Trabajadores del Ministerio de Justicia denuncian “amenazas” y “hostigamiento” para aceptar retiros voluntarios

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NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 14: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, durante la conferencia de prensa de este mediodía en Casa Rosada. Foto NA: JUAN VARGAS
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El Ministerio de Justicia, por medio de la resolución 331, presentó un plan de retiro voluntario que podría dejar a 2600 trabajadores en la calle. Los empleados denuncian que la medida es extorsiva y que reciben “amenazas” y “hostigamiento” para aceptar las condiciones que propone el Ejecutivo nacional.

La delegada pro gremial de ATE y trabajadora de la Dirección Nacional de los Registros Seccional Automotores, Victoria Laurido, explicó los detalles de la resolución y contó que el próximo martes a las 10 convocan a una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Justicia (Sarmiento 329, CABA). “Lo que están buscando claramente desde que llegaron el 10 de diciembre es vaciar todas las políticas públicas”, declaró Laurido.

La resolución 331 afecta al mayor empleador del Ministerio de Justicia, un ente de cooperación técnica-financiera, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), que por convenio con el Estado —establecido hace 40 años— es quien administra los fondos del sistema registral del país y paga los sueldos de los trabajadores de la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Según fueron notificados, ACARA dejaría de cumplir esa función el 31 de diciembre próximo.

 

En la órbita del Ministerio de Justicia hay varias dependencias. Una de ellas es la Dirección Nacional de los Registros Seccional Automotores, en la que hay en total 600 trabajadores, de los cuales 400 fueron contratados por ACARA. “Somos trabajadores del Estado contratados por convenio por ACARA”, resumió la delegada progremial de ATE en Escuchá Página|12y explicó que en el Registro de Propiedad del Automotor, donde trabaja, están de paro desde el 25 de octubre.

La comunicación indica que algunos trabajadores, los que fueran considerados imprescindibles, serían contratados mediante el artículo 9, un convenio que es temporal y con salarios más bajos. Por esta razón, exigen que el Ministerio de Justicia establezca claramente y por escrito la decisión que tomaron. “Nos hemos reunido con ACARA como sindicato y no están anoticiados de esto. Esto está generando angustia, preocupación y compañeros que tienen 15, 20, 30 años de antigüedad porque además el retiro voluntario que plantean es en 18 o 16 cuotas“, reveló Laurido.