La abogada representante de la querella mayoritaria en la causa por el hundimiento del ARA San Juan, Valeria Carreras, habló en el séptimo aniversario de la desaparición de los 44 tripulantes argentinos sobre el avance de la causa y la búsqueda de justicia de los familiares.
“Muchas veces tenés una sensación de impotencia y desgano tremenda, abrumadora. Sin embargo, los familiares tienen la fortaleza de haber enlazado el dolor y el amor, y a partir de ahí tener un motor, que es el que me impulsa. Yo siempre digo que voy al frente sola por ellos, pero si no los tuviera sería imposible”, contó Carreras .
Este viernes fue un día de satisfacción para la abogada: “Ganamos una batalla”, dijo. El Gobierno había previsto hacer un homenaje a los tripulantes fuera de la base, fuera del “escenario natural” de una ceremonia que conmemora las 44 vidas argentinas que se perdieron, sin protocolo de la Armada y sin las autoridades. Un aparente reconocimiento al que Carreras tituló como “operación olvido”, que comprende al Ejecutivo nacional, al Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. “Es un destrato y una invisibilización muy fuerte”, condenó la abogada, quien finalmente logró que mudaran el homenaje a la base de la Armada en Mar del Plata a través de un petitorio de los familiares.
Además, la convocatoria invitaba a participar a la comunidad “a los siete años en homenaje a la tripulación” en lugar de “por los siete años de la desparición” del submarino. “Agarrás a alguien distraído y no sabe por qué es el homenaje”, cuestionó Carreras, en comunicación con Gustavo Campana.
Y sentenció: “Lo que no se dice con palabras, lo que no se pone en el tapete, se empieza a olvidar y el olvido es el socio de la impunidad“.
La abogada querellante insiste con que se cuente la historia completa: que el submarino desapareció a cargo de dos misiones -la de patrullar la pesca ilegal y tareas de inteligencia sobre las naves o aeronaves provenientes o con destino a Malvinas-, que luego se encubrió el hecho y se maltrató a los parientes de los tripulantes, que se le mintió a la población argentina y que además se hizo espionaje a los familiares. “Esto fue reconocido por Comodoro Py. Dicen: ‘Hubo espionaje, pero legal’. Justificado en que las representadas —todas mujeres— revestían peligro para la seguridad de Mauricio Macri y/o la seguridad interior“, recordó Carreras.
La causa tiene cuatro procesados: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Esto fue considerado por la jurista como un paso firme porque, aseguró, quedó probado que el responsable fue el Estado y que las autoridades de la Armada fueron sus ejecutores. “Logré que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia haga lugar al pedido de la querella, que se investigue la responsabilidad penal de Macri, (Oscar) Aguad y el jefe de la Armada, Marcelo Srur. En eso estamos”, detalló.
Si bien la causa avanza lentamente, reconoce Carreras, destacó que no se archivó ni se sobreseyó, como sucedió con la investigación por el espionaje a familiares. “Los jueces son los falcon verdes de la democracia, si molestás te hacen desaparecer vía una causa o sentencia. Pero acá estamos, firmes”, concluyó.
