POSADAS (enviada especial).- Los misioneros se las rebuscan para nombrarlo sin decir su nombre, por lo que Carlos Rovira tiene muchos apodos. Algunos, como “comandante” o “driver”, lo halagan -algo que disfruta-, mientras que otros, según quienes lo han presenciado, logran enardecerlo, especialmente cuando hacen referencia a su estatura. Su apellido queda, en las conversaciones, tan en las sombras como su ejercicio del poder en los últimos 17 años, momento en el que dejó su cargo de gobernador, luego de dos mandatos, y comenzó a digital los destinos de la política de la tierra colorada como legislador raso. Rovira mantiene intacta, desde hace casi tres décadas, la hegemonía del partido que él fundó. El Frente Renovador de la Concordia, o la “Renovación”, institucionaliza un poder que es indiscutidamente unipersonal.

Rovira siempre trabajó en el sector público. Su vida se divide en dos partes: pre y post Ramón Puerta, su hoy enemigo, expadre político” y su otrora jefe. Un dato curioso es que ambas familias son oriundas de Apóstoles, uno de los pueblos más pintorescos de Misiones, al sur de Posadas. Los Puerta siempre estuvieron vinculados a la producción agropecuaria de la provincia, desde tabaco y madera, hasta la yerba. El padre de Rovira habría sido conductor de camiones de una de sus empresas y fue él quien pidió, como favor, que su hijo recién recibido de ingeniero comenzara a trabajar con ellos.

Fue así como se acercó al entorno de Puerta, de quien fue secretario durante su paso por la Cámara de Diputados, en 1987. Algunos presentes lo recuerdan como el “che pibe” que, con inteligencia, tejió rápidamente su ascenso al círculo más íntimo de la emblemática familia. Con la vuelta de su referente a la gobernación, ocupó su primer cargo público y el que marcaría su foco en las próximas tres décadas: la obra pública.

Con su paso por la presidencia de la Dirección de Vialidad nació la distinción que haría con su entonces jefe político. Él concentró su poder sobre la construcción, los sectores de la salud, droguerías, el rubro financiero y, recientemente, la “innovación”, distinguiéndose de Puerta que calaba profundo entre los colonos y el sector del agro. Luego de Vialidad fue intendente de Posadas y fue ungido sucesor para la gobernación en 1999, cuando Puerta volvió al Senado. Años después, con el fervor de la elección de Néstor Kirchner y el cansancio social contra “todos”, entre los que estaba quien había tenido un breve paso por la presidencia en las semanas fatídicas de diciembre de 2001, ocurrió el “parricidio político”. Lanzó su partido y le ganó a Puerta, que fue con el Partido Justicialista en 1999.

Capitalizó el sentimiento anticasta y fundó el Frente Renovador. 20 años atrás, encaró dos características de los dos candidatos a presidente de la última elección. “Nosotros nos vamos a quedar muchos años. Acordate lo que te digo. El resto son todos pavos reales, nunca se van a poner de acuerdo”, rememora, como palabras de Rovira, un viejo colaborador de él. De carácter sereno, con esporádicos ataques de ira, intolerancia a la deslealtad y cálculo de ingeniero químico, lo logró y se quedó.

Misiones es una provincia en la que gran parte del sector privado está bajo control o tiene asociación con el poder público. Entre las constructoras más importantes, y con mayor cantidad de trabajos hechos con fondos de la gobernación, está Spotorno SA, la empresa de Nelson Spotorno, padre de Rosanna, esposa de Rovira. No es la única que se llevan tajadas de las contrataciones directas o licitaciones sospechadas de amañamiento: Borcom, de Christian Borkowski, cercano al poder, y Carlos E Enriquez SA son otras de las favoritas.

La obra pública ha llevado a escándalos como el procesamiento y detención de Óscar Thomas, quien estuvo prófugo en la causa de los cuadernos de las coimas y manejó la Entidad Binacional Yacyretá, una de las grandes cajas de la provincia. Desde allí comandó los trabajos para la obra más emblemática de la capital: la costanera posadeña, llena de restaurantes y edificios modernos recién terminados, aunque todos vacíos. Muy pocos tienen viviendas ocupadas, pero la construcción privada sigue avanzando, aun con mínima demanda. La pública también, pese al freno de la misma en todo el país. Se reactivó hace unos cuatro meses, cuando Rovira negoció con el gobierno por la Ley Bases. El aval político misionero en el Congreso es clave, particularmente en el Senado, donde el oficialismo necesita los votos de la Renovación para el pliego del juez Ariel Lijo.

Petrovalle, una de las principales empresas de combustible, es de Maurice Closs, exgobernador y el único renovador que trató de disputarle el poder a Rovira en las últimas décadas. Le provee nafta a las fuerzas provinciales. Ramón Alfonzo, cercano al líder, pasó de tener una pequeña farmacia en Posadas a ser el principal proveedor de insumos médicos para el Parque de la Salud, donde la provincia concentra la mayor parte de la atención a los misioneros, a tal punto que los municipios organizan combis que los llevan a atenderse periódicamente. Cuando LA NACION visitó el sitio, aguardaban transfers de San José y Jardín América. Se trata de una manzana en la que, progresivamente, se instalaron todos los principales servicios médicos posibles como hospital de agudos, de niños, estudios, y consultorios externos. Los turnos se proveen a través de una aplicación que funciona exclusivamente para los misioneros, llamada Alegra Med, provista por una empresa homónima, propiedad de Augusto Marini, amigo del hijo mayor de Rovira, Ramiro.

Estos son algunos de los viejos negocios que circulan hace años alrededor de Rovira y la provincia. En los últimos años se sumó un nuevo grupo de emprendimientos. El denominador común entre ellos es la vinculación con el sector público y extraordinario nivel de vida de los dueños de las empresas. El líder renovador encontró en la innovación un lema de campaña nuevo y avanzó en la instalación de impulsos de modernización, como el “Silicon”, en referencia a Sillicon Valley, el epicentro de las nuevas tecnologías en San Francisco, Estados Unidos, ahora versión mesopotámica. LA NACION fue a visitarlo y se encontró con un secretismo poco habitual. El personal del edificio se mostró preocupado por la presencia de la prensa e insistió en comunicarse con autoridades de la provincia para que éstas a su vez consultaran por qué estábamos allí. Pese a que no se expresó intención de ingresar, tan solo verlo desde afuera, guardias de seguridad se aproximaron e insistieron repetidas veces en anotar datos personales. Fuera del acceso hacían cola unas 20 personas, que aguardaban a ser convocados para pasar por una máquina de lectura de iris a cambio de entre $60.000 y $70.000.

Entre esos nuevos emprendimientos hay dos jovenes empresarios en particular, Augusto Marini y Joaquín Basanta, amigos de Ramiro Rovira, que tuvieron un exponencial crecimiento de capital a la vez que profundizaron sus lazos con la familia política misionera. Marini, también viejo conocido de Facundo Moyano, con Alegra Med y Basanta, con Agro Sustentable, empezaron a proveer servicios médicos y bioinsumos en la provincia. En paralelo, evidenciaron un estilo de vida fastuoso, con compras de Ferraris, propiedades alquiladas por miles de dólares, uso de aviones privados y helicópteros, fiestas por US$200.000, gastos por miles de millones en tarjeta de crédito, viajes a Miami y Paris, entre otras actividades.

Una calle cerrada

Rovira vive en una mansión amurallada sobre una manzana entera de cerca de 20.000 metros cuadrados en la vera del río. La propiedad, en las tres calles que la rodean (una de las cuales, la Av. Jauretche, fue cerrada para impedir el paso de transeúntes en cercanías al domicilio y para tener una amarra privada) está cercada con portones verdes de más de tres metros. Del lado del Paraná se construyó un mural de altura similar. La custodia una garita, integrada al perímetro, y policías de civil que descansan en el poco movimiento usual. Dentro hay un lago, un parquizado de abundantes árboles y pileta.

Sus hijos, sin embargo, ya dejaron la vivienda. Ramiro, el más grande, vive en un exclusivo duplex en uno de los edificios más altos de la capital y Miranda en Paris, donde tiene un negocio en la Rue du Faubourg Saint-Honoré.

En Misiones las internas se aplastan igual de rápido de lo que desaparecen sospechas incómodas para el poder. Hace dos años ocurrió un hecho que tensó particularmente a la cúpula renovadora. En el aeropuerto de Iguazú, de salida de la Argentina a Brasil, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana detectaron que un viajero de un avión privado llevaba miles de dólares pegados al cuerpo. Al revisar la aeronave, un Pilatus, se encontraron con que el cockpit de los pilotos, a simple vista, desbordaba de billetes. Contaron US$500.000, no declarados. Se detuvo a los dos pilotos y al único pasajero, un abogado llamado Arthur Freitas Rasmussen, de la empresa Rosecon, la constructora de lujosos edificios en la ciudad de Camboriú, Brasil, usual balneario de algunos políticos posadeños. Hasta ahora, no más que un caso de contrabando de divisas. Lo extraño es lo que pasó en el proceso.

La investigación, que tuvo a su cargo el juez Miguel Ángel Guerrero, del juzgado federal de Eldorado, llevó a pedir el llamado como testigo a Ramón Alfonzo, de los empresarios más cercanos a la Renovación, a un empleado de él y a un funcionario de la provincia porque descubrieron que, unos días antes, el imputado y ellos ingresaron todos juntos a la Argentina en auto. Después de ese pedido, la causa se estancó por completo. Los imputados, que no podían explicar el origen de los US$500.000, otorgaron a la cuenta de jerarquización de la AFIP, la que habilita sueldos millonarios, US$150.000 para reparar el daño y la Cámara Federal de Posadas ordenó que el juzgado de primera instancia no investigue más. Hasta ese punto muerto, se habían detectado posibles vínculos de la empresa con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil, activa en la Argentina, particularmente en la Triple Frontera.

“Misiones se convirtió en una provincia con lógica brasileña del sur”, dice un viejo conocedor de la Renovación. Las fronteras son tan permeables que LA NACION fue desde Ituzaingó, Corrientes, hasta Ciudad del Este, Paraguay, pasando por Foz de Iguazú, Brasil, sin que le revisen una camioneta con caja tapada por una lona negra ni una sola vez. El único chequeo de documentación fue al pasaporte, en la salida de la Argentina, sin pedir papeles del auto ni controlar si había otras personas detrás. En el camino de la ruta 12, la que cruza todo el territorio del lado del río Paraná, no hay pueblo de cercanía a la frontera en el contrabando y el tráfico de drogas no sea parte de la economía, con vínculos usuales con la política local, con intendentes que reciben a paraguayos con DNI argentinos apócrifos en momentos electorales, para que vayan a las urnas a votar por ellos, o funcionarios municipales que tienen puertos clandestinos en sus casas a la vera del río.

El control político

El poder de Rovira en la provincia se explica con varios factores, una persona y un eje de control clave. A las férreas relaciones con los empresarios locales y un círculo cercano pequeño, quienes se reúnen los fines de semana en una pequeña isla sobre el rio Paraná, se le suma la ley de lemas, el control sobre 76 de los 78 municipios de la provincia, políticos que denuncian persecución al mostrar oposición, opositores que no logran acordar un líder, un empleo público creciente y un brazo ejecutor de los arreglos partidarios y la relación con los medios.

Raúl Castaño, la mano derecha de Rovira, de profesión contador, es un personaje clave en el entramado político. Es quien maneja la compañía Multimedios, que tiene canal 12, el más importante de la provincia. Es él el que organiza las listas para las elecciones y habla con las cámaras empresariales y también quien se encarga de hacer gestión de crisis. Su labor fue especialmente importante durante las protestas salariales de principios de este año: la de maestros, que incluyó con una manifestación en la puerta de la casa de Rovira, y la de policías, que terminó con nueve agentes presos por sedición. Las familias reclaman por su liberación y consideran que la prisión preventiva que les dictaron es una represalia.

El eje de control clave, en el que coinciden decenas de personas de distintos puntos de la provincia con los que LA NACION habló es el esquema de favores y “carpetas” que consideran que tiene el rovirismo sobre todos los personajes de la política, justicia, medios y sector privado misionero.

Sin embargo, los misioneros critican en susurro por dos motivos. El primero: pueblo chico, infierno grande. En la sala de estar de una pequeña casa de una localidad a una hora al norte de Posadas estaba este medio, realizando una entrevista, cuando ingresó a la casa un muchacho de unos 25 años. Sentadas en el sillón, brindando información, cuatro mujeres. Al notar la presencia del chico, que estaba lavando el mate, tres miraron a una de ellas, que abrió los ojos y se llevó el dedo a la boca. Al unísono, doblegaron la conversación para parecer que se trataba de una discusión sobre el tiempo de viaje de Buenos Aires a Misiones. “Es tipo espía de la intendente”, explicó una de ellas cuando el señor salió de la casa. “Todos acá tienen algún contratito, reciben algunos mangos del gobierno. Hasta el peluquero. Si saben que hablamos mal del gobierno, te lo cortan”, añadió. La adoración a la personalidad de Rovira y a lo que “ha hecho por nosotros” es repetida entre los funcionarios, de acuerdo a chats que vio este medio. “Todo se lo debemos a él”, dicen.

El segundo es la “ley mordaza”, aprobada hace poco más de un mes. Los artículos 6° y 7° de la norma son lo suficientemente ambiguos que le dan poder a un fiscal de ciberdelitos a secuestrar en forma inmediata y sin mediar autorización de un juez ni denuncia previa, a cualquier persona que considere está realizando una “fake news” que injuria o incita a la violencia. En el último mes se detuvo en Misiones a tres influencers en redes sociales que hablaban mal del gobierno. Ellos son Quito, Cristian Cabral y Florencia Belén Aguirre, a quienes se los acusó de calumniar y a quienes difundieron que les habían encontrado elementos ilícitos en sus casas al allanarlos.