiso: significaría empeorar la ya difícil relación con el gobierno de Brasilia. De manera que De Oliveira continuará preso y es muy probable que gran parte de los bolsonaristas presenten un pedido de habeas corpus, ante el temor de ser detenidos.
